Manifestación convocada por la Plataforma 8M Toledo en Zocodover / Foto: Alberto López Ramos
La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo la violación de derechos humanos más generalizada en el mundo. De hecho, la OMS alerta de que 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo sufre violencia física o sexual. El problema se agrava cuando las mujeres pertenecen a un colectivo vulnerable. Así, las mujeres con discapacidad tienen un 40% más de probabilidades de sufrir violencia por parte de su pareja que las mujeres sin discapacidad.
De la macroencuesta sobre “Violencia contra la mujer” realizada en 2019 (DGVG, 2020) se extrajeron datos preocupantes sobre la prevalencia de la violencia de género, en cualquiera de sus formas, en lo que respecta a las mujeres con discapacidad. Con un agravante, y es que en el caso de algunas mujeres víctimas de violencia con discapacidad física, intelectual, visual o auditiva, la dificultad para “darse cuenta” de la existencia de esos abusos y agresiones es mayor que en las mujeres sin discapacidad, por lo que la gran mayoría de los abusos y agresiones que sufren estas mujeres permanecen silenciadas.
La situación de estas niñas y mujeres es de doble vulnerabilidad ante la violencia y el abuso, por ser mujer y tener discapacidad. En muchas ocasiones, estas mujeres pueden experimentar formas de abuso que pueden ser difíciles de reconocer para ellas e incluso pueden ser situaciones que se puedan llegar a “normalizar” o pasar desapercibidas por las personas que las rodean. No sólo se pueden dar situaciones de violencia física y sexual, sino otro tipo de abusos como pueden ser: destruir o quitar dispositivos de movilidad o de acceso a la comunicación, obligar a alguien a tomar una medicación, aislar a alguien de su familia y amigos, controlar el dinero de una persona, humillarla o negarle el derecho a opinar o decidir. Hay ocasiones incluso que estas niñas y mujeres necesitan apoyo de otros para poder realizar actividades básicas de la vida diaria, como puede ser su higiene o vestirse. Y esto puede dar lugar a situaciones que favorezcan algún tipo de maltrato que, aunque no comporte una agresión, sí atente contra su dignidad.
Se sabe que la mayor parte de los abusadores y agresores son personas cercanas a la víctima, por lo que pedir ayuda y denunciar al agresor no suele ser fácil. La mayoría de las mujeres con discapacidad no denuncian a su agresor porque pueden sentirse culpables o avergonzadas. Las formas de abuso pueden no ser reconocibles por ellas mismas e incluso las barreras de comunicación pueden interponerse en el camino. La falta de respeto a la persona y la discriminación contra ella por razón de su discapacidad física o mental, ya es un acto de violencia en sí mismo. En este sentido, sabemos que las redes de apoyo social son claves, ya que las situaciones de soledad y aislamiento pueden agravar las circunstancias de abuso y maltrato que pueden sufrir estas mujeres.
Por todo esto resulta esencial que todos y todas las personas que convivimos y trabajamos con mujeres con discapacidad estemos especialmente atentos y seamos sensibles a esta realidad. Es nuestra obligación profesional, ética y humana velar por la integridad y el respeto de todas las personas, especialmente de las más vulnerables, trabajando en la prevención de estas situaciones de violencia y/o abuso y estableciendo los recursos de protección adecuados y accesibles para las mujeres con discapacidad.
Hoy, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desde APANAS queremos alzar nuestra voz contra la violencia ejercida contra todas las mujeres, y reconocer nuestro compromiso con la visibilización y los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
Artículo de opinión de Natalia Bravo, directora del servicio de Atención Temprana de APANAS
