El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado su "satisfacción" ante la ratificación judicial por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de las medidas adoptadas en la Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Consejería de Sanidad por la que se aprueban medidas para los centros, servicios y establecimientos de servicios sociales en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
El Tribunal confirma que se trata de medidas que "están justificadas" y tienen como finalidad última salvaguardar el derecho a la salud y a la vida de personas especialmente vulnerables y que pueden considerarse "necesarias e idóneas "para hacer frente a esa situación de tasas ascendentes de contagios, valorando igualmente la escasa incidencia que tienen respecto a los derechos fundamentales afectados.