El Gobierno municipal de Toledo ha asegurado que el Ayuntamiento defenderá los "intereses de los toledanos" ante todas las instancias judiciales, mientras sigue trabajando en un nuevo Plan de Ordenación Municipal, que será "más social, sostenible, cohesionado y participativo". Así lo aseguraron el portavoz municipal, José Pablo Sabrido y el concejal de Urbanismo, Teo García. García aseguró que se mantiene la hoja de ruta que se adoptó al conformarse el nuevo equipo de Gobierno, es decir, en un modelo ajustado a la "nueva realidad" de Toledo.
Ambos ediles aseguraron que se está buscando el "máximo consenso" a la hora de llevar a cabo el nuevo POM, gracias a reuniones, sesiones de trabajo y encuentros con agentes sociales y grupos políticos para discutir la información generada hasta ahora. Para esto, el Gobierno municipal ha establecido tres comisiones, una técnica, una interadministrativa y otra social, que abre la participación a "todos los colectivos".
Para la creación del nuevo Plan de Ordenación, el Gobierno municipal ha dividido la ciudad en tres zonas: Casco histórico, Santa Bárbara y Polígono y el ensanche norte. Se trata, según señalan los representantes municipales, de un Plan "realista" con la proyección de crecimiento poblacional de unos 110.000 habitantes. "Sin obras faraónicas", señaló García.
El Ayuntamiento de Toledo interpondrá un recurso contra la providencia del Tribunal Superior de Justicia que contradice la resolución del Tribunal Constitucional que emitió una sentencia a finales de 2015, por la cual declaraba legal el POM de Toledo. Dicho Plan se aprobó en el 2007, y se interpusieron diversos recursos que resultaron en siete sentencias tanto del Tribunal Superior de Justicia como del Tribunal Supremo, que iban en su contra. El Ayuntamiento se amparó ante el Tribunal Constitucional y una de las sentencias resultó favorecedora y anuló las sentencias de los otros tribunales.
En ese punto, el Tribunal Superior valoró, y así se lo hizo saber al Ayuntamiento, plantear una posible cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley Regional del Suelo, al entender con entra en conflicto con la Ley Estatal, asunto este que subyace en todos los procedimientos y que aún no se ha resuelto, y que daría lugar a un pleito referido al ordenamiento legal de Castilla-La Mancha, pero no al POM de Toledo, según afirma el Gobierno municipal.
El TSJ ordenó el pasado viernes levantar la suspensión de las sentencias pendientes que anulaban el Plan de Ordenación y que no se estaban ejecutando, a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional. El Gobierno local entiende que la ejecución de las sentencias del TSJ, que corresponde a la Junta de Comunidades, “podría dejar sin efecto las futuras sentencias y la sentencia que ya es firme del TC, lo que sería una incongruencia judicial”. Es por esto, aseguran, que se trata de un problema "meramente técnico".
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