Piden más medidas “preventivas” contra el amianto: “Los ex trabajadores de Ibertubo siguen con pruebas”

La Asociación de Vecinos ‘El Tajo’ ha valorado la sentencia, que aún no es firme, de la Audiencia de Madrid que condena a la empresa Uralita por la exposición al amianto de vecinos de su fábrica de Cerdanyola del Vallés, en Barcelona a pagar dos millones de euros, teniendo en cuenta, por primera vez, no solo a los trabajadores sino a vecinos o familiares.

Víctor Villén, portavoz de los vecinos del toledano barrio del Polígono, comenta la sentencia señalando que ya conocían el trabajo de Colectivo Ronda, bufete de abogados especializado en casos de afectados por amianto en el caso de Cerdanyola, con los que ya han mantenido algunos contactos. “Lo que no queremos es llegar a eso. Afortunadamente el amianto que hay en el Polígono es joven y todavía no ha llegado a su madurez”, apunta Villén, porque su periodo de latencia hasta desarrollar la enfermedad está entre los 20 y los 40 años, algo que se produciría – si fuera el caso- a partir de 2022, dos décadas después del cierre de Ibertubo y de que comenzasen a esparcirse por el barrio del Polígono restos de fibrocemento hasta llegar a 90.000 toneladas.

Por eso insisten en la necesidad de mantener una reunión con el consejero de Sanidad, Jesús Fernández. “Queremos plantear lo mismo que se está haciendo con el personal que trabajaba en Ibertubo. ¿Por qué a nosotros como vecinos que lo estamos padeciendo las 24 horas durante 365 días, no se nos hace lo mismo?”, se pregunta.

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Reclaman, como también apunta la plataforma ‘Mi Barrio Sin Amianto’, “medidas preventivas” para conocer “qué índice de población puede estar contaminado o no. En resumen, un estudio. No pedimos radiografías o escáner para los 22.000 habitantes del Polígono” porque, en su opinión, “lo que no tiene sentido es que la muerte de una persona mesotelioma se camufle como muerte por cáncer de pulmón”.

Y es que, lamentan, “después de tres peticiones de reunión al consejero de Sanidad, ni siquiera nos han contestado si las han recibido. El señor consejero está desaparecido pero sí fue tan absurdo como para decir que el amianto no es peligroso”, lamenta. La “teoría”, según el portavoz vecinal, es que “no hay estadísticas que apunten un aumento en el número de cánceres en la comarca y, por tanto, no tienen por qué actuar, según nos dijo el director general de Salud Pública, Manuel Tordera”.

Según han trasladado ex trabajadores de la desaparecida Ibertubo a la Asociación de Vecinos ‘El Tajo’ todavía hoy -cinco años después del cierre de la fábrica- el SESCAM les sigue realizando controles médicos anuales que incluyen, explica la asociación, aspirometrías, radiografías y un reconocimiento general. “De los resultados no tenemos datos”, comenta Villén, pero “tenemos la mosca detrás de la oreja porque  al personal que trabajó en Ibertubo y que vive en el Polígono, se le sigue haciendo reconocimientos”.

Sin respuesta, tampoco, de la Confederación Hidrográfica del Tajo

Víctor Villén comenta, además, que están a la espera de mantener una reunión con la Confederación Hidrográfica del Tajo, responsable del dominio público hidráulico en torno al arroyo Ramabujas, que discurre por algunos de los terrenos en los que se encuentran los depósitos amianto. “Queremos saber qué les parece la opción de encauzar el arroyo y dejar el amianto condenado a un lado y a otro. No sabemos hasta qué punto lo consiente”.

Esta redacción se ha puesto en contacto con la Confederación Hidrográfica, sin respuesta hasta la fecha. En noviembre de 2016 este organismo daba por concluida la retirada de los restos de amianto de su competencia tras practicar dos “operaciones”. “En una visita a la Delegación del Gobierno, el anterior presidente de la CHT expresó su compromiso de mantenernos informados y, a pesar de pedirlo por activa y pasiva, no lo hemos conseguido”, concluye Villén.