Eva Jiménez, exconcejala: "La subida del recibo del agua es consecuencia de un contrato nefasto del PP y la gestión del PSOE"

Eva Jiménez durante su etapa como concejala en un evento didáctico de Tagus

La revisión de la tarifa del agua en Toledo era como un secreto a voces que el pasado mes de septiembre se hizo oficial con un auto judicial favorable a la concesionaria de este servicio público -Tagus- que obliga a llevarla a cabo. Esta semana el Ayuntamiento ha concretado el incremento que tendrá el recibo a partir de enero de 2024 -4,4 euros al mes más-, aunque la previsión es que siga aumentando durante los próximos años.

Las noticias sobre el cumplimiento de este auto judicial, que tendría que haber realizado la anterior Corporación en base a un acuerdo de la Junta de Gobierno Local para el quinquenio 2020-2024, han estado marcadas por las acusaciones cruzadas entre PP y PSOE. "Me parece muy cínico que el PP diga que esto es cosa del anterior Gobierno y que el PSOE diga que no es cosa suya", apunta sobre estos reproches entre ambas formaciones Eva Jiménez, concejala de Servicios Públicos y Sostenibilidad con Ganemos en el Ayuntamiento de Toledo entre 2015 y 2019 y máster en Gestión Sostenible del Agua.

Jiménez es la única edil ajena a PSOE y PP que ha gestionado este servicio en el Consistorio desde que se adjudicó en el año 2006 a la actual empresa. Conoce el histórico y el expediente completo, con el pliego que se elaboró y las alegaciones que se realizaron al mismo y ha dado cuenta de todo este proceso en un detallado artículo de opinión esta semana en Toledodiario.es. "El problema comenzó 10 años antes de la llegada de Tagus, cuando se inició el proceso de privatización del agua en Toledo durante 1995-1996", apunta.

Este primer contrato, recuerda, se adjudicó a 'Aguas de Toledo' -Valoriza, del grupo Sacyr, y Pridesa- con la mayoría del PP y el voto en contra de la oposición (IU y PSOE) y con el enfrentamiento con las asociaciones vecinales, sociales, culturales y de consumidores de Toledo, pues consideraban que el servicio debía ser de gestión directa del Ayuntamiento. Presentaron un recurso por el escaso período de exposición pública que tuvo el pliego -8 días- que generó una sentencia que declaró nulo el contrato en septiembre de 2004. En junio de 2005, el Pleno fijó una indemnización a la empresa por importe total de 24.394.662,11 euros.

"En 2006, deprisa y corriendo, se hace tal desastre de pliego que todos los técnicos ponen el grito en el cielo. Dicen que la oferta es temeraria y que seguro que va a tener que haber un reequilibrio financiero para la empresa -lo que por ejemplo ahora se concreta en la subida del recibo del agua-", explica Jiménez, que recuerda que en aquel momento "el PP no atendió a los requerimientos de los técnicos y decidieron adjudicar el contrato a Tagus, con una oferta en la que daban 36 millones de canon y proporcionaban 105 millones en inversiones".

Eva Jiménez en la estación de bombeo del Polígono en su etapa de concejala

Previsiones de ingresos al alza

Y efectivamente, solo tres años después, en 2009, la empresa solicitó el primer reequilibrio económico ya que los ingresos que tenía no cumplían las expectativas fijadas en el contrato. "Que alguien se asombre ahora de que hay que subir el agua...", señala Jiménez, que precisa que el pliego hizo una previsión de una subida anual de los m3 facturados del 4 % (con un incremento similar en los abonados que suponían un aumento de población entre 150.000 y 200.000 habitantes en los 25 años de duración del contrato -hasta 2031-).

Sin embargo, las expectativas que se fijaron en ese contrato no se cumplieron. Incluso, Tagus sobreestimó los beneficios considerando que podrían incrementarse cada año un 6%, lo que le permitiría alcanzar la millonaria cifra de inversiones que propuso en su oferta y que años después, en 2014, el Gobierno de Emiliano García-Page redujo al 2% con el reequilibrio económico que se aprobó en Junta de Gobierno. En él también se redujo la inversión prevista de la empresa de los 105 a los 35,3 millones de euros, apunta Jiménez.

"Ese pliego estaba condenado a reequilibrarse a costa del Ayuntamiento y de sus ciudadanos y ciudadanas. Y aunque la mejor solución hubiera sido contratar a personal especializado en la gestión del agua y, directamente o a través de una empresa pública, mantener el servicio en el Ayuntamiento para no seguir subiendo la deuda, el PP con conocimiento y negligencia decidió hacer oídos sordos a las advertencias y seguir dando la patada para adelante siendo perfectamente consciente de que era hipotecar la concesión a los gobiernos futuros y que serían los ciudadanos y ciudadanas las que pagarían los costes", reflexiona la exconcejala.

Durante su etapa al frente de la gestión de este servicio, recuerda que en 2018 se incrementó ligeramente la tarifa para ir adecuándola al nivel que tenía que alcanzar. Sin embargo, entre 2019 y 2023 la factura no se volvió a subir y, en lugar de haber crecido exponencialmente en los últimos años ahora habrá usuarios que pagarán más de un 30% respecto a los recibos actuales.

Inversiones

"Lo que se nos pierde un poco con el rifirrafe es que en realidad la subida tarifaria no supone una mejora del servicio. No es porque se vayan a mejorar infraestructuras, es porque hay que garantizar la rentabilidad de una empresa. Esto es muy importante", destaca Jiménez, que señala que "la infraestructura" con la que se presta este servicio en Toledo es "muy antigua". "Intenté que se hiciera un plan director de todo el abastecimiento y saneamiento. Avanzamos en lo primero pero hacen falta más inversiones", agrega.

En este sentido, explica que la red en el Casco Histórico no está mallada, lo que significa que cuando se produce una avería, que se dan con mucha frecuencia en esta y otras zonas de la ciudad, hay que cortar "muchos tramos". "Mallar la red de toda la ciudad es un punto importante. También lo que es menos antiguo, como el Polígono, tiene el problema que es de fibrocemento y hay que pensar en cambiarlo", recalca.

Lo que tiene claro es que el agua "en algún momento subirá más". "Subirá por el acuerdo pero también por el cambio climático, por la sequía... el agua es un recurso cada vez menos accesible y va a ser más cara porque nos va a tocar pagar inversiones que no están contabilizadas en el recibo", advierte. No obstante, sí considera que sería recomendable "individualizar las lecturas" pues hay "muchos contadores de comunidad" todavía, para "penalizar a los que más gastan" y "regular un mínimo vital" de consumo de agua.

También cree que la tarifa podría estar mejor tramificada y apuesta por establecer un fondo de contingencia en el Consistorio para familias vulnerables que no pueden pagar el agua para que no se les corte. "Ahora mismo hay una especie de bolsa con personas que entran y salen, aunque primero pasan por Servicios Sociales, y también están las ayudas de emergencia", traslada Jiménez como opciones para garantizar el acceso a un derecho humano básico.