Tragsa ya tiene permiso para sellar el amianto en Toledo, sin visos de retirada definitiva en 2018

Una máquina preparaba este martes los accesos a una de las parcelas. Foto: Asociación de Vecinos El Tajo

La empresa Tragsa ya tiene el permiso pertinente para comenzar los trabajos de sellado de los residuos de amianto en dos de las cuatro parcelas afectadas (con nueve focos reconocidos por la Administración y unos 13 según los vecinos)  en el toledano barrio del Polígono. Así lo ha confirmado a Toledodiario, el viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo, quien señala que las máquinas estarán sobre el terreno esta misma semana.

El arranque de los trabajos que sirvan para dar una solución a las 90.000 toneladas de amianto en este barrio de Toledo en el que residen más de 20.000 personas, se ha demorado en dos meses sobre la fecha anunciada por la propia Consejería de Medio Ambiente a los vecinos.

“No hemos empezado y no porque hayamos querido engañar a los vecinos sino porque el trámite administrativo para engarzar la encomienda a Tragsa ha tardado todo este tiempo. Hoy -en alusión al 12 diciembre, cuando se realiza la entrevista- ha terminado el trámite administrativo y entran las máquinas a empezar a allanar el terreno”, señala el viceconsejero, quien dice “entender su preocupación pero a veces es difícil explicar  los procesos administrativos y sus plazos, que desesperan”. Portillo justifica la demora en que al tratarse de “residuos peligrosos se han requerido distintas autorizaciones para garantizar la seguridad y salud laboral” de los trabajadores de Tragsa.

Y es que desde el pasado 15 de octubre, el único movimiento había sido la instalación de una caseta de obra en una de las parcelas afectadas. La única, explica Portillo, que contaba con permiso del propietario. Después, se anunció la intervención en una segunda parcela cuya última propietaria conocida  era una mujer fallecida en el año 1800. “Realizamos los pertinentes trámites jurídicos para esta parcela que nadie reclama como suya y que no paga ni el IBI”.

Serán los dos primeros lugares en los que se proceda a sellar los restos de amianto. Después, se actuaría sobre una tercera parcela cuyo propietario expresó su “compromiso firme” para presentar su propio proyecto de obra y ejecutarlo. Este 12 de diciembre concluía el plazo para presentar dicho proyecto que la Consejería del ramo aún no tiene en su poder. “Es la parcela con menos cantidad de restos”, apunta el viceconsejero.

El problema está en la cuarta parcela, propiedad de una familia que posee la mitad de los terrenos en los que se han localizado restos de fibrocemento. Al requerimiento de la Junta, respondieron recurriendo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Ahora, explica Portillo, se está redactando un segundo requerimiento con el objetivo de evitar la vía judicial.

Además, Medio Ambiente ha pedido a Tragsa un estudio “aún sin terminar” sobre lo que costaría, “ante las dudas de los vecinos”, volver a intervenir sobre la parcela del Barrio Avanzado.

¿Cómo se realizará el proceso de sellado?

El procedimiento elegido por el Gobierno regional es del sellado de los terrenos, frente a otra opción que también ofrecía el informe encargado a la empresa pública Emgrisa para proceder a su traslado. “No es el mismo tipo de sellado del que se hablaba cuando yo llegué a la Viceconsejería, sino de un proceso mucho más exhaustivo y más caro, porque ronda los tres millones de euros, sin contar con lo que se pueda hacer en la parcela del barrio avanzado”.

Antes de proceder a tapar los residuos, Tragsa realizará labores de “estabilización para evitar el movimiento de polvo que pueda contener fibras de amianto”. Ha sido, según Portillo, la “primera exigencia” del departamento de Seguridad Laboral de la Junta. Hay que recordar que los vecinos ya denunciaron en 2016 la “irresponsabilidad” del Ejecutivo regional en este sentido, cuando se procedía a retirar restos de fibrocemento en la parcela del Barrio Avanzado, propiedad de la Consejería de Fomento, y que mostraron su preocupación por el sistema utilizado.

Después se colocarán “dos tipos de láminas diferentes sobre el terreno”, explica Portillo, que irán cubiertas con medio metro de tierra y vegetación, además de colocarse una alambrada. En  las zonas más próximas al arroyo Ramabujas se instalará un muro de hormigón.

Los vecinos habían solicitado también proceder a la retirada, y no al mero sellado, en las zonas más cercanas a las viviendas. “Es una de las parcelas que pertenece a la familia que ha llevado el caso a los tribunales”, comenta Portillo. Habrá que esperar, pero mientras tanto la Junta ha pedido a Tragsa un informe sobre el coste que supondría la retirada de los residuos en esta zona. “Si no hay presupuesto, sería inviable. No siempre es lo que deseemos, sino las posibilidades económicas de hacer las cosas”.

Precisamente, en lo que se refiere a la partida presupuestaria que la Junta castellano-manchega destinará en 2018 al proceso de control de los restos de amianto, Agapito Portillo detalla que este año se consignará el montante -más de cuatro millones de euros, de los que tres se dedicarán al sellado del amianto- en el capítulo 2 (gastos en bienes corrientes y servicios), frente a la práctica habitual de hacerlo en el capítulo 6 (inversiones reales).

¿Qué ocurrirá una vez sellada la zona afectada?

El Gobierno de Castilla-La Mancha sostiene que, una vez se produzca el sellado de los residuos de amianto “habrá que pensar” si hay o no un siguiente paso. Agapito Portillo desvela que existe una amplia “discusión técnica” en este sentido. “No es fácil tomar una decisión técnica, no solo presupuestaria”.

¿Mover o no mover los residuos de amianto? Portillo recuerda que en muchos casos se encuentran en forma de lodos o polvo. “Hay muchas discusiones, también por parte de Salud Pública sobre posibles riesgos de un traslado. No tengo claro que lo mejor sea retirarlos, sobre todo cuando en esa zona no se va a construir”.

2017, el año en que se quiso dar una ¿solución? a 90.000 toneladas de amianto

Durante todo este año 2017, la Asociación de Vecinos ‘El Tajo’ y la Plataforma Mi Barrio Sin Amianto no han cejado en su empeño de conseguir una solución. Manifestaciones, concentraciones, campañas en redes sociales… Se ha llegado incluso a consultar al Gabinete Jurídico ‘Colectivo Ronda’, un bufete especializado y que recientemente ha conseguido que un tribunal español reconozca por primera vez como enfermedad profesional un cáncer de esófago causado por el amianto.

Una de las concentraciones protagonizadas este año por los vecinos contra el amianto

El proceso se está dilatando en el tiempo y los distintos partidos políticos, como el PP, no han dudado en utilizar el amianto como arma arrojadiza contra la Junta. A los ‘populares’ les han recordado que Dolores de Cospedal tuvo una legislatura entera para solventarlo. El asunto ha pasado por las Cortes regionales en varias ocasiones.

Mientras, desde el Ayuntamiento el último compromiso pasa por diseñar un "plan de muestreo" de la calidad del aire en el barrio del Polígono de Toledo a cargo de la empresa especializada, Labaqua S.A., “para determinar los puntos en cuestión donde se van a poner los aparatos de medición”. Se trata, explica, “de la vigilancia, con mediciones en aire, de cómo evolucionan las fibras de amianto en el ambiente”.  La concejala de Obras y Servicios Públicos Medioambientales, Noelia de la Cruz, mostraba su “confianza” en los trabajos de sellado que lleve a cabo la Junta y  “que, ante todo, acabemos con el potencial riesgo para la salud pública que allí existe”.

En cualquier caso, 2018 parece presentarse como un año clave que permita atisbar algo de luz en un problema denunciado ya en 2014 por IU ante la Fiscalía de Medio Ambiente que en 2016  ya ponía de manifiesto en un oficio remitido a la Junta “la peligrosidad de los residuos en cuestión al comprobarse que están siendo liberadas al aire fibras de amianto, con el consiguiente riesgo de inhalación de las mismas y en el que se insiste en la necesidad de recogida, retirada y gestión del gestor debidamente autorizado”.