Las 24 antiguas viviendas de los peones camineros de Talavera de la Reina, en la calle Capitán Cortés, podrían tener un alquiler de hasta 750 euros al mes, según ha señalado Sumar, que cuestiona que una renta de este importe "pueda considerarse alquiler social".
La formación de izquierdas ha puesto el foco en el precio previsto para estos inmuebles dentro del proyecto de rehabilitación impulsado por la Junta de Castilla-La Mancha. La actuación contempla una inversión de 3,9 millones de euros, de los que alrededor de 1,1 millones proceden de fondos europeos, y se desarrolla mediante un modelo de colaboración público-privada.
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Las viviendas, que llevaban más de una década deshabitadas y presentan un importante deterioro, cuentan con unos 86,5 metros cuadrados construidos cada una. El proyecto prevé su rehabilitación integral para destinarlas al alquiler asequible. El modelo elegido por la Junta contempla poner a disposición del sector privado tanto el suelo como los inmuebles, además de conceder ayudas para la rehabilitación, mientras que la empresa adjudicataria se encarga de ejecutar las obras y gestionar posteriormente los alquileres.
Es precisamente este esquema el que cuestiona Sumar, que considera que el proyecto debería haber apostado por "mantener las viviendas dentro del parque público y destinarlas a alquiler social". La formación sostiene que una renta de hasta 750 euros mensuales se "alejaría" de ese objetivo y reclama que el precio de los alquileres se ajuste a los ingresos de las familias destinatarias.
El proyecto acumula años de espera
Las 24 viviendas fueron cedidas gratuitamente por la Junta al Ayuntamiento de Talavera en 2016 con el objetivo de destinarlas a personas y familias en situación de vulnerabilidad. Finalmente, la rehabilitación se planteó mediante el programa 6 de los fondos Next Generation, con una aportación estatal de unos 1,1 millones de euros sobre el presupuesto total de 3,9 millones.
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El debate se centra ahora en cuánto tendrán que pagar las familias que accedan a estas viviendas y en si la fórmula escogida permitirá ofrecer un alquiler realmente accesible en una ciudad donde, según los últimos datos publicados por la Junta, había 311 personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda para el alquiler.
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