El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, sigue empeñado en que el equipo de Gobierno de la ciudad intervenga en el mercado de la vivienda para generar una oferta que palíe las necesidades urgentes de quienes quieren una casa donde poder vivir.
Así pues, Fernández llevará al próximo pleno una moción por la que reclama que el equipo de Gobierno se ponga a trabajar en la elaboración de un plan administrativo y presupuestario dirigido a utilizar los casi 30 millones de euros que próximamente se ingresarán en las arcas municipales por los cargos a cuenta del Estado en el diseño de una política de vivienda dirigida a la rehabilitación de viviendas o construcción de promociones públicas.
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"Tenemos una oportunidad para ir abriendo el camino hacia la búsqueda de soluciones a uno de los problemas que más preocupan a la sociedad, la vivienda, y dejar pasar oportunidades es colaborar en acrecentar la crisis de vivienda", señala Fernández.
Explica el portavoz municipal de IU que a principios de junio, concretamente el día 2, se publicó el Real Decreto-ley 13/2026, por el que se adoptan las medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial. Este RDL reconoce al Ayuntamiento de Toledo unos ingresos a cuenta de 29.950.000 euros que pueden ser utilizados a política social o vivienda.
Es más, detalla Txema Fernández que el artículo 5 de dicho RDL estipula que estos ingresos a cuenta, que pasarán a formar parte del superávit del Ayuntamiento, pueden utilizarse "para financiar el gasto de inversión en el grupo de programas 152. Vivienda".
Dicho programa viene definido en la Orden del Ministerio de Hacienda 3565/2008, de 3 de diciembre, y recoge que las entidades locales pueden hacer uso de su superávit en materia de vivienda y urbanismo así como financiar gastos referentes a la construcción, mejora y conservación de viviendas o los gastos derivados de fomento de la promoción pública de viviendas.
Así las cosas, el portavoz municipal de IU considera estos casi 30 millones una oportunidad para que el Gobierno local cumpla con una de sus responsabilidades como es la de responder a las necesidades sociales de la ciudadanía.
Pero advierte en su moción que las viviendas que se promuevan con estos fondos han de ser cien por cien públicas y sus precios deberán quedar fijados por el Ayuntamiento sin que la cuantía que se exija como pago para ser habitada de forma no estación supere el 30% de los ingresos de la unidad familiar.
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