La Comisión de Presidencia, Transparencia y Buen Gobierno que se celebró este lunes en el Ayuntamiento de Toledo dio el visto bueno a la propuesta de aprobación inicial de la ordenanza municipal para la regulación de la actividad turística y convivencia ciudadana en la ciudad, que se debatirá y aprobará en el Pleno del próximo viernes, 25 de julio.
La nueva normativa impulsada por el Gobierno local de PP y Vox contó con el rechazo del PSOE tras rechazarse todas sus enmiendas y la abstención de IU-Podemos, que ha podido incorporar una de sus alegaciones al texto.
En concreto, el texto recogerá la perspectiva de personas con discapacidad intelectual como aquellas que presenten movilidad reducida, con el objetivo de promover un turismo inclusivo que incorpore señalética con pictogramas, y/o en Braille o código informáticos con información adaptada.
Aunque el resto de sus alegaciones han sido desestimadas, Izquierda Unida ha decidido abstenerse en la votación de la aprobación de esta ordenanza a la espera de la posición que adopte el equipo de Gobierno ante las posibles alegaciones que se presenten en el próximo proceso de participación y presentación de alegaciones.
Por su parte, el PSOE ha justificado su voto contrario al considerar que el texto está "mal planteado, improvisado y sin diálogo real con el sector", según ha trasladado la portavoz del grupo, Noelia de la Cruz, que afirma que "el concejal de Turismo ha tenido mucho tiempo, desde que se planteó eliminar el Patronato de Turismo de crear una Mesa por el turismo para abordar los problemas reales de la ciudad".
El PSOE también denuncia "la vigilancia exhaustiva que el equipo de gobierno quiere hacer de la ciudadanía, a través de numerosas cámaras por todo el Casco Histórico". "No sabemos si las cámaras que está instalando el alcalde por toda la ciudad son de seguridad, como decía Vox sabiendo que no era así, para controlar la ZBE (Zona de Bajas Emisiones) o para estudiar las afluencias turísticas", señala.
Así, pedirá intervenir en el Pleno de este mes para debatir este asunto y que el equipo de gobierno dé explicaciones de por qué ha rechazado todas sus enmiendas, incluidas las de "limitar a 30 personas el número de grupos turísticos" -en el resto de calles del Casco Histórico y no solo en las tres zonas que recoge el texto- y la de "no ser obligatorio el uso de pinganillos para grupos de hasta 30 personas, entre otras".
También quieren que el alcalde explique "por qué no pone nombre y apellidos a aquellas empresas, asociaciones y otros organismos relacionados con el sector turístico, y por qué se oponen a las medidas de control y transparencia que el grupo socialista ha propuesto en materia de la periodicidad de las reuniones del Consejo Local de Turismo y la realización de evaluaciones periódicas de la ordenanza según las necesidades que se vayan detectando".
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