La Ley de leyes 39 años después: hurgando en cubos de basura

Treinta y nueve años. Treinta y nueve años celebrando la Constitución: la Ley de leyes. La que supuestamente transformaría a España de ser una dictadura fascista, con un régimen político que había ido evolucionado del totalitarismo al autoritarismo, en donde el control del Estado, monopolizando el poder político, impedía a los ciudadanos participar en la toma de decisiones, teniendo como objetivo controlar la vida social a través de la pasividad de los ciudadanos; hacía un Estado Social de Derecho.

Un Estado Social que incluiría en el sistema de derechos fundamentales las libertades individuales, pero también la preocupación por la igualdad social, donde el Estado iría asumiendo un papel cada vez más activo en la sociedad civil, principalmente, para dar respuesta a dos pretensiones:

La primera sería a la Justicia Social, para hacer real la igualdad de oportunidades, que conllevaría la expansión progresiva de los servicios sociales: educación, asistencia médica, protección de la vejez, del desempleo, de los grupos más débiles; redistribución de la riqueza mediante una política fiscal; seguridad social y pensiones de jubilación.

La segunda era para responder a los problemas propios del sistema económico. La economía requiere una coordinación estatal para asegurar la eficacia y evitar las tendencias a la crisis. Exigen, entre otras medidas, una política de pleno empleo, la función directiva del consumo mediante la política fiscal, la creación de empresas públicas y el aumento del gasto público.

Este nuevo Estado trataría de asumir, como tarea propia, la protección de los derechos humanos de segunda generación, es decir, los derechos sociales, económicos y culturales. Por tanto, el modelo que se aspiraba alcanzar con la Constitución era un Estado Liberal que incluiría una preocupación por las cuestiones distributivas y la justicia social, con una economía mixta (privada y pública), una política liberal y un sector de bienestar social.

A pesar de ello, sabiendo que no se caminaba hacía la sociedad socialista a la que algunos aspiramos, pero ilusionados ante el gran avance que parecía iba a producirse, desde 1978, fuimos muchos los que celebramos el 6 de diciembre la aprobación de la Constitución Española, la Ley de Leyes. Fuimos muchos, durante mucho tiempo, los que pensábamos que esta constitución nos podía hacernos más iguales, más libres. Que podía hacer más justa la sociedad en la que vivíamos.

Con el paso de los años esa ilusión cayó, al igual que el velo que teníamos antes los ojos. Hemos podido comprobar que el esfuerzo y el sacrifico de los miles de compañeras y compañeros que nos precedieron para conquistar una ley que salvaguardará la igualdad de las personas sin mirar su procedencia social, y que garantizará un proyecto de vida digno, con independencia de quienes hubiera sido sus padres o de la suerte que hubieran tenido en la vida, se ha visto frustrado.

Después de 39 años, con una tasa de desempleo en España del 16,38 % según la Encuesta de Población Activa del III trimestre de 2017 (en Castilla-La Mancha es del 18,60 %, tan solo Andalucía, Extremadura y Canarias tiene más desempleo que nosotros), cuando un 27,90 % de la población se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social según el indicador AROPE de 2017 (en Castilla-La Mancha ese nivel de riesgo de pobreza y exclusión social se eleva al 37,90 €, detrás tan solo de Andalucía y Canarias), una tasa de abandono escolar temprano del 18,2 % según los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que sitúa a España en el segundo país de la Unión Europea en fracaso escolar entre los jóvenes de 18 y 24 años, sólo superada por Malta [19,6%] y muy por encima de la media europea [10,7%], según los datos de Eurostat (en Castilla-La Mancha el abandono escolar temprano es del 22,80 %, la cuarta de las Comunidades Autónomas, solo Islas Baleares, Andalucía y Murcia nos superan), con un trabajo míseramente retribuido que ha conseguido que existan por primera vez en la historia trabajadores pobres que obligan a nuestros jóvenes a buscarse la vida en otros países,  y con 51 mujeres, y 5 hijos e hijas de éstas, asesinadas durante 2017 víctimas de la violencia machista (en Castilla-La Mancha 5 mujeres, Seseña [2], Daimiel, Campo de Criptana y Caudete, y tres niños, Daimiel y Campo de Criptana[2]), tenemos ya poco que celebrar.

Después de 39 años, cuando hemos visto como el PP y el PSOE, en connivente complicidad han violado la Constitución para modificar el artículo 135, para en vez de garantizarnos el derecho a una vida digna, lo que hacen es priorizar el pago a los banqueros sobre los profesores, médicos, pensionistas, etc.

Por todo esto, NO, no tenemos nada que celebrar el 6 de diciembre. Desgraciadamente, no tenemos nada que celebrar. El PP y el PSOE, junto con los partidos nacionalistas como el PNV, el actual PDeCat (anterior Convergencia i Unio), y otros, han conseguido "emponzoñar" la Constitución hasta el punto que las trabajadoras y trabajadores, las clases populares en general no tengamos nada que celebrar.

Y con serenidad, pero también con contundencia, diremos que los que ahora celebran la Constitución son los artífices, y si no, los consentidores de las desigualdades que existen en nuestro país, donde los ingresos totales percibidos por el 20% de la población con rentas más altas son 6,6 veces mayor que la percibida por el 20% con rentas más bajas (este valor de 6,6 está solo superado por Rumania y Macedonia en la UE). Esos que celebran la Constitución han conseguido que el 10% más rico de la población obtengan, aproximadamente, la misma renta total que la mitad de la población de España.

No, Izquierda Unida de Castilla-La Mancha no asistirá a los actos para celebrar la Constitución. No iremos a escuchar palabras huecas para después, cuando salgamos a la calle, veamos como nuestros conciudadanos hurgan en los cubos de basura buscándose la vida.