Trabajadores de la Diputación de Toledo llevan a los tribunales la bolsa de empleo

Un grupo de integrantes de la bolsa de trabajo en la categoría de gobernantes de la Diputación de Toledo ha impugnado la nueva bolsa de trabajo que en esta categoría ha creado la institución provincial, llevando este asunto a los tribunales, pues consideran que se han dado una serie de “ilegalidades”. El juicio será el próximo 20 de octubre.

Así lo ha explicado en rueda una las trabajadora afectadas, Teresa Rodríguez, quien ha dado a conocer que siguiendo la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha, el equipo de Gobierno de la Diputación “no puede constituir una bolsa para dejar de lado otra y que esto sea el quítate tú para ponerme yo”.

Y es que Rodríguez ha añadido que la Ley dice que “si se agota la bolsa hay que acudir al Servicio Público de Empleo o conformar una Oferta de Empleo Público y no es ninguno de los dos casos”.

Es por ello que trabajadores de la actual bolsa en vigor –conformada por un total de 41– han impugnado esta bolsa, pues es “igual que la anterior, con la única diferencia de que antes se pedía estudios secundarios y en ésta, sólo, el certificado de escolaridad”.

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A preguntas de los medios, Teresa Rodríguez ha explicado que las 12 trabajadoras que están actualmente ejerciendo su labor “entraron el 18 de agosto y les correspondía trabajar seis meses pero les han hecho un contrato de 28 días para finalizar el 14 de septiembre, con la intención de que el 15 de septiembre se publique el Decreto de la conformación de la nueva bolsa, cuando los de está estamos disponibles”.

Por ello y “considerando que es una ilegalidad”, los actuales miembros de la bolsa de gobernantes no se han presentado al examen. En las alegaciones realizadas, según Teresa Rodríguez, el equipo de Gobierno de la Diputación aduce que “en la bolsa vigente sólo había 16 personas disponibles”. “Pero la bolsa no está agotada y en cualquier caso el procedimiento es ofrecer plazas en categoría de empleo público”, ha condenado.

Por último, ha señalado que, aunque en un primer momento la jueza que lleva el caso dijo que hacer los exámenes no incurría en perjuicio de los demandantes, posteriormente continuó con el proceso ya que, “si se pone en vigor la bolsa sí incurren en perjuicio”.