El Ayuntamiento busca "un acuerdo amistoso" con el inquilino de las casitas bajas en el paseo de la Rosa
El Ayuntamiento de Toledo alcanzó un acuerdo con los propietarios para derribar estas casitas situadas frente al nuevo bulevar por un montante de 125.000 euros
Casitas bajas en el paseo de la Rosa / Foto: Toledodiario.es
El Ayuntamiento de Toledo está tratando de alcanzar "un acuerdo amistoso" con el inquilino que vive en las casitas bajas del paseo de la Rosa que quieren derribar para convertir este espacio en una explanada para pasear y así “recuperar un espacio para los toledanos”, según anunció la alcaldesa, Milagros Tolón, el pasado mes de septiembre.
Tras el anuncio que realizó la alcaldesa para comprobar el estado de las obras de la continuación del bulevar en esta vía toledana, ubicada en el barrio de Santa Bárbara y que se sitúa frente a estas casitas, el inquilino declaró a La Tribuna de Toledo que él no había alcanzado ningún acuerdo para abandonar la vivienda y que, en todo caso, tendría que ser la orden de un juez la que le obligara abandonar el inmueble en el que sigue residiendo.
En este sentido, a preguntas de los medios en rueda de prensa, la portavoz del Gobierno municipal, Noelia de la Cruz, indicó que los servicios jurídicos y sociales del Consistorio están tratando de encontrar una solución con la que el inquilino esté de acuerdo y poder proceder al derribo de las casitas, previsto en un principio para este mes de octubre aunque esta situación lo va "a dilatar un poco".
La portavoz, que descarta que el Ayuntamiento vaya a actuar "por las bravas", no quiso desvelar las conversaciones que están manteniendo con el inquilino para lograr un acuerdo que permita al hombre trasladarse a otra vivienda. "Esperamos que sea un acuerdo fructífero para ambas partes", destacó, al tiempo que recalcó que esta actuación es independiente de las obras que se están llevando a cabo en el bulevar, que ya está construido.
La alcaldesa señaló que habían alcanzado un acuerdo con los propietarios de estas viviendas, a quienes pagarían un montante de 125.000 euros. El inquilino, según trasladó a La Tribuna, lleva residiendo allí durante toda su vida y tendría un contrato de alquiler a nombre de su abuelo. Con la intención de evitar un desalojo que no se va a producir, puso el asunto en manos de un abogado, que ha solicitado medidas cautelarísimas para impedir el derribo.
