STAS reprocha "el mezquino señalamiento" del Ayuntamiento de Calera y Chozas a las trabajadoras de Servicios Sociales

Ayuntamiento de Calera y Chozas / Imagen: Malopez 21 (Wikimedia Commons)

El Ayuntamiento de Calera y Chozas se encuentra en el ojo del huracán tras vincular la suspensión de los festejos taurinos con un "problema económico puntual" derivado de las reclamaciones salariales presentadas por trabajadoras de Servicios Sociales. Esta acción ha sido calificada de "mezquina" y "totalmente inaceptable" por sindicatos y formaciones políticas, que denuncian un señalamiento público injusto de las empleadas.

La controversia surgió a raíz de un bando móvil enviado por el Ayuntamiento a los vecinos, y publicado en la web municipal y sus redes sociales, en el que se informaba de la suspensión de las actividades taurinas. El Consistorio justificó esta medida alegando que el problema económico debía ser asumido por la Junta, y aludió explícitamente a las reclamaciones salariales interpuestas ante el juzgado de los social, que ha constatado "incumplimientos en materia laboral" por parte de la administración local. El juzgado ha condenado al Ayuntamiento a abonar una cantidad económica a las trabajadoras demandantes.

Desde STAS-CLM se ha reprochado duramente el "señalamiento" del Ayuntamiento a las trabajadoras. El sindicato ha querido desvincular las "legítimas acciones" judiciales de las trabajadoras de la decisión municipal de suspender los festejos. Subrayan que las empleadas públicas tienen contrato con el Ayuntamiento de Calera y Chozas, y no con otra administración, por lo que su derecho a reclamar es "exclusivamente frente a quien las ha contratado".

La sentencia judicial ha dado la razón a las trabajadoras, constatando los "incumplimientos constantes y reiterados del Ayuntamiento" en aspectos como la antigüedad y la aplicación de subidas salariales establecidas en los Presupuestos Generales del Estado. STAS considera "injusto y mezquino" que, a pesar de afirmar que las trabajadoras no tienen la culpa, el Ayuntamiento establezca una "relación causa-efecto" que en el fondo "supone un claro señalamiento". Además, cuestionan por qué se vincula exclusivamente esta decisión al pago de las cantidades establecidas por los tribunales, "como si no hubiera partidas presupuestarias que en un momento dado tengan en cuenta imprevistos".

El comunicado del Ayuntamiento no ha sorprendido a STAS, que señala que la suspensión de los festejos taurinos "ya se venía fraguando desde hace tiempo", y que se está "poniendo a los pies de los caballos a las trabajadoras como si fueran las responsables únicas de la decisión que exclusivamente ha tomado el Ayuntamiento".

El sindicato también ha recordado que las competencias en Servicios Sociales son de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la cual, según STAS, "está infrafinanciando la delegación de competencias a las entidades locales", una situación que vienen denunciando desde hace tres años.

STAS ha calificado de "inadmisible mezclar las legítimas reivindicaciones laborales con disputas políticas" y ha denunciado las "tácticas intimidatorias" puestas en marcha por el Ayuntamiento para "presionar a las trabajadoras señaladas para hacer renuncia de sus derechos laborales". Han anunciado una "intensa campaña de movilización en el pueblo" si el Alcalde y su equipo de gobierno intentan renunciar al convenio de colaboración con la Junta para despedir a las trabajadoras.

La Plataforma de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha pide una rectificación al alcalde

Por su parte, la Plataforma de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha ha recriminado al alcalde de Calera y Chozas "comparar el reconocimiento judicial de los trienios de las trabajadoras de Servicios Sociales con la falta de presupuesto para las fiestas del pueblo", unas declaraciones que creen que "muestran una absoluta falta de sensibilidad social y una alarmante desconexión con las prioridades de un gobierno local comprometido con el bien común".

"Las profesionales de Servicios Sociales no son un lujo ni una carga. Son el pilar invisible que atiende, acompaña y protege a las personas más vulnerables de nuestros pueblos. Su trabajo, muchas veces silenciado y precarizado, sostiene la red de cuidados de nuestras comunidades. Reivindicar sus derechos laborales no es una extravagancia ni un capricho, es una exigencia de justicia. Es inadmisible que se enfrenten estas legítimas reivindicaciones con los presupuestos festivos, como si la dignidad de las trabajadoras fuera una moneda de cambio", agregan.

Por ello, piden al alcalde que "rectifique públicamente sus declaraciones y muestre respeto hacia quienes, a pesar de las condiciones, siguen dando lo mejor de sí para garantizar el bienestar colectivo".

No obstante, la Plataforma señala también que "la situación que viven muchas profesionales en los Servicios Sociales municipales no es fruto del azar, sino del abandono de un sistema que ha delegado en los ayuntamientos la gestión de un servicio esencial, sin garantizar condiciones laborales dignas ni financiación suficiente". "Recordamos que la competencia en Servicios Sociales es de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y por tanto, es su responsabilidad garantizar el derecho de todas las profesionales a unas condiciones laborales justas y equitativas en cualquier rincón del territorio", añaden´.

Así, instan a la Junta a "actuar con urgencia, a asumir su responsabilidad política y legal, y a impulsar las reformas necesarias para que no haya ni una profesional más con derechos recortados o salarios indignos".

Sumar Toledo respalda a las trabajadoras

Por su parte, Sumar Toledo ha expresado su "firme respaldo" a las trabajadoras de Servicios Sociales y ha condenado "de forma rotunda el señalamiento público y la estigmatización" por parte del gobierno municipal del Partido Popular. Consideran "inaceptable que desde una institución pública se intente enfrentar a la ciudadanía con sus propios empleados públicos, cuya única reivindicación es el cumplimiento de sus derechos laborales".

Desde Sumar, han exigido que "el gobierno del PP debe dejar de lanzar cortinas de humo y acatar de inmediato la sentencia judicial que le obliga a pagar lo que corresponde como empleador". Han sido contundentes al afirmar que "las sentencias no se negocian, se cumplen". Recordaron que las responsabilidades laborales del Ayuntamiento "no pueden trasladarse a los trabajadores, ni utilizarse políticamente para eludir la propia incompetencia en la gestión".

María Cañadillas, coordinador del Movimiento Sumar en la región junto a Jesús Plaza Senabre, sentenció: "El Gobierno local tendrá tiempo de reclamar a la Junta la financiación que considere justa, pero el salario de los trabajadores no puede quedar en el aire por una disputa institucional. El trabajo se paga. Punto”.