Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha en la actual legislatura / Foto: Carmen Toldos
En el balance del año 2020, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, resaltó que el Parlamento autonómico había tenido la actividad más prolífica de su historia pese a la pandemia de coronavirus. Según adelantó, se trata de una máxima que el Gobierno regional quiere mantener también en este año y en paralelo a todos los procesos de vacunación y a la lucha contra la COVID-19. Porque, además de decenas de decretos y propuestas pendientes, el Ejecutivo tiene por delante varias de las leyes más importantes de la legislatura actual de Emiliano García-Page, algunas de ellas con la inclusión de demandas históricas de varios colectivos de la comunidad autónoma.
Una de las más esperadas en la futura Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-La Mancha, que promueve la Consejería de Igualdad, y cuya reivindicación ha sido una constante en la región en la última década. Sus novedades más importantes serán la creación de un sistema de acogimiento residencial para personas LGTBI en situación de especial vulnerabilidad o exclusión por su condición sexual y la constitución de un servicio de atención integral de información, atención y asesoramiento sexológico, psicológico, legal, social y administrativo. También permitirá que los menores trans emancipados o mayores de 16 años reciban tratamiento hormonal.
Mediante esta normativa, la negativa a respetar la orientación sexual, la expresión de género, el desarrollo sexual o la identidad de género de menores por parte de las personas que tengan atribuida su patria potestad o tutela será considerada situación de riesgo. De igual forma, se adoptarán medidas de atención y ayuda a víctimas de la violencia en parejas en las que una persona integrante o ambas sean personas LGTBI. El borrador también recoge que se realizará un informe sobre la necesidad de implantación de un sistema de acogimiento temporal de personas LGTBI en situación de especial vulnerabilidad o de exclusión. En el plazo de dos años como máximo, desde la evaluación del informe, se pondrá en funcionamiento en las condiciones que establezca el mismo.
Foto: JCCM
En cuanto a las personas trans y personas con variaciones intersexuales o diferencias en el desarrollo sexual, el anteproyecto garantizará todos sus derechos “sin necesidad de tener que pasar por procedimientos patologizantes”. Por eso prohibirá las terapias y pseudoterapias de aversión, conversión y contracondicionamiento y las intervenciones médicas, psicológicas, psiquiátricas, religiosas o de otra índole destinadas a modificar la orientación sexual. El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) conformará una unidad especializada de atención multidisciplinar a personas trans bajo la coordinación de profesionales especialistas.
El agua: una ley con dos frentes históricos
Otra de las demandas históricas es la referente a la gestión del agua. Más de tres décadas llevan los sucesivos gobiernos regionales pidiendo el fin del trasvase Tajo-Segura y la mejora de las planificaciones hidrológicas. Y en este sentido ya pasó por trámite de información pública la futura Ley regional del Agua que tiene como objetivo modificar la vigente normativa, que data de 2002. Incluye dos cuestiones de gran importancia. La primera de ellas no la encontramos hasta las disposiciones adicionales, fuera del articulado, donde se hace referencia la “necesaria intervención” de la comunidad autónoma en las decisiones estatales sobre política hidráulica. Y es ahí donde se establece la posibilidad de intervenir en el Tajo-Segura. Establece así que Castilla-La Mancha emitirá un “informe preceptivo” para cualquier propuesta de transferencia de aguas “que afecte a los intereses” de la región, “en defensa de las competencias autonómicas.
Este documento deberá emitirse en el plazo máximo de 15 días a partir del momento en que la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha reciba del Gobierno central la documentación completa relativa a la transferencia que se proyecto llevar a cabo. En el caso del trasvase Tajo-Segura, sería el Ministerio para la Transición Ecológica, encargada de aprobar las derivaciones de agua, quien debería adelantar sus decisiones al Gobierno regional, reservándose así este último la capacidad para impedirlas.
Otro bloque de gran relevancia dentro de esta futura ley es que, bajo el paraguas de la Directiva Marco del Agua, el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto crear un canon medioambiental del agua con la finalidad de “minimizar o corregir” la afección al medio ambiente que la utilización de este recurso produce. Será un impuesto propio de la comunidad autónoma, gestionado por la Agencia regional del Agua, y su repercusión entre los usuarios se realizará en función del volumen de agua usada o consumida pero también de la contaminación real introducida en el medio hídrico.
La esperada nueva Ley del Juego y la necesaria Ley de Despoblación
Ha generado también mucha expectación en Castilla-La Mancha la futura Ley del Juego, cuyo debate a nivel estatal sigue encima de la mesa. De hecho, hace casi un año que el Gobierno de Castilla-La Mancha decidió suspender todas las nuevas licencias de locales y de juego y apuestas en la comunidad autónoma. Lo hizo de manera cautelar hasta no disponer de una nueva normativa autonómica específica que actualizara la actualmente vigente. Esta nueva normativa ya está lista en el borrador del anteproyecto de Ley del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha, donde destacan tanto la prohibición de la publicidad como los requisitos ubicación de los locales de juego, aunque en ambos casos con excepciones. Establece asimismo un nuevo régimen de sancionador, con multas de hasta 600.000 euros por infracciones graves, y permite que los municipios declaren “zona saturada de locales de juego” todo o parte de su término municipal.
Una de las medidas más significativas es el doble requisito de ubicación de los locales de juego. Por una parte, no podrá haber una distancia inferior de 150 metros entre locales de juego, para evitar la excesiva proliferación y concentración de los mismos. Y por otra parte, deberán guardar una distancia mínima de 300 metros respecto a los accesos principales de entrada o salida de centros oficiales de enseñanza reglada. Esto último busca garantizar la protección de los menores de edad, por la vía de evitar que la cercanía de dichos locales se convierta “en un reclamo que les induzca a realizar conductas de juego, o a considerar que estas actividades forman parte natural de su cotidianeidad”.
Foto: Europa Press
El bloque más extenso del anteproyecto de ley es el referido al régimen sancionador. De esta forma, se considerarán infracciones muy graves (con multas de 60.000 euros a 600.000 euros), entre otras, la organización de juegos y apuestas sin autorización; alterar los límites de las apuestas o premios autorizados reglamentariamente; ejercer coacción o intimidación sobre los jugadores o apostantes; manipular máquinas o elementos de juego en perjuicio de los jugadores; y permitir el acceso a los locales así como la práctica de juegos a personas que lo tengan prohibido;
La Ley de Despoblamiento, uno de los fenómenos que más afectan a Castilla-La Mancha, también está pendiente de aprobación, en paralelo a los trabajos que a este respecto ha realizado la comisión de estudio específica de las Cortes regionales. Más allá de las claves iniciales del proyecto legislativo ahora se vienen a concretar algunos de sus aspectos. Se le ha cambiado hasta el nombre: ahora es la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha.
Entre otras muchas cosas, la norma establece una clasificación de los tipos de zonas rurales de la región: las escasamente pobladas, las que están en riesgo de despoblación, las zonas rurales intermedias y las zonas rurales periurbanas. Asimismo, introduce lo que podríamos definir como ‘perspectiva de impacto demográfico’. Es decir, una vez aprobada la ley, los planes y actuaciones del Gobierno regional deberán incorporar “un informe sobre impacto demográfico, teniendo en cuenta la perspectiva de género, que analice los posibles efectos sobre las zonas rurales con problemas de despoblación y establezca medidas para adecuarla a la realidad del medio rural y para luchar frente a la despoblación”.
Ley SUMA y entrada en vigor de la nueva normativa de Bienestar Animal
Una de las normas legislativas que ya se encuentra en tramitación en las Cortes de Castilla-La Mancha es la denominada Ley de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas (SUMA), que busca establecer un nuevo modelo de urbanismo en la región a través de tres objetivos: una mayor dinamización de la economía a través de una simplificación y agilización de trámites, reactivar solares paralizados y conseguir una mayor oferta de viviendas asequibles para el conjunto de la población así como abordar el reto demográfico potenciando el desarrollo de nuestros pequeños municipios.
Esta ley se ha presentado con el consenso de PSOE y Ciudadanos bajo el paraguas de Pacto para la Reconstrucción firmado el pasado mes de junio entre los dos partidos y el Gobierno autonómico, entronca con Economía Circular y busca favorecer los objetivos de la Agenda 2030, según sus promotores.
Finalmente, es importante hacer referencia a la nueva Ley regional de Protección, Bienestar y Defensa de los Animales, que actualiza la vigente desde 1990. Se aprobó el pasado mes de agosto pero, debido a las dificultades derivadas de la pandemia, su entrada en vigor se retrasó seis meses, por lo que está previsto que pueda empezar a ejecutarse a partir del mes de marzo. Esta normativa multiplica por diez las multas por maltratar y matar animales domésticos, prohíbe los circos con animales salvajes y promueve el sacrificio ‘cero’, entre otras muchas innovaciones.
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