"¿Cómo te van a desahuciar con un niño pequeño?". Es una de las frases que más ha escuchado en las últimas semanas y que muestra la incredulidad de su entorno a que la dura situación que está sufriendo tuviera el indeseado final. Sagrario (nombre ficticio) tiene 32 años y este miércoles ha sido desahuciada del piso en el que reside en Toledo junto a su hijo de 4 años, sin que haya podido encontrar una alternativa habitacional.
Con puntualidad, a la hora que el juez había fijado el desahucio -las 10.30-, se personaban en la puerta del edificio en el que reside en la avenida de Santa Bárbara, en el barrio toledano con el mismo nombre, agentes de la Policía Local, dos cerrajeros, el procurador y el representante de la propiedad del inmueble -la mercantil Nindaya Proyect-, así como el personal del juzgado para levantar acta del lanzamiento.
Sagrario ha entregado voluntariamente las llaves de la vivienda en la que lleva residiendo desde diciembre de 2023 y pagando mensualmente una renta de 500 euros que no ha recibido el propietario sino la presunta estafadora con la que firmó el (falso) contrato de alquiler, que aparentaba ser totalmente legal.

En una conversación con Toledodiario.es, recuerda que encontró esta vivienda a través de una plataforma online de anuncios. Para poder entrar en la misma hizo entrega de 2.000 euros en efectivo -un mes de fianza y tres por adelantado-, por un piso de una habitación, un salón con cocina y un cuarto de baño, incluido un trastero.
Señala que en los últimos meses ha intentado aparentar "normalidad" ante su hijo pese a la difícil situación a la que se estaba enfrentando. El juzgado de Toledo que ha estudiado su caso no ha estimado el informe de vulnerabilidad con el que los Servicios Sociales del Ayuntamiento recurrieron paralizar el lanzamiento.
Ha recibido asesoramiento y ayuda pero ni instituciones ni otras entidades le han ofrecido una alternativa habitacional. Hasta que pueda encontrar un piso o una habitación en la que compartir una vivienda, una amiga les ha acogido a ella y a su hijo en un pueblo cercano a Toledo.
"Esto ha sido una pesadilla"
"Esta noche es la que más 'tranquila' he dormido, necesitaba que esta pesadilla se acabase. Es muy surrealista. Yo tengo trabajo, ¿qué ocurre cuando esto le pasa a una persona mayor?", cuestiona Sagrario, que actualmente se encuentra de baja laboral por el estrés que le ha causado esta situación.
Hasta unos meses después de entrar a vivir al piso, fue ajena a la estafa que estaba sufriendo por parte de una mujer que se había hecho pasar por la arrendadora del inmueble. Relata que también le ha coaccionado y le ha amenazado con cortarle los suministros -a nombre de la presunta estafadora- si dejaba de pagarle el alquiler.
Pese a los indicios que ya tenía de que no era la verdadera propietaria, continuó ingresándole en una cuenta bancaria la mensualidad acordada. Consiguió cambiar la titularidad de los contratos de gas y de luz pero no del agua, aunque no se la han cortado, apunta. La denuncia que presentó ante la Policía Nacional por estos hechos fue "archivada por falta de pruebas", las mismas que ahora sí tiene para demandar de nuevo a la presunta estafadora.
El auto del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº7 de Toledo que estima la petición de lanzamiento de la propiedad -una empresa que se dedica a la promoción y rehabilitación de bienes inmuebles-, expone que Sagrario "carece de título suficiente que justifique su posesión sobre la finca objeto del presente procedimiento".
Pese a reconocerse la estafa sufrida, la mercantil tampoco la ha dado opción a que pueda continuar en el piso con un alquiler puesto que su intención es vender el mismo. En este sentido, traslada su indignación porque se le haya "tratado de okupa", cuando no ha dejado de pagar por el piso.
Encontrar una vivienda digna, misión imposible
Los alquileres que ha ido encontrando en su búsqueda, incluso pisos de una habitación que no están en las mejores condiciones, superan el 30% del salario que gana trabajando en un supermercado de Toledo. No obstante, ella ha mostrado su disposición a asumir una renta elevada en comparación a sus ingresos, pero la escasa oferta de vivienda ha hecho imposible que encontrase un hogar antes de que fueran desahuciados.
Sin embargo, esta estafa no es lo que más preocupa ahora a Sagrario, quien en los últimos meses está buscando con desesperación una vivienda para ella y su hijo en el barrio en el que han establecido su vida y donde el menor está también matriculado en un colegio.
Doble estafa
"Es muy complicado acceder a una vivienda", lamenta Sagrario, que hace unos días creía haber visto la luz a través de una oferta de alquiler en una aplicación de anuncios. Un piso de dos habitaciones en San Antón por el que llegó a enviarle al anunciante la fianza que pedía para el mismo -550 euros-.
Quedó para firmar el contrato de alquiler y esperó durante dos horas que llegase la persona con la que habló. No apareció nadie y el anuncio había sido borrado de la plataforma, lo que supuso otro varapalo moral para Sagrario, que ha intentado hasta el último segundo poder encontrar una vivienda antes de ser desahuciada. Sin embargo, su experiencia es otro ejemplo más del incumplimiento del derecho que se reconoce a todos los españoles a tener "una vivienda digna y adecuada".