El Plan de Biometanización de Castilla-La Mancha (2024-2030), diseñado por la Consejería de Desarrollo Sostenible, "no alude a la salud de las personas", según traslada un informe de alegaciones y sugerencias el departamento del Gobierno regional que lidera Jesús Fernández Sanz.
En este documento, la Consejería de Sanidad pone de manifiesto algunas carencias en su concepción, según ha dado a conocer el colectivo Stop Macrogranjas de Castilla-La Mancha sobre un documento al que ha tenido acceso elDiario.es Castilla-La Mancha.
Entre las 'pegas' de Sanidad al departamento de Desarrollo Sostenible está la ausencia de “aspectos sanitarios”. Y es que, recalca la Dirección General de Salud Pública, en “la memoria justificativa y análisis de impacto normativo del proyecto, entre los fines y objetivos (...) no se incluyen las afecciones o condiciones relativas a la salud de las personas”. Dicha memoria, incide el departamento que gestiona la Sanidad en Castilla-La Mancha, “se omite lo establecido (...) sobre las competencias en materia de sanidad, higiene, promoción, prevención y restauración de la salud”.
Un aspecto este último que vienen reclamando las distintas plataformas ciudadanas y ecologistas que se oponen a este tipo de plantas industriales.
En desacuerdo con los costes económicos o sociales del plan
Otro de los aspectos en los que Sanidad pone el foco es el que tiene que ver con la afirmación recogida en la memoria justificativa y que sostiene que “no supone nuevas cargas administrativas”. Un punto en el que el departamento que dirige Jesús Fernández Sanz no está de acuerdo.
Tampoco lo está en lo relativo a otra de las afirmaciones de la memoria que justifica el plan: “No supone modificación o alteración del mercado”. En realidad, dice Sanidad, “se desconoce si se ha consultado al sector energético”.
Ni siquiera está en sintonía con otro de los supuestos que recoge la memoria: “No tiene ningún impacto desde el punto de vista presupuestario, ni en ingresos ni en gastos”. Tras analizar el impacto en empleos (1.615 puestos de trabajo) y de la inversión privada (1.425 millones de euros), Sanidad cree que “el impacto se estima considerable”, en contra de lo que opina Desarrollo Sostenible. Hay que tener en cuenta, además, que tal y como reconoce el departamento que impulsa el plan estratégico, su éxito dependerá de la implicación, precisamente, del sector privado.
La Consejería de Desarrollo Sostenible afirma en el documento del Plan Regional de Biometanización que “va a suponer más beneficios que costes a la ciudadanía de Castilla-La Mancha”, ante lo que el informe de Sanidad responde que “se trata de un aspecto totalmente subjetivo”.
Añade Sanidad que “no se ha tenido en cuenta los impactos sinérgicos y acumulativos de la ganadería ya existente desde el punto de vista del territorio” y que “además del riesgo de contaminación de los acuíferos, no se detalla el riesgo de escape de gases contaminantes a la atmósfera, como el metano, sulfhídrico y amoníaco, entre otros, gases que provocan irritaciones respiratorias, enfermedades pulmonares y otros daños”. Estas observaciones van en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), reflejadas en sus guías sobre calidad del aire.
El informe de Salud Pública alude a la necesidad de que los residuos a tratar en las plantas, resalta el colectivo ciudadano, “se depositen en contenedores herméticos, contribuyendo a eliminar, aunque sea parcialmente, los malos olores”, pero en el Plan Regional de Biometanización hay muchos supuestos en los que esto no se contempla.
Además, califica el documento inicial estratégico del plan de “documento vacío e inservible” y reprocha que entre las alternativas existentes se ha elegido una sin justificar, por lo que “se sospecha que se ha elegido la alternativa seleccionada antes de redactar el documento”.
Las distancias mínimas para la población “insuficientes”
Por otro lado, Sanidad considera “totalmente insuficiente” la distancia de 2.000 metros desde la planta de biogás al suelo urbano que establece el Plan Estratégico en su concepción inicial. Critica que se contemplen casos excepcionales, “que no se especifican”, en los que se puede incluso reducir esta distancia.
Respecto a los vertidos del residuo generado por las plantas de biogás, digerido, el informe de Sanidad avisa: “Disponer de una distancia del digerido de 250 metros a captaciones de agua subterránea o superficial, supone un riesgo absoluto, ya que si se produce una contaminación de esta magnitud ésta perdurará en el tiempo, inutilizando la masa de agua para cualquier uso ”.
Indica el citado informe de Sanidad que “sería conveniente conocer previamente a la instalación la opinión de esos ciudadanos que se puedan ver afectados por vivir cerca de una planta de producción de biometano”. Por otro lado, se apunta a la indefensión de los municipios que carecen de plan de ordenación urbanística municipal y que por lo tanto tendrán que otorgar la compatibilidad urbanística aunque no lo deseen.
Es un documento “muy crítico”
El colectivo Stop Macrogranjas en Castilla-La Mancha cree que se trata de un documento “muy crítico”, dentro de la ronda de consultas realizadas a distintos organismos administrativos que forman parte del proceso para aprobar este plan estratégico con horizonte 2030 y que marcará las líneas sobre cómo se deben gestionar ciertos residuos, en particular los procedentes de las macrogranjas porcinas, después de que en diciembre decayese la moratoria para poder implantar este tipo de explotaciones de ganadería industrial.
Alude también a las informaciones, conocidas de forma reciente, que apuntan a que la redacción de este Plan de Biometanización y su documento ambiental fue encargado por la Consejería de Desarrollo Sostenible a la empresa Biovic, que diseña y desarrolla plantas de biogás y biometano, mediante dos contratos menores de 15.000 euros.
Para las plataformas vecinales que luchan contra macroplantas de biogás y macrogranjas, reunidos en esta plataforma “es gravísimo que la Consejería de Desarrollo Sostenible pretenda aprobar un Plan redactado por la propia industria del biogás y que despierta alarma en la Consejería de Sanidad por no considerar las repercusiones sanitarias”.
Dicen coincidir “con la mayoría” de los aspectos señalados por Sanidad y que coinciden con las alegaciones presentadas por este colectivo. “La Dirección General de Salud Pública hace su trabajo con criterios profesionales y no actúa al mandato de intereses empresariales, como otras direcciones general de la Junta”, consideran .
Estos colectivos vecinales reclaman a la Junta la retirada del Plan de Biometanización y animan a la ciudadanía a firmar las alegaciones en la web de Stop Ganadería Industrial, en el formulario que han habilitado.
El colectivo Stop Ganadería Industrial Castilla-La Mancha se creó en 2017 y agrupa a más de 30 movimientos vecinales, de las cinco provincias de la región que se han posicionado contra los que consideran como “proyectos perjudiciales de ganadería industrial”, como las macrogranjas o las plantas de biogas con purines. Por contra aboga por “un modelo de ganadería compatible con el cuidado de los recursos naturales, la salud y el bienestar de los vecinos y vecinas”.