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El portavoz municipal de Izquierda Unida-Podemos, Txema Fernández, ha reclamado paralizar el contrato que se ha licitado, con carácter urgente, para adjudicar el servicio de Ayuda a Domicilio en la ciudad de Toledo.
El edil rechaza "una nueva privatización" de este servicio "tan sensible, tan necesario e imprescindible desde el punto de vista social debería ser prestado de forma directa por el Ayuntamiento", proponiendo para ello un encargo a la EMVS, ha indicado en nota de prensa.
Así, ha hecho un repaso del pliego en el que a su parecer se evidencian que las prioridades van a ir dirigidas "al beneficio económico de la empresa" y "no a la mejora del servicio y de las condiciones laborales de las trabajadoras".
Y es que, según ha detallado Fernández, el pliego de condiciones incrementa en 10 puntos el peso de la oferta económica en relación al anterior contrato. "Es un pliego más mercantil que social", denuncia el concejal de IU tras concretar que mientras en el año 2022 la puntuación de la oferta económica era de 55 sobre 100 ahora es de 65 puntos.
Por el contrario, apunta que las características técnicas de la oferta pasan de 45 puntos del anterior contrato a los 35 en los que se valoran ahora. "Si en el año 2022 y hasta el año 2025 se ha prestado este servicio con un carácter eminentemente mercantil, en el que no importan ni la plantilla de trabajadoras ni los usuarios de la prestación, imaginaos lo que va a suponer este año", ha advertido el concejal de IU.
En materia de salarios, advierte Fernández que el pliego valora dos magnitudes que revelan el beneficio económico para la empresa como son el pago por horas -así pagará el Ayuntamiento- y el pago por días -así abona los salarios la empresa-.
Reprocha las ganancias empresariales que calcula que tendrá la adjudicataria
Y expone que según el contrato la administración local pagará 24,91 euros la hora mientras que la empresa, a las ocho trabajadoras que tiene a jornada completa (39 horas semanales) les abona 38,85 al día. "En un cálculo simple, mientras el salario por convenio que recibirán es de algo más de 1.100 euros, el Ayuntamiento va a pagar a la concesionaria más de 3.800 euros", advierte.
"No sabemos si esto es un error en el pliego de condiciones o estas son las ganancias empresariales que va a tener una empresa que va a prestar el servicio social a las personas vulnerables de Toledo", ha matizado Fernández, a lo que ha añadido que el pliego no fija ninguna cláusula que mejore la calidad del servicio como que se sancione a la empresa por falta de diligencia en la sustitución de una baja laboral en un sector muy aquejado por enfermedades laborales.
Además, reprocha un "maremágnum" de tipos de horarios laborales y que esta licitación se presenta sin un diagnóstico en el que, entre otros parámetros, se concreten los usuarios que hay en este momento recibiendo esta prestación y los potenciales nuevos usuarios. "Pero es que tampoco se concretan las horas que la empresa adjudicataria ha de prestar y por tanto las trabajadoras de la plantilla tampoco saben cuántas horas van a trabajar al año".
"La plantilla va a perder condiciones laborales"
El nuevo adjudicatario de este contrato -que debería comenzar en julio con una duración de dos años y uno más de prórroga- ha de subrogar a 50 trabajadoras, 47 auxiliares de prestación y 3 de coordinación administrativa. Una plantilla, denuncia Txema Fernández, que "va a perder condiciones laborales".
En este sentido reprocha que se haya eliminado del contrato que cuando una persona no quiera o no pueda instalar EPIs en su domicilio para atender problemas de movilidad, la empresa apoye con dos trabajadoras. "Así, o el usuario se queda sin el servicio o dependerá del sobreesfuerzo de la trabajadora que se expondrá a riesgos de enfermedades músculo esqueléticas más acusadas".
Por último, critica Txema Fernández, se ha suprimido la obligación de presentar análisis y evaluación de calidad por parte de los usuarios hacia la empresa.