El precio medio del alquiler de la vivienda en la ciudad de Toledo, según portales inmobiliarios como Idealista, ese situó en los 8,7 euros/m2 el pasado mes de marzo. Es la cifra más alta de la serie histórica -en el registro que establece desde el año 2010- y supone un 9,6% más que el año pasado. Hay menos pisos y más caros, pero la solución no encuentra un acuerdo político, al menos en la capital regional.
Así lo mostraron este jueves en el pleno municipal los distintos grupos municipales, que trasladaron posturas y propuestas distintas para afrontar este problema social que hace que no se pueda garantizar uno de los artículos incluidos en la Constitución Española, el 47, que declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
La mayoría que ostenta el gobierno local formado por PP y Vox sirvió para rechazar una moción con la que Izquierda Unida-Podemos buscaba el consenso para instar a la Junta a declarar la ciudad como zona tensionada, una medida establecida en la nueva ley de Vivienda para actuar contra el "especial riesgo de abastecimiento insuficiente de vivienda para la población residente".
La propuesta que presentó el portavoz de esta formación, Txema Fernández, incluyó una transaccional del PSOE -que sí apoyó la moción- para que el Ayuntamiento retomara también la normativa impulsada en la anterior legislatura con el objetivo de regular en el ámbito local las viviendas de uso turístico (VUT) y los apartamentos turísticos.
Sin embargo, PP y Vox consideran que declarar Toledo como zona tensionada "puede provocar un aumento de los alquileres" y apuestan por desarrollar más promociones de vivienda pública para que los precios del mercado inmobiliario se autorregulen por si mismos. Además, apuntan a "la falta de pruebas y estudios" que certifiquen que establecer una tensionada "puede funcionar".
Por ello, el grupo municipal del PP presentó otra moción "en defensa de viviendas a precios asequibles", que fue aprobada con el apoyo de Vox, mientras que PSOE e IU-Podemos votaron en contra. Con ella se instará al Gobierno de España a retirar el índice de Precios de Alquileres
publicado en el Boletín Oficial del Estado el 15 de marzo de 2024 y se solicitará la elaboración de "estudios independientes de impacto en el mercado de manera previa a la declaración de zonas tensionadas".
Asimismo, se instará al Gobierno de España a "iniciar un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y las entidades locales para evaluar si la intervención de precios de alquiler produce los resultados esperables, teniendo en cuenta la realidad de los distintos territorios".
"Después de que Pedro Sánchez anunciase más de 100.000 viviendas hace un año, de que nos dijese que se iban construir 20.000 viviendas púbicas en alquiler o que se iban a poner a disposición todos los inmuebles de la Sareb... no se ha hecho nada y se ha retraído el mercado de la vivienda, imposibilitando que mucha gente pueda acceder, estableciendo normas y reglas que perjudican a ese mercado", sostuvo en su intervención el concejal de Vivienda, José Manuel Velasco (PP).
El edil del PP afirmó que si se aplica el índice de precios establecido por el Gobierno, podría provocar "una subida de entre 50 y 60 euros" a una vivienda de Azucaica donde el alquiler "tiene de media entre 380 y 420 euros". Sin embargo, la normativa referida a declarar una zona tensionada no tiene como objetivo ni obliga en alguna manera a elevar estos precios si no que lo que hace es establecer un precio máximo en base a la renta media de cada municipio y el precio de la vivienda.
Suelo para más promociones
En la misma línea se pronunció el concejal de Planeamiento Urbanístico, Florentino Delgado (Vox), que cree que lo que está haciendo el Gobierno de España es "intervenir los precios en zonas tensionadas sin convicción, solo porque se dejan arrastras de aquellos extremos -políticos- con los que hacen tan buenas compañías". "La solución no pasa por la intervención administrativa que tanto les gusta... Se han repartido el Gobierno en los últimos 40 años, a qué han estado esperando para proporcionar vivienda a los españoles", remarcó.
En este sentido, anunció que su objetivo para promover vivienda asequible en la ciudad pasa por "facilitar el suelo correspondiente para que, puesto en manos de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV), se lleve a cabo la construcción de viviendas de cualquier tipo que la ley contemple y que ustedes han dejado de hacer", agregó Delgado.
Por su parte, Txema Fernández señaló que la moción del PP "no pone el foco en la necesidad de encontrar una vivienda accesible y asequible". "En vez de poner e foco en la problemática social ponen el foco en la norma. Ustedes verán de que quieren discutir, si de problemas reales o de problemas jurídicos. Es una pena que mientras hoy muchas personas buscan casa en Toledo y no encuentran alquileres se oferten áticos de 30m2 por 650 euros en el Casco Histórico", agregó.
De su lado, la concejala socialista Ana Escalante criticó que la política de vivienda por la que apuesta el PP consiste "en recalificar suelo y que vuelva la especulación". "Al PP lo que realmente le molesta es que un ciudadano pueda acceder a la universidad y a una vivienda en propiedad, eso se queda para la élite". "El liberalismo salvaje no funciona. Durante el 'boom' inmobiliario se construyó sin parar y los precios fueron al alza", justificó para rechazar la moción.
"¿Es que no queremos intervenir en los problemas de nuestros vecinos?"
Después de esta moción, el debate sobre la vivienda en Toledo continuó con la propuesta de IU-Podemos, que aludía también a establecer beneficios fiscales para que los propietarios de viviendas vacías o en desuso puedan sacarlas al mercado, o que se modifiquen las ordenanzas municipales para que los Ayuntamientos puedan incluir un recargo en el IBI a las viviendas vacías de entre un 50 y un 150%.
"Según datos del INE en junio de 2023 había 2.521 vacías en la ciudad y otras 1.107 que también pueden considerarse vacías por su escaso gasto energético", indicó Fernández, que aseveró que "un alquiler por encima de 700 euros no es una vivienda asequible" para los salarios medios que hay actualmente en la ciudad, y menos para los jóvenes.
"¿Es que no queremos intervenir en los problemas sociales de nuestros vecinos? También vamos a recaudar más si a esas 3.500 viviendas vacías se les recarga el IBI si permanecen cerradas", insistió el edil, que subrayó la necesidad de que el precio de la vivienda y el gasto de suministros no suponga un gasto mayor al 30% de los ingresos familiares.
En este debate intervino también la vicealcaldesa, Inés Cañizares, que rechazó el "intervencionismo" del Estado para regular los alquileres y expuso ejemplos de propietarios de viviendas que, a su juicio, no podrían rentar las mismas si se aplicase la zona tensionada. Por ello, defendió "el derecho a la propiedad" y criticó también que "en Castilla-La Mancha el PSOE gobierna desde hace más de 30 años y en Toledo en los últimos 16: ¿dónde está la vivienda pública?", cuestionó.
Por su parte, el concejal del PSOE Francisco Rueda aseveró que actualmente "el mercado inmobiliario no es capaz de solucionar el problema por sí mismo". "Toledo tiene rasgos que le hacen especialmente vulnerable como que es una ciudad turística, lo que ha impulsado la proliferación del uso turístico de la vivienda. Lo primero que hicieron -PP y Vox al llegar al Gobierno local- fue paralizar, con argumentos cambiantes, la modificación urbanística que regulaba las viviendas de uso turístico", lamentó Rueda.
"Tenemos la posibilidad con la ley de Vivienda que no podemos dejar pasar ni despreciar como hizo el alcalde diciendo que las que están tensionadas son las administraciones. Esta declaración nos va a permitir intervenir en los precios y poner en marcha una serie de incentivos fiscales para ayudar a arrendatarios", agregó el edil socialista.