El concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, se ha quedado compuesto y sin socio en la Comisión de Transportes que este jueves debatía las alegaciones presentadas por los grupos políticos a la ordenanza para regular el proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Toledo.
Tal y como publicó Toledodiario.es, el Área de Obras, Infraestructuras y Medio Ambiente había desestimado todas las alegaciones presentadas por PSOE y Vox, formación que reniega de las ZBE y que exige denominar como 'Zona de Tráfico Restringido'.
Este documento, aprobado en Junta de Gobierno Local, ha sido tumbado por Vox -que gobierna junto al PP en la capital regional, así como por la oposición -PSOE e IU-, lo que ha generado un "profundo malestar" en los 'populares'.
En este sentido, el concejal ha mostrado su "sorpresa" y su "decepción" por la posición final de Vox, recordando que aprobó el proyecto tanto al inicio como en su fase final en Junta de Gobierno y ahora vota en contra. Además, ha recordado que la ordenanza responde a un mandato estatal y apunta que el Ayuntamiento "solo es un convidado de piedra que debe cumplir la ley".
Jiménez ha denunciado la "actitud irresponsable por parte de los grupos políticos del Ayuntamiento, especialmente de Vox", y advierte de la posible perdida de fondos europeos por este rechazo.
Posibles pérdidas de fondos europeos
"La ordenanza debía entrar en exposición pública durante 30 días para cumplir los plazos exigidos. Nos enfrentamos ahora a la posibilidad de que el Ayuntamiento tenga que devolver 3,7 millones de euros recibidos para la instalación de la ZBE, además de perder aproximadamente 600.000 euros de subvenciones europeas destinadas al transporte público", ha advertido el edil.
Jiménez ha señalado que los servicios jurídicos y técnicos "han quedado alucinados" con lo sucedido y que en las próximas horas iniciará reuniones formales para estudiar alternativas legales. "Haremos lo posible para no tener que devolver el dinero y veremos si es posible elaborar un texto normativo alternativo que cumpla la ley y nos permita evitar sanciones".
El PSOE reprocha que la ordenanza presentada "solo tiene carácter recaudatorio"
El PSOE también apunta a esta posible pérdida de ayudas de y acusa al PP de "poner en riesgo una vez más dinero de los fondos europeos que ya estaban en la caja del Ayuntamiento y que ahora, por su mala planificación, la ciudad puede perder".
A juicio de los socialistas, la ordenanza presentada "solo tiene carácter recaudatorio y carga al Caso Histórico con responsabilidades que no se justifican, no ofrece alternativas de transporte público a los toledanos y toledanas, y solo impone limitaciones, sanciones y recaudación".
El concejal del PSOE Francisco Rueda ha calificado de "ordenanza 'fake'" la propuesta del Gobierno municipal porque "no conseguirá ninguno de los resultados que pretende la regulación de zonas de bajas emisiones". "Solo apuesta por restricciones, penalización y sanciones", ha enfatizado.
"La normativa carga, sin ninguna justificación, toda la responsabilidad sobre el Casco Histórico, sus vecinos, las empresas y los trabajadores, aunque nada de lo presentado justifica que sea la zona más contaminada ni la que menos tráfico tiene de la ciudad", expone, al tiempo que critica que la ordenanza "no apuesta por alternativas, ni transporte público, ni servicios públicos, ni peatonalización".
IU cree que el rechazo de Vox es "un chantaje" con los presupuestos
Para el portavoz de IU, Txema Fernández, la negativa de Vox a la ordenanza es "un chantaje" para conseguir lo que reclama al PP en la negociación de los presupuestos de 2026, que han comenzado a tramitarse sin su aval.
"La ordenanza de la ZBE no es una ordenanza fiscal, la podamos aprobar en cualquier momento del año y lo haremos cuando el PP acceda a la negociación presupuestaria que Vox tiene abierta. Este es el juego al que ha sometido Vox al PP", apunta Fernández, que tacha de "mala" esta ordenanza porque, a su juicio, "ni PP ni Vox creen en ella".
En este sentido, el edil de IU apuna que estas formaciones "no están pensando en un proyecto de modelo de ciudad sostenible". "Es un proyecto que viene obligado por la norma, no viene por devoción de hacer una ciudad pensada para futuro", anota.
"Es un proyecto en el que no nos sentimos chantajeados por el Gobierno municipal cuando nos dice que vamos a perder las subvenciones", agrega Fernández, que reclama un modelo de sostenibilidad ambiental y de movilidad real, centrado en el transporte colectivo, como los autobuses urbanos, o en alternativas como el transporte ciclable o peatonal.
Vox apela a sus "principios" y "responsabilidad"
Por parte de Vox, la presidenta del Grupo Municipal y también vicealcaldesa, Inés Cañizares, ha apelado a "sus principios" y a su "responsabilidad" con los ciudadanos que depositaron su confianza en Vox, para rechazar el proyecto, que cree que "supondría la restricción de movilidad para los ciudadanos que no pueden gastarse 60.000 euros en un coche eléctrico".
Cañizares ha señalado que "establecer una zona de bajas emisiones cuando no existe contaminación no tiene ningún sentido". "Si sales a la calle y hablas con la gente, no entiende que vayas a limitar su movilidad en una ciudad que no tiene contaminación, ¿cómo vamos a ser capaces de defender algo así ante los ciudadanos?", cuestiona.
"Aunque estamos dentro del equipo del Gobierno, somos distintos, no pensamos lo mismo y nos parece fundamental rechazar la ZBE, un tema fundamental que Vox está defendiendo por toda España y que en Toledo no lo vamos a dejar de defender, estemos o no estemos en el equipo de Gobierno", asevera.










