OPINIÓN | Vivienda aquí: un fracaso cocido a fuego lento por la Administración regional

Viviendas del barrio del Polígono / Fotografía: Bárbara D. Alarcón

El problema de la vivienda ha estallado, pero no ha sido una sorpresa, porque es el resultado de una nefasta política, que ahora como siempre pagan los que menores recursos tienen. Es la consecuencia de la Administración a negarse a aplicar políticas correctas, a cerrar los ojos a cumplir nada más y nada menos lo que dice la Constitución.

Pero para analizar hasta donde hemos llegado, conviene establecer tres partes, lo que se ha venido haciendo, lo que se está haciendo y en lo que están empecinados seguir haciendo aunque se podrían hacer otras cosas.

Comenzaremos por el artículo 47 de la Constitución y parece que se han empeñado en realizar todo lo contrario de lo que dice: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

Lo que se ha venido haciendo

La Junta de Comunidades recibió del Estado todo el suelo del Polígono de Toledo por el precio simbólico de una peseta, es decir 0,0011 euros, regalado.

El primer y grave error que ha cometido la Junta es vender el suelo (de todos) y ponerlo en manos de la especulación pura y dura. Hay figuras para realizar viviendas sobre suelo público con derecho a su uso en tanto que la vivienda exista pero con la norma de volver a la administración siempre y no dejarlo a la suerte de la especulación. Hoy el suelo de más de 9.000 viviendas en el Polígono ha pasado de ser público a privado.

Otro error ha sido permitir que la vivienda pública, en ocasiones fuertemente subvencionada, deje de serlo en unos años, la consecuencia es que todo el suelo público y toda la vivienda pública con ingentes ayudas e inversiones públicas terminan en el mercado de la especulación como una mercancía y un negocio más. Con ello se pisotea, se desprecia y se incumple un punto esencial de la Constitución cuando esta dice en su artículo 47  que hay que regular  "la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

No se ha impedido la especulación y se han promovido unas leyes o normativas que han ido en dirección contraria poniendo suelo y vivienda en manos de la especulación, cuando tenían todas las herramientas para evitarlo y además la obligación. Contrariando a la Constitución, la Junta de Comunidades "no ha promovido las condiciones necesarias ni ha establecido las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”, más bien ha operado en sentido contrario.

Sí, esta situación es extrapolable y repetida en otros muchos lugares, por lo que cientos de miles de viviendas, millones, que deberían ser públicas hoy están al servicio de la especulación. ¿Grave, no?

Pero si hay un lugar donde la foto fija es tan nítida y clara es en Toledo, es en el Polígono, porque Toledo con un barrio en el que el suelo es todo público con más de 9.000 viviendas públicas como parte de una población de 85.000 habitantes en la capital, la vivienda en alquiler o compra debería ser muy asequible, pero no lo es porque se ha permitido liberar viviendas pasando al mercado libre. Y encima vemos cómo el consejero de Fomento, Nacho Hernando, celebra el elevado precio de la vivienda como un éxito de la ciudad, delirante cuando declara: "Los alquileres tensionados en el Polígono, un problema del éxito".

Y por si hay dudas, hoy todas estas viviendas podrían ser públicas, y se podría evitar la venta entre particulares sin pasar por la Junta, estableciendo esta el precio actualizado, no el especulativo, pero no se ha hecho y ahora estalla “la bomba”.

Pero todavía se siguen haciendo discursos cara a la galería como cuando la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, “pide a las comunidades blindar su parque público de vivienda y los socios del Gobierno le reprochan su falta de valentía”. Parece que ella no haya estado en el Gobierno de Castilla-La Mancha antes de llegar a ser ministra, que ella no haya sido partícipe de la situación actual.

Lo que se está haciendo

La Junta de Comunidades lleva más de diez años negando dar suelo para vivienda en el Polígono, ello aparte de lo descrito ha colaborado a los enormes precios de alquiler y compra desembocando en el precario estado del alquiler de habitaciones. Ahora hace declaraciones, pero los hechos son muy contradictorios. De una parte anuncia tres promociones de 316, 86 y 124 viviendas, que en junio de 2026 deberían estar en el mercado. En total 526 nuevos pisos, 316 en Río Fresnedoso con un valor de 42,5 millones de euros, aportando los fondos Next Generation 15,7, 86 pisos en Río Cabriel por valor de 11,4 millones aportando 4,3 el Next Generation, y 124 en Gregorio Marañón con una aportación de 6,1 millones, todos ellos de 70 metros cuadrados.

De lo anterior lo que se sabe es que la adjudicación de las 86 viviendas de alquiler "asequible", ¡650 o 700 euros!, en la calle Río Cabriel recayó en la empresa AVG Capital Managament, siendo el administrador único de esta empresa Avintia Grupo Inmobiliario, al que también se le adjudicó el bloque de 124 de Gregorio Marañón y que se volvió a licitar para poder subir el precio del alquiler, (licitaciones a gusto de las empresas).

Aún más paradójico son las 316 de Río Fresnedoso, que el concurso ha dejado desierto. Ahora la Junta de Comunidades dice que reformulará el pliego de construcción de estas viviendas para mejorar su rentabilidad, haciendo referencia el consejero a que puedan realizarse locales comerciales en sus bajos, y que el nuevo pliego estaría en breve, mucho me temo que haya desconocimiento en cuanto el atractivo que puedan tener los locales en esa zona para colaborar en “su rentabilidad”. Como muestra, los locales en su perímetro cerrados o en bruto desde hace años.

Como vemos todo son facilidades para la rentabilidad de las empresas, y con el regusto de la participación de la colaboración público-privada, y las declaraciones de la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, de que ellos no quieren ser caseros. Desde luego si el casero es GICAMAN mejor no, pero dejar la explotación de estas viviendas por 50 o 75 años en manos privadas desde luego es una dejación más de la Junta. Ya sabemos la Junta de Comunidades no quiere administrar viviendas en alquiler, ni hospitales, ni enseñanza. Es la revolución silenciosa a la privatización de todos los servicios, se coge dinero público de la Comunidad, Estado o de Europa y se trasvasa al negocio privado.

Pero veamos los datos siguientes: Esto significa que a las constructoras o fondos de inversión se les da a fondo perdido un 35% del valor de construcción más un 15% del valor del suelo. Que se les deja explotarlas con alquileres de 650 o 700 euros al mes durante 50 a 75 años. Echen cuentas si para las inversoras es buen negocio, pero por si no es suficiente los pliegos de condiciones también contemplan, que “además de la renta inicial o revisada que corresponda, la beneficiaria podrá repercutir a la persona arrendataria los gastos de comunidad e impuestos, tasas o tributos, también satisfechos por ella y que correspondan a la vivienda”.

Desde luego si se da un 35% para construcción y el suelo que tiene un impacto del 15% al valor aproximado de lo que la Junta vendió hace quince años, y aun quieren más, es que la Junta está gestionando mal y , si, hay otras soluciones mejores que ponerlo en manos privadas, pero claro “ la Junta de Comunidades no quiere ser casera”. ¡No lo quiere gestionar! Pero a modo de ejemplo si esa cantidad se le da directamente a la persona que supuestamente alquilara, con el préstamo hipotecario correspondiente y una letra de 600 euros o menos , entre diez y quince años podría estar amortizada, y de paso ser vivienda pública ilimitadamente y sin posibilidad de vender entre particulares sin intervención de la Junta de Comunidades. Reitero es negocio o no la explotación a 50 o 75 años?

Posibles alternativas

Evidentemente hay otras alternativas, pero primero se tiene que querer gestionar o facilitar y desde luego la actitud por parte de la Junta de Comunidades no es esa, pero tampoco del Ayuntamiento de Toledo teniendo una Empresa Municipal de la Vivienda, que además apuesta por extender y hacer más “islas” en nuestra ciudad que solo encarecen servicios y crean núcleos aislados nada comunitarios ni atractivos. Así la alternativa del gobierno municipal es construir en los terrenos del SEPES al fondo del centro comercial fusión, en un fondo de saco “un lugar espléndido y muy acogedor” y el alcalde dice estar a la espera de la contestación de SEPE y la Consejería de Fomento para el cambio de uso comercial a vivienda, como si en el Polígono no hubiese todavía suelo urbanizable e incluso con sus infraestructuras para construir más de 4.000 viviendas. Ver para creer, disparate tras disparate.

Al Ayuntamiento y entidades sociales que en otros tiempo promovieron cooperativas cabe recordarles que esas sustanciales cantidades de los fondos Next Generation, y lo aprobado por el Gobierno, 6.000 millones para vivienda de alquiler asequible y 2.500 millones del ICO, a lo que hay que sumar el acuerdo de la Junta de Comunidades en la resolución de 11/03/2024, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación del Convenio marco de colaboración entre la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Confederación de Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación de España (Concovi), para el fomento de la promoción de vivienda en régimen de cooperativa. [2024/2087], publicado el día 20 del pasado marzo; abren muchas posibilidades, pero hay que trabajarlas.

A todo ello Page apostilló una nueva estrategia de impulso en la vivienda, con la que pretende darle un "electroshock" a uno de los grandes problemas en España. Se va a apostar por el cooperativismo para edificar viviendas tanto de adquisición como de alquiler, rematando con que se daría suelo a las cooperativas a precio tirado o gratis.

Con todos estos ingredientes ayuntamientos y entes sociales tienen campo para realizar propuestas y proyectos, pero sin insistir en resolver los problemas de los ciudadanos sin los ciudadanos.

Porque si durante décadas se pasó al modelo de 90 metros cuadrados y ahora la Junta pasa a proponer como modelo único la de 70 metros, estaríamos cometiendo un error. Para solucionar el problema habitacional y de emancipación a corto plazo, debería tener en cuenta datos muy significativos, como que sobre el 30% de la población vive sola y sobre un 30% en pareja y sin perspectivas de tener hijos. Pero a la vez habrá familias con dos o tres hijos. Adecuar la superficie habitable a las necesidades y posibilidades es el primer paso, porque para mejorar vivienda en superficie siempre en posible para cualquier persona en el tiempo.

Asimismo, bastantes agradecerían poder dar el paso a un adecuado apartamento para emanciparse o dejar de estar pagando cantidades desorbitadas en habitaciones compartidas en pisos, y ello de una forma asequible, que desde luego no son 650 o 700 euros mensuales y más si te pueden endosar tributos y comunidad. También quien necesite vivienda debería moverse, agruparse y buscar sus alternativas acogiéndose a todas las posibilidades posibles, pues modelos tradicionales e innovadores existen. Ahí lo dejo.

Emiliano García García