Retos y estrategias de Castilla-La Mancha con la Agenda 2030 y la lucha contra el cambio climático

Ecoparque de Toledo / Servicios Públicos Medioambientales de la Provincia de Toledo (Cosma Toledo)

No es la primera vez que un gobierno autonómico tiene un departamento de gobierno autónomo para las tareas de medio ambiente. Castilla-La Mancha ya lo tuvo también en el pasado. Pero sí que es novedoso que esa nueva Consejería sea de Desarrollo Sostenible asumiendo los retos de objetivos mundiales que llevan ese mismo nombre: los ODS. Desde ahí también se ha asumido la Agenda 2030, el calendario para la implantación de esas metas, junto con otras muchas áreas compartimentadas que están desarrollando el objetivo del Gobierno de Emiliano García-Page de liderar la transición ecológica desde todos los frentes en los que tiene competencias.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible cuentan en esta comunidad autónoma con su propio órgano de seguimiento y aunque no todos son de carácter medioambiental, desde la Consejería han recalcado la necesidad de tener presente el carácter transversal de todas estas políticas. El último informe ‘SOS 17 x 17’ del Observatorio de la Sostenibilidad no dejó en muy buen lugar a esta región, motivo por el que se ha puesto manos a la obra bajo el paraguas de la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030.

Este nuevo órgano registra las acciones que ya se están llevando a cabo en la materia y tiene como tarea impulsar todas las que se deban articular a fin de cumplir con los compromisos de los ODS. Este mismo año, la comisión aprobó el informe "Objetivos para transformar nuestro mundo: Castilla-La Mancha comprometida con la Agenda 2030" Fue un primer análisis de la situación que buscará su renovación con acciones concretas enmarcadas en las medidas ya llevadas a cabo.

La estructura orgánica y de actuación es muy similar a la Estrategia de Cambio Climático con la que la Junta de Castilla-La Mancha lleva unos años trabajando bajo los parámetros de adaptación y mitigación. Al tratarse de una comunidad autónoma no especialmente contaminante salvo en los focos colindantes con Madrid y en la comarca de Puertollano, sus compromisos con el descenso de la emisión de gases contaminantes se ha ido cumpliendo. No obstante, la calidad del aire sigue siendo una asignatura pendiente en este sentido.

Los retos, uno a uno

¿Con qué vectores quiere entonces el Ejecutivo regional liderar ese camino? Hace apenas unas semanas, el pleno de las Cortes castellanomanchegos aprobó la primera Ley de Economía Circular de España y, aunque debe desarrollarse posteriormente conforme una futura estrategia, esta cuestión se ha convertido en bandera ambiental de la comunidad autónoma. La nueva normativa regula la máxima principal de optimizar el valor de productos, materiales, recursos y servicios. El objetivo es una economía sostenible, hipocarbónica, eficiente y, además competitiva.

Es todo un revulsivo en el modelo de producción. Implica alargar el ciclo de vida de los productos mediante su reciclaje, reutilización o recuperación. Se trata de un escenario totalmente novedoso, motivo por el que se incentivará la implantación de empresas y actividades de economía circular, así como el cálculo de la huella hídrica o de carbono. La Administración autonómica quiere fomentarlo con ayudas procedentes de fondos propios y/o europeos. De igual forma, se regulará un impuesto para vertidos y una fianza para empresas contaminantes.

Así las cosas, se trata básicamente un objetivo a medio-largo plazo pero que en la presente legislatura debe dar sus primeros frutos, sobre todo en la consecución de un nuevo modelo productivo que durante años ha estado enfocado a la industria convencional. En ese espacio, por ejemplo, han sabido hacerse un hueco las energías renovables: Castilla-La Mancha es la primera región del país en producción de fotovoltaica, la segunda en eólica y la tercera en termosolar. Su desarrollo es y sigue siendo imparable, con nuevas concesiones cada pocos días y con la creación de puestos de trabajo muy apegados al terreno.

Pero en este ámbito, el reto ahora es evitar la especulación en el sector y promover una ordenación de solicitudes que prime los objetivos ambientales y evite en conglomerado de grandes empresas que al final terminen actuando como monopolio, como han pedido desde colectivos como ANPIER. Es en estos casos cuando se puede hablar no solo de transición ecológica, sino de transición ecológica "justa".