El Tribunal Superior de Justicia apunta que el número de fallecidos con coronavirus podría duplicar al de las cifras oficiales

El resto de provincias en la región

En Albacete se han expedido 786 licencias de enterramiento, 324 lo fueron para confirmados o sospechosos de estar contagiados, mientras que la cifra oficial al cierre de marzo se situaba en 148.

En Ciudad Real se licenciaron 1.163 entierros, 852 entre  sospechosos y confirmados con COVID-19, mientras que la cifra oficial de Sanidad fue de 218.

En el caso de Cuenca, hasta 308 personas han sido enterradas, 185 con posibilidad o confirmación de estar afectadas por COVID-19, ante la cifra ofrecida por Sanidad que fue de 64.

Y en Guadalajara hasta 222 fallecidos enterrados eran o confirmados o sospechosos de coronavirus de entre los 337 enterrados, pese a que Sanidad calculaba a 31 de marzo una cifra de 97.

Datos de licencias de enterramiento y su relación con el COVID-19 por provincias / Fuente: Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM)

También los mismos datos de las capitales de las cinco provincias de Castilla-La Mancha, indicando que la ciudad de Toledo hubo 371 licencias de enterramiento y se enterraron a 164 casos sospechosos o confirmado. No obstante, en este caso no se puede realizar una comparativa con los datos ofrecidos por Sanidad puesto que no precisan todavía las cifras de contagiados o fallecidos por coronavirus en municipios.

Datos de licencias de enterramiento y su relación con el COVID-19 por capitales de provincias / Fuente: Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM)

“Desproporcionado incremento en las licencias de enterramiento y defunciones”

La Presidencia del Tribunal Superior de Justicia en el ámbito de los Registros Civiles de Castilla-La Mancha realizó estas actuaciones e informaciones por su elevado interés público e informativo, con motivo de la situación originada por la pandemia.

Estas actuaciones se han desarrollado, por un lado, en el marco del Protocolo aprobado por el Consejo General del Poder Judicial para garantizar el correcto funcionamiento de los órganos judiciales durante el estado de alarma y sus servicios esenciales, entre los que figuran las actuaciones del Registro Civil, y por otro lado, en ejercicio de las funciones inspectoras que corresponden a la Presidencia sobre los Registros Civiles de Castilla-La Mancha.

Dichas actuaciones se iniciaron a raíz de las informaciones solicitadas para garantizar el correcto funcionamiento de los registros civiles, en las que se apreciaba un desproporcionado incremento del número de licencias de enterramiento y defunciones con las consiguientes dificultades en la gestión de los trámites para la inhumación de los cuerpos.

Dificultades en la gestión y en la consignación de las causas de las muertes

El Alto Tribunal también destaca que “desde un primer momento”, se pusieron de manifiesto “dificultades” para la gestión de las licencias e inscripciones de defunción por aumento significativo de la mortalidad y también para consignar las causas de la muerte en las certificaciones médicas, “en las que no siempre aparecía referenciada la infección por el virus”.

Y es que, señala el TSJCLM, muchas de las personas no fueron sometidas al test o analíticas “que acreditaran cumplidamente dicho contagio, si bien en muchos supuestos los indicios y síntomas de las patologías inmediatamente causantes de la muerte apuntaban a dicha infección como causa principal o determinante de la misma”.

Todas estas circunstancias llevaron a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia a solicitar información a los jueces encargados de los Registros Civiles de Castilla-La Mancha sobre las licencias de enterramiento expedidas.

La información la han facilitado todos los Registros Civiles de las cabeceras de Partidos Judiciales y una buena parte de las Agrupaciones y Juzgados de Paz.

En los informes se ha considerado como sospecha cuando así se ha recogido en la certificación médica o bien existen motivos para ello por concurrir procesos patológicos de tipo pulmonar compatibles, “máxime a la vista del incremento sustancial de licencias respecto a la media de años anteriores”, señala el Tribunal.

Con estos primeros datos en la mano, ya que se van a seguir recabando, la Presidencia del TSJCLM, se ha dirigido a los jueces encargados de los Registros Civiles para que, en lo sucesivo, “se vele por que se haga una identificación lo más precisa posible de la causa inicial o fundamental de la muerte en todos aquellos casos en los que aparezcan procesos patológicos o causas o intermedias que puedan considerarse compatibles o sospechosos con el coronavirus”

Y se insta a solicitar, si se considera necesario, un dictamen del médico forense del correspondiente Instituto de Medicina Legal, y a acudir, si fuera preciso,  al forense de guardia en el Partido Judicial.  También se ha pedido que auxilien en sus dudas a los Juzgados de Paz y personal de las Agrupaciones en este tipo de cometidos.

El Alto Tribunal considera “muy valiosos” los criterios médicos y el procedimiento a seguir para la emisión de los certificados que se han aportado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) con fecha 28 de marzo de 2020, y se ha pedido la colaboración de los Colegios Médicos de Castilla-La Mancha y del SESCAM para insistir en su aplicación.

Encomienda a los institutos de medicina legal y a los forenses

En el expediente gubernativo abierto por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha se encomienda a los Institutos de Medicina Legal de Albacete, Cuenca y Guadalajara, y de Ciudad Real y Toledo, y a los Médicos Forenses la colaboración necesaria con los Registros Civiles para que pueda quedar constatada la causa inicial o fundamental del fallecimiento en los supuestos de las defunciones ya inscritas desde el día 1 de marzo de 2020 en los que aparecieran sospechas o factores racionales de probabilidad de COVID 19.

El Gobierno de Castilla-La Mancha espera que se haga el mismo estudio “en toda España”

Fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha han señalado a eldiarioclm.es que esperan que el Consejo General del Poder Judicial “atienda” al requerimiento del Tribunal castellanomanchego “y se haga el mismo estudio en toda España”.

En cualquier caso, comentan las mismas fuentes, “todas las comunidades seguimos el mismo protocolo” e insisten en que la diferencia entre positivos confirmados y enterramientos “se produce en toda España”.

Además, desde la Junta castellanomanchega se muestran “convencidos de que se está haciendo un mayor número de test que la media, por lo que creemos que están aflorando en las estadísticas más casos y más fallecimientos confirmados por coronavirus que la media”.