"Nuevo plan de modernización fiscal". Es la denominación que ha escogido el Gobierno local de PP y Vox para definir los cambios que plantea en las ordenanzas fiscales de 2025, un proyecto que se va a terminar de perfilar en las próximas semanas y que contempla la subida del IBI para las empresas con mayor valor catastral así como la tasa de basuras. También modifica algunas tarifas de la ORA y reduce la tasa de apertura de establecimientos industriales y mercantiles.
El portavoz del Gobierno municipal, Juan José Alcalde, ha explicado el proceso que va a tener la aprobación de estas ordenanzas que recibirán luz verde de manera inicial en el pleno de este mes de octubre y entrarán en vigor a partir del 1 de enero del próximo año. Estas, ha precisado el también concejal de Hacienda, no contemplan la subida del IBI para la ciudadanía en general, pero sí se aplicará en principio para un 10% de los inmuebles con mayor valor catastral que tengan un uso comercial, industrial, sanitario o de oficinas.
El incremento de este impuesto municipal, correspondiente a la ordenanza número 1, será de un 0,60%, lo que podría suponer una modificación de ingresos de 1,8 millones de euros. Una cantidad que, junto el aumento de ingresos por la tasa de basuras, compensaría la recaudación fiscal tras las pérdidas del impuesto de plusvalía, un tributo local declarado inconstitucional si el contribuyente no obtiene un beneficio por la venta de un terreno.
El proyecto de modificación de ordenanzas fiscales se elevó en una sesión urgente de la Junta de Gobierno Local el pasado 3 de octubre, un día después de celebrarse el Debate del Estado del Municipio en el que el alcalde, Carlos Velázquez, ya advirtió del "plan de modernización fiscal" que hizo presagiar a la oposición una subida de impuestos. Además del IBI, también aborda la modificación de la ordenanza número 30,
reguladora de la tasa por prestación del servicio de gestión de residuos sólidos urbanos.
Tasa de basuras y la nueva ley de residuos
Sobre esta tasa de basura se ha extendido más en su discurso el portavoz municipal, quien culpabiliza al Gobierno central de la subida de la misma por el cumplimiento de la ley 7/2022 de Economía Circular. "En cumplimiento de una ley se va a subir legalmente pero no tanto como dicen los informes. Nos hubiese gustado que el Gobierno se hubiese reunido con las administraciones locales que gestionamos el tema de la basura. Es una ley que empezó a ejecutarse en abril de 2022 y tiene que estar en abril de 2025. Es una tasa obligatoria a nivel nacional", ha afirmado Alcalde.
No obstante, lo que recoge esta ley es que "las entidades locales establecerán, en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta ley, una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos".
La propuesta realizada, según recoge el informe de tesorería que ha consultado Toledodiario.es, cubriría el desfase presupuestario de 2023 al contemplarse una estimación de ingresos de casi 4,5 millones de euros, unos 680.000 euros más que las previsiones del año anterior. Según el tramo del valor catastral, por vivienda residencial se pagará desde 30 a 220,41 euros. Los comercios podrían pagar hasta 656,50 euros o las industrias hasta 1.967,11 euros.
Alcalde apunta que "en comparación con el año pasado habrá a quien le pueda subir 2 euros al mes", pero a otros "10 o 20 euros". "Antes era un componente catastral, ahora hay que introducir la variable del número de personas que viven en un domicilio. En los que vivan 4 o más personas, en Toledo pagarán lo mismo, es una forma de beneficiar a las familias", dice el edil, que recalca que en otras ciudades no se ofrece este tope. "Nos hubiese gustado no tener que hacer esto", subraya.
Rechazo de Fedeto
En este sentido, el secretario general de la Federación Empresarial Toledana, Manuel Madruga, reconoce que la nueva ley obliga a que el servicio no pueda ser deficitario pero reprocha en su aplicación, el Consistorio no cumple varios principios de esta normativa como es que se cobre en función del coste real de este servicio, por la basura que se genera -como sí se hace ya en otros ciudades- o por una recogida fraccionada y de reciclaje que no es posible de manera general en el Casco Histórico.
Madruga expresó que temía que la subida de la tasa afecte al sector comercial, sobre todo el barrio del Polígono, que "representa el 7,56% de la basura producida en la ciudad, pero paga muy por encima de lo que produce, porque la tasa de basura se calcula en función del valor catastral, no en función de la basura generada".
Tarifas de la ORA y tasa a autobuses turísticos
Otra de las propuestas afecta a la ordenanza fiscal 25, reguladora del control y ordenación del estacionamiento de vehículos en determinadas vías públicas de la capital y de su correspondiente tasa. La creación de una zona magenta en los aparcamientos de Safont y el que se habilitará cerca del hospital, supondrá un coste de 0,40 euros la hora para no residentes mientras que para los vecinos y vecinas de Toledo será gratis.
También se incrementa en 10 céntimos la hora -de 0,85 a 0,95 euros- para no residentes la tarifa general del servicio. Por su parte, el coste de la tarjeta de residente pasará a ser 7,00 euros, con lo que se reduce en un 1,25 euros -baja de los 8,25- respecto al precio actual.
El proyecto incluye también las tarifas que aplicará el Ayuntamiento a los autobuses turísticos a través de los touroperadores. Reordenará el aparcamiento de los mismos en la ciudad y establecerá tres tarifas: 125 euros para vehículos de 65 plazas o más, 75 euros para vehículos de entre 21 y 64 plazas y, por último, 25 euros para los que tengan entre 9 y 20 plazas.
Apertura de establecimientos
La cuarta y última propuesta afectará a la ordenanza número 9, que establece la tasa por la apertura de establecimientos industriales y mercantiles. Se propone una reducción del 25% a las tarifas existentes que supondrían una reducción de ingresos de unos 87.000 euros. Esta tasa oscila entre los 192,95 euros y los 1.804,22.
Así, en total, con las cuatro modificaciones previstas, el Ayuntamiento obtendría unos ingresos extras de casi 2,5 millones de euros, lo que aliviaría la necesidad que tiene de adoptar medidas tendentes a aumentar los ingresos, según recoge la tesorería, que eleva el requerimiento a los 4 millones. En caso contrario, el interventor señala que la falta de eficacia llevaría a "una situación grave de desequilibrio presupuestario".
Compromiso electoral
De esta forma, el Gobierno de PP y Vox se aleja de nuevo en su segundo proyecto de ordenanzas fiscales del compromiso electoral que tenían ambos partidos de reducir de manera más generalizada los impuestos para la ciudadanía. Ambos apostaba en sus programas por reducir el IBI o el ICIO, igual que también lo exigían de manera constante a la anterior Corporación gobernada por el PSOE.
Los grupos municipales podrán presentar alegaciones hasta el día 15 de este mes al proyecto, que se dará a conocer este viernes en el Consejo de Asociaciones Vecinales. A final de mes se llevará a Comisión de Hacienda para aprobarse de manera inicial en el pleno de octubre. "A finales de noviembre termina el plazo para las alegaciones que quieran presentar empresarios, asociaciones o vecinos y el objetivo es aprobarlas definitivamente en diciembre para que entren en vigor el día 1 de enero".