La Guardia Civil investiga al propietario de una empresa de construcción por su presunta implicación en la gestión irregular de residuos con amianto, tras detectar un almacén clandestino en la comarca de La Sagra donde se acumulaban más de 50 toneladas de residuos peligrosos.
La investigación, desarrollada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Illescas, se inició a raíz de una denuncia sobre una nave industrial situada en la zona norte de la comarca, donde se almacenaban de forma irregular residuos con contenido en amianto, conocido comúnmente como uralita.
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Las primeras pesquisas permitieron determinar que la empresa realizaba trabajos de desmontaje de elementos con amianto en estaciones de tren, naves industriales y asentamientos irregulares de las provincias de Alicante, Barcelona, Ciudad Real, A Coruña, Madrid, Murcia y Toledo.
Más de 750 toneladas manipuladas de forma irregular
Según la investigación, la empresa habría manipulado de forma irregular más de 750 toneladas de residuos con amianto. La Guardia Civil sostiene que estos materiales no fueron retirados conforme a los protocolos establecidos, que obligan a humedecer y encapsular las placas para evitar la liberación de fibras de asbesto durante su desmontaje.
La omisión de estas medidas habría incrementado el riesgo de dispersión de fibras cancerígenas, con el consiguiente peligro para la salud de los trabajadores y para el medio ambiente.
Durante la investigación también se constató que seis trabajadores accedían de manera habitual al almacén clandestino y permanecían expuestos de forma continuada a las fibras de amianto sin contar, presuntamente, con las medidas de protección exigidas por la normativa.
Presuntas falsedades documentales
Los agentes del Seprona detectaron además diversas irregularidades en la actividad de la empresa. Entre ellas, la supuesta remisión a la Administración de mediciones fraudulentas sobre la calidad del aire, realizadas en un lugar distinto de donde se ejecutaban los trabajos, así como la facturación de conceptos inexistentes.
Asimismo, la Guardia Civil señala que la documentación relativa al destino final de los residuos habría sido alterada para hacer constar su entrega en vertederos autorizados, cuando, presuntamente, estos habrían sido abandonados en la nave industrial investigada.
Por estos hechos, el propietario de la empresa ha sido investigado como presunto autor de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, contra los derechos de los trabajadores, contra el patrimonio y por falsedad documental.
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