La presencia de restos arqueológicos en Vega Baja es conocida desde muy antiguo. Cada vez que se ha hecho una obra en ese espacio, los vestigios del pasado han aflorado. Aun así, no es hasta el inicio del siglo XXI cuando, en relación al plan urbanístico Vega Baja I y la obligación de realizar excavaciones arqueológicas en cada uno de los proyectos constructivos individuales, cuando se adquiere conciencia de que en el subsuelo no hay ruinas aisladas, sino una traza urbana que se corresponde con una ciudad entera.
El carácter llano de la Vega, de fácil edificación, y su consideración como ensanche natural de la ciudad han puesto y mantenido el espacio a lo largo de los años, principalmente desde que cesó la actividad en la Fábrica de Armas, en el punto de mira de las administraciones y constructores.
La historia del lugar, desde el punto de vista urbanístico, se sitúa en una tensión constante entre urbanización y protección. Parece que nuestra administración local no ha sido, históricamente, muy respetuosa con el patrimonio, como ya lo denunciaron varios eruditos a principios del siglo XX. El texto de la declaración de las ruinas del circo romano como Monumento Histórico-Artístico en 1920 es bastante elocuente al respecto, al citar como justificación a dicha declaración las “obras que empezaban a realizarse en los terrenos de las citadas ruinas”.
La necesidad continua, a lo largo de los años, de plantear medidas protectoras, muestra claramente la intención de edificar sobre estos terrenos ignorando las anteriores. En este tira y afloja llegamos al momento actual, casi en idénticas circunstancias, pero con el espacio libre de edificios en Vega Baja bastante más mermado.
Después de la paralización del proyecto urbanístico Vega Baja I, en 2006, la situación, a pesar de la creencia popular, ha variado poco. Cada vez que la ciudadanía cree que Vega Baja se ha salvado, como esto no es así, cada cierto tiempo vuelven a plantearse propuestas, proyectos o planes, para la edificación del espacio, reactivando de nuevo la cuestión.
Después de la última legislatura, en la que hubo una decidida y clara intención de construir en el sitio (una continuación de la política urbanística de los gobiernos anteriores), ante la presión ciudadana, se respondió, una vez más, con una “supuesta” paralización de los proyectos, plasmada en el adelanto del nuevo POM que se pensaba redactar, y en la firma de un Convenio Marco que, según decían, iban preservar el espacio, pero que, en realidad, no protegían nada. Y esto es lo que permite que, en esta legislatura, un miembro del nuevo gobierno municipal se permita plantear, por enésima vez, edificar en los terrenos de Vega Baja para que no queden “muertos”, volviendo otra vez la cuestión al punto de partida.
Y este edil puede decir esto, porque todas las acciones o declaraciones de protección “definitiva” del sitio, han sido, y son, un paripé, para calmar al personal, a la espera de aguas más tranquilas y propicias, para volver a construir. Un clásico, “cambiar las cosas, para que nada cambie”.
Ahora mismo existen varios espacios declarados Bienes de Interés Cultural, y otros, sin construir, que no están catalogados. Se sabe, por innumerables evidencias, que los restos arqueológicos se encuentran tanto en las zonas declaradas, como en las que no lo están, y que, además, son de las mismas características, es decir, forman parte del mismo yacimiento, comparten idénticos valores, y, por lo tanto, no tiene sentido que tengan distinto grado de protección.
En esta reactivación del asunto se habla de analizar otra vez más el suelo, con el fin de “aprovechar” los sitios “vacíos”. Sabemos que en toda ciudad suele haber plazas, jardines, y otros espacios no edificados, pero, a nadie se le ocurriría, en Roma, por ejemplo, levantar un edificio en uno de estos lugares, en medio de las zonas de ruinas. Sin embargo, en Vega Baja, la cuestión se plantea sin ningún problema.
Se han hecho excavaciones, georradares, sondeos, etc., y todos muestran el mismo resultado: hay un urbanismo extenso y complejo, principalmente correspondiente a la época visigoda, pero también romana e islámica, que se extiende por toda la vega, no sólo por los espacios declarados. Con motivo del último intento de construir, sí o sí, allí donde no hubiera restos, “fuera del área protegida, o en terrenos “sin valor arqueológico”, y ante la presión y denuncias realizadas por parte de la ciudadanía defendiendo la importancia e integridad del sitio, no quedó más remedio a los responsables políticos que retomar la cuestión de “delimitar” el yacimiento, para “definir qué restos hay y dónde”, con el objetivo dar una “solución a la zona cuanto antes”. El resultado del georradar volvió a incidir sobre lo que ya se sabía, que el yacimiento de Vega Baja no se circunscribe sólo a las zonas actualmente declaradas, sino que se extiende por todo el espacio analizado.
Más de tres años después, ¿en qué ha quedado la “radiografía exhaustiva” de que hablara Page? En Nada. Nuestros representantes políticos, buenos alumnos del Gatopardo, realizaron una nueva “supuesta” paralización de la urbanización del espacio, cuando en realidad todo seguía igual. El paripé se plasmó en un adelanto del POM y un Convenio Marco, que se vendieron como la solución definitiva, pero que, en realidad, al no ser instrumentos urbanísticos u ordenanzas, carecen de fuerza jurídica alguna en cuanto al planeamiento presente o futuro, además de que en ellos no se dice nada de que Vega Baja va a quedar protegida frente a la especulación urbanística, ni se determina el espacio a proteger. Como en realidad no se ha resuelto nada, en cualquier momento puede salir, como ha sucedido ahora, el político de turno a decir que se debe analizar de nuevo el espacio para ver si existen espacios libres de restos arqueológicos donde poder construir, y así, podemos entrar en una rueda sin fin.
La realidad es que el espacio protegido no se ha modificado ni un milímetro, que sigue en vigor la modificación puntual 28 que permite construir 1698 viviendas y usos dotacionales y terciarios, y que en cualquier momento puede aprobarse otra modificación puntual, o un POM, que ponga a disposición del ladrillo el espacio de Vega Baja que se les antoje a nuestros gobernantes.
Para que las palabras de nuestros políticos fueran creíbles en cuanto al compromiso con el patrimonio y su protección, deberían ir acompañadas de acciones reales como son la derogación de la Modificación Puntual 28, la delimitación correcta del BIC y la redacción de un “Plan Especial de Protección”, “real”, en el que se establezca qué se va a hacer en estos lugares para protegerlos, conservarlos y mantener su integridad.
Lo demás, hablar de protección cuando se mantiene la Vega Baja a disposición de la especulación urbanística, es engañar y confundir al ciudadano, hacer como que se hace algo, pero en realidad no se hace nada y, mientras tanto, se le siguen dando mordiscos aquí y allá, hasta acabar, de facto, con ella.
Artículo de Isabelo Sánchez Gómez, licenciado en Geografía e Historia