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Participar para que la próxima legislatura responda a quienes más lo necesitan Las elecciones municipales y autonómicas de 2027 en Castilla-La Mancha marcarán decisiones que afectan al acceso a la vivienda, los servicios sociales y las oportunidades de vivir con dignidad. Para que la próxima legislatura reduzca la pobreza, los programas electorales deben construirse con las personas que la viven y traducirse en derechos efectivos, presupuestos suficientes y compromisos que puedan evaluarse.
La pobreza debe estar en el centro del debate público Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, en 2025 el 34,0 % de la población de Castilla-La Mancha estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 25,7 % del conjunto de España. Son más de uno de cada tres ciudadanos. La tasa AROPE reúne tres dimensiones: riesgo de pobreza monetaria, carencia material y social severa y baja intensidad en el empleo. Basta encontrarse en una de ellas para formar parte del indicador; sus porcentajes no se suman.
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Detrás de estos datos hay hogares que aplazan una factura para comprar alimentos, personas que no pueden asumir un alquiler y familias para las que aceptar un empleo depende de disponer de transporte o apoyos para los cuidados. Son situaciones que muestran cómo se acumulan las desventajas: la falta de ingresos limita el acceso a una vivienda y la inestabilidad residencial dificulta sostener un empleo o continuar los estudios.
La pobreza no puede explicarse como un fracaso individual, sino como la suma del deterioro de las condiciones del mercado de trabajo, el aumento del coste de la vivienda, la distribución de los cuidados y el acceso desigual a los servicios influyen en las oportunidades. Por eso, la respuesta necesita políticas coordinadas y una financiación capaz de sostenerlas durante toda la legislatura.
Qué se decide en las elecciones municipales y autonómicas de 2027
Las elecciones municipales determinan la composición de los ayuntamientos; las autonómicas, la de las Cortes de Castilla-La Mancha, que aprueban leyes y presupuestos y eligen a la Presidencia de la Junta. Ambas escalas importan porque las decisiones públicas se concretan en servicios, prioridades de gasto y condiciones de acceso.
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En el ámbito municipal, competencias como la atención inmediata ante situaciones de exclusión, la vivienda de protección pública o el transporte urbano conectan con necesidades cotidianas. La capacidad de actuación depende del marco legal y de los recursos de cada municipio. En los pueblos pequeños, la cooperación con las diputaciones y la Junta resulta especialmente relevante.
En el ámbito autonómico se deciden políticas de vivienda, asistencia social y transporte regional, además de actuaciones educativas y sanitarias dentro de su marco competencial. Que un recurso exista en una norma no basta: su financiación, cobertura territorial y accesibilidad condicionan que llegue a quien lo necesita.
Somos conscientes de que ninguna administración puede resolver por sí sola todas las causas de la pobreza.
Los programas deben precisar qué corresponde al ayuntamiento, qué debe impulsar la Junta y qué requiere coordinación con el Estado. Esa claridad permite exigir responsabilidades y evita que las personas recorran distintas ventanillas sin encontrar una respuesta.
Escuchar la experiencia mejora las políticas públicas
Las estadísticas permiten conocer la dimensión de la desigualdad, pero la participación social aporta otro conocimiento imprescindible: por qué una ayuda no llega, qué trámite resulta inaccesible o por qué un servicio no encaja con la vida cotidiana. Una solicitud exclusivamente digital puede dejar fuera a quien carece de conexión; una cita distante puede ser inalcanzable para quien no dispone de transporte.
Incorporar esa experiencia desde el diseño de las medidas ayuda a detectar barreras y a corregir respuestas que, aun bien planteadas, fallan en su aplicación. Las personas en situación de pobreza son titulares de derechos y deben poder intervenir en la definición de los problemas, las prioridades y la evaluación de las soluciones.
La participación efectiva requiere condiciones materiales: información comprensible, accesibilidad, apoyos para el desplazamiento y los cuidados, horarios compatibles y alternativas presenciales. También exige una devolución clara sobre qué propuestas se incorporan y por qué otras no. Sin esa respuesta, la consulta corre el riesgo de convertirse en un trámite.
El XVII Encuentro Regional como espacio para construir propuestas
El XVII Encuentro Regional de Participación de EAPN-CLM, previsto para el 22 de septiembre de 2026 en Albacete, se sitúa en este proceso de reflexión y Participación colectiva. Permitirá trabajar propuestas desde la experiencia de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, conectándolas con las decisiones de la próxima legislatura.
El horizonte es trasladar esas aportaciones a los partidos políticos en las Cortes de Castilla-La Mancha con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el 17 de octubre. Para reforzar su alcance municipal, sería conveniente hacerlas llegar también a las candidaturas locales y concretar cuáles pueden desarrollarse en cada territorio.
El valor del encuentro estará en dar continuidad a ese trabajo: recoger las propuestas, identificar la administración responsable y establecer mecanismos para conocer su recorrido. La participación debe acompañar la elaboración de los programas y continuar durante la ejecución y evaluación de las políticas.
Prioridades sociales para la próxima legislatura
Las propuestas deben abordar problemas relacionados entre sí. Una mejora de ingresos puede perder su efecto si aumenta el alquiler; una oportunidad laboral puede resultar inviable sin cuidados o transporte.
Desde este enfoque integral, la agenda social de 2027 debería incorporar las siguientes prioridades:
- Garantía de ingresos y acceso a derechos. Mejorar la coordinación entre prestaciones y ayudas, simplificar los trámites y ofrecer acompañamiento para que las barreras administrativas no dejen sin protección a quienes la necesitan.
- Vivienda y suministros básicos. Ampliar las respuestas de vivienda asequible, prevenir la pérdida del hogar y coordinar apoyos frente a la pobreza energética, con criterios de acceso claros y seguimiento de resultados.
- Empleo y cuidados. Conectar la formación y el acompañamiento laboral con oportunidades de empleo de calidad y con servicios que permitan conciliar, evitando que los cuidados no remunerados cierren el acceso al trabajo.
- Infancia y juventud. Reducir las desigualdades de acceso a la educación, la alimentación y la participación social, y facilitar itinerarios de emancipación que contemplen vivienda, empleo y apoyos.
- Medio rural y bienestar social. Acercar los servicios, mejorar la movilidad y mantener atención presencial. Reforzar los Servicios Sociales de Atención Primaria y la colaboración estable con el Tercer Sector, sin sustituir la responsabilidad pública.
De las promesas a los compromisos verificables
Los programas electorales deberían explicar para cada medida qué problema quieren resolver, a quién debe llegar, qué administración la ejecutará, con qué presupuesto y en qué plazo. También necesitan indicadores comprensibles: tiempos de espera, hogares que acceden a una vivienda, solicitudes atendidas o cobertura de servicios en el medio rural.
El seguimiento debe incorporar a las personas afectadas y publicar avances y dificultades. Contar reuniones o ayudas concedidas es insuficiente si no sabemos si mejora la estabilidad de los hogares o disminuyen las barreras de acceso. La rendición de cuentas permite corregir políticas antes de que termine la legislatura.
Desde el enfoque de EAPN-CLM, la participación social es una herramienta de calidad democrática y de lucha contra la exclusión. Las elecciones de 2027 ofrecen una oportunidad para situarla en el origen de las decisiones. Construir una Castilla-La Mancha con menos pobreza exige escuchar a quienes la viven y convertir ese conocimiento en políticas con recursos, continuidad y resultados.
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