El pasado 27 de diciembre leía en prensa un artículo referente a la aprobación en Consejo de Gobierno de la toma en consideración del anteproyecto de la Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas, a partir de unas declaraciones conjuntas de José García Molina e Inmaculada Herranz a los medios.
Y tras leer por segunda vez el texto (por interés real hacia el tema, que no por la insana intención de "buscarle los tres pies al gato" ni al continente ni al contenido) comenzaron a aflorar en mí un sinfín de interrogantes.
El primero de ellos por la expresión de "hoy somos más iguales" que el vicepresidente segundo del Gobierno regional aseveraba celebrado ya el Consejo, puesto que el texto –continuaba en su disertación- posicionaba a Castilla-La Mancha a la altura de otras regiones de España y de Europa más avanzadas en protección social. Nadie a día de hoy pondría en cuestión la necesidad de poner en marcha, desde los poderes públicos, políticas y acciones en diversos ámbitos que aseguren la promoción de los derechos económicos, laborales, de protección de la salud, así como de ciertos niveles de ingresos, de sus ciudadanos, pero, y he aquí donde comienzan mis dudas razonables, la protección debe estar sustentada sobre un sistema sólido que dé respuestas de calado (y por tanto soluciones y no meros parches a corto plazo) y que sea una herramienta para conseguir un fin...y no el fin en sí mismo.
Tampoco encontré demasiado sentido al hecho de intentar posicionarnos junto a otras regiones españolas o europeas. Sí resulta incuestionable que las experiencias de éxito en materia social, pueden ser consideradas referentes, siempre y cuando las condiciones desde las que se parte sean, cuanto menos, similares. La sostenibilidad del sistema de bienestar es un tema a debate. No se pone, por tanto, el foco ni se cuestiona la necesidad de incrementar el gasto en política social, pero sí en hacerlo en condiciones de gestión más eficiente y de verdadero y continuado alcance para quien es el perceptor último.
Eché en falta en el contenido del artículo, y de cuyo anteproyecto consideraban sus autores "nuevo modelo de protección social", la incursión de un paradigma que incluya no sólo acciones, sino un cambio significativo en la forma de concebir la protección. Recurrir a la fórmula de la renta garantizada como derecho subjetivo, ni introduce nada que no hubiese anteriormente ya bajo el paraguas de otra designación/fórmula, ni desde luego, y siempre en mi humilde opinión, más lacerante, no "transforma" ni influye significativamente en la vida de las personas más allá del tiempo finito en el que se materializa la protección. Y la razón de ser de su concepción como "tiempo finito" es precisamente que sirva de trampolín para hacer factible el desarrollo de oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas, y no hacerles benefactores de una renta que cronifique su situación y desvirtúe su potencial real como sujetos individuales protagonistas de su devenir vital.
Tampoco entendí bien la referencia que se hacía al derecho de garantías complementarias una vez satisfechas las necesidades de las familias, que priorizaba el acceso a servicios públicos como la educación, la vivienda, el transporte y el acompañamiento para la inclusión social y laboral. ¿Aludía quizá a que además de la renta garantizada se garantizaba –valga la redundancia con permiso del lector- el acceso a otros servicios comunitarios con alguna suerte de prioridad sobre el resto de la ciudadanía en base, supongo-imagino-y así quiero creer, a criterios totalmente objetivos, cuantificables y objeto de control y seguimiento exhaustivos?
También me generó dudas, el amplísimo consenso del que se habla y se presume que se cuenta desde los colegios profesionales, las asociaciones de vecinos, organizaciones sociales y consejerías. ¿Desde ningún sector se cuestiona el calado real del modelo sobre las personas beneficiarias? ¿Y la necesidad previsible de financiación extra con respecto al sistema ya existente? ¿Y la estabilidad y sostenibilidad en el tiempo del "nuevo modelo de protección social"?
Por último, se hablaba del retorno económico para la región, tal y como indicaba en su Informe la Universidad de Castilla-La Mancha, cifrando en 1.000 nuevos empleos (¿se introducen las variables de calidad y ausencia de precariedad? ¿se prevé una mejora real de la empleabilidad de la población?); Aumento de la producción de 90 millones de euros (¿En concepto exactamente de qué?); Y un retorno positivo de 2,9 millones de euros (¿Hacía, quizá, referencia al aumento del poder adquisitivo de los perceptores de la protección temporal y por ello del aumento del consumo? Si la respuesta es afirmativa, mejoraría la calidad de vida con la misma frugalidad que se disfruta un espejismo en el vasto desierto).
Susana Hernández del Mazo, secretaria provincial de Programas y Áreas Sectoriales de Ciudadanos Toledo
