Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Toledo han detenido a una persona e investigan a otras dos por un presunto delito contra la salud pública relacionado con la comercialización de carne de cordero sin las garantías sanitarias exigidas por la normativa.
La actuación se enmarca en la operación ALKHARUF, iniciada a finales del pasado mes de marzo, y ha permitido, según informa la Guardia Civil, evitar la venta de carne valorada en aproximadamente 45.500 euros que carecía de los controles sanitarios obligatorios.
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La investigación llevó a los agentes, junto con veterinarios de la Dirección General de Salud Pública de Toledo, a inspeccionar una carnicería regentada por la persona detenida. En el establecimiento localizaron varias canales de cordero expuestas para la venta que no disponían de marca sanitaria ni de documentación que acreditara su procedencia.
Ante el riesgo que estas circunstancias suponían para la seguridad alimentaria, la carne fue inmovilizada y posteriormente destruida.
Inspeccionada una explotación ganadera de Mazarambroz
De forma paralela, efectivos del SEPRONA y veterinarios de la Delegación Provincial de Ganadería inspeccionaron una explotación ganadera ubicada en el término municipal de Mazarambroz, de donde presuntamente procedían los animales sacrificados.
Durante la inspección hallaron una sala destinada al sacrificio de ganado y localizaron 228 animales -211 ovinos y 17 caprinos- que carecían de la identificación obligatoria y de la trazabilidad necesaria para determinar su origen.
Según los informes veterinarios elaborados tras la inspección, los animales no eran aptos para el consumo humano, por lo que fueron inmovilizados y posteriormente sacrificados. La Guardia Civil también ha investigado a dos trabajadores de la explotación por su presunta implicación en estos hechos.
Los investigadores destacan que los animales carecían de los controles obligatorios para la detección de zoonosis y la prevención de enfermedades infecciosas, una situación que, según señalan, podría haber supuesto un grave riesgo para los consumidores y para la salud pública.
La operación continúa bajo la coordinación de las autoridades competentes y las diligencias han sido puestas a disposición judicial.
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