La puesta en funcionamiento de los “centros de crisis 24 horas” para mujeres víctimas de violencia sexual es imprescindible desde hace mucho tiempo, porque la violencia sexual es el elefante en la sala al que todo el mundo finge no ver por ser incómodo de observar, pero que no puede ser sacado de ahí sin más. Los relatos masivos que las mujeres han hecho de sus experiencias dan idea de la envergadura y de la normalización de la violencia, del silencio y de las complicidades. Por ello, este 25N, hay que denunciar de nuevo la violencia sexual que se ejerce sobre las mujeres y las niñas de forma aceptada y normalizada por la sociedad.
Ya en la Conferencia Sectorial de Igualdad de 2021 se fijaron los criterios de los créditos necesarios destinados a la creación de los centros de crisis 24 horas. Asimismo, en la ley de libertad sexual de 2022 se promovían estos centros como servicios públicos interdisciplinares de atención permanente en cada provincia y se emplazaba su creación a los seis meses de la aprobación de la norma.
Estamos ya en 2024, y el panorama es desolador: de los cinco centros de crisis que deberían estar en funcionamiento en Castilla-La Mancha, solo se encuentran abiertos el de Albacete y el de Guadalajara, funcionando este último de forma parcial. El resto continúa en obras o licitando mobiliario, o redactando contratos; o vaya usted a saber que traba burocrática viene a servir de excusa. A pesar de que, en prensa, los y las responsables del funcionamiento de estos centros aseguraban en febrero estar ultimando las obras, la realidad es que se ha ido demorando, no sabemos si de forma intencionada o azarosa, su apertura en Castilla-La Mancha (y en todo el país), y puesto que la prórroga concedida por el gobierno central termina en diciembre, desconfiamos de tener el recurso a pleno rendimiento para entonces.
El Gobierno de la región no puede intentar colarnos como un triunfo en sucesivas ruedas de prensa haber hecho dejación de sus funciones, porque abrir solo un centro de atención a las víctimas de violencia de género y otro de forma parcial, a estas alturas, con 5.620 casos reconocidos detectados solo en VioGén hasta septiembre, no resulta ningún logro. Estar mareando a las mujeres que se sienten desatendidas, tampoco.
La atención a las mujeres que sufren violencia sexual y la atención a su entorno no pueden esperar ni minuto más, no solo porque lo marca la ley, sino porque es una emergencia nacional. Luchar para la erradicación de la violencia sexual es un deber ineludible que se hace con recursos efectivos, y no con fotografías y declaraciones en prensa.
Es descorazonador pensar en este momento que las mujeres de Ciudad Real, Toledo o Cuenca no van a encontrar ayuda urgente si son víctimas de agresiones sexuales"
Además de todo esto, llevamos años advirtiendo sobre la privatización de recursos de atención a las mujeres; y ahora asistimos alarmadas a la pérdida intencionada del control y la gestión de la atención a las víctimas de violencia sexual y agresiones por parte de la administración, en favor de una pléyade de organizaciones diversas. La derivación de competencias a empresas y asociaciones supone desvincularse de los procesos y desentenderse de las condiciones en las que se presta el servicio.
Para acabar con toda violencia hacia las mujeres es imprescindible una administración robusta que opte por la intervención directa, y no por limitarse a confeccionar y colgar pliegos en el perfil del contratante. Para la plena apertura y funcionamiento de los centros de crisis 24 horas se requiere implicación continuada, poniendo la erradicación de la violencia en primer plano político. Anunciar en rueda de prensa la contratación de una bolsa de 1500 horas de atención psicológica, como se ha hecho, cuando en realidad se transformará en una asistencia psicológica de 45 minutos al día, es desatender las demandas de las mujeres en riesgo, y es renunciar a implantar una red de atención de proximidad eficaz y potente, que sea referente para las mujeres que necesitan recursos inmediatos.
Es descorazonador pensar en este momento que las mujeres de Ciudad Real, Toledo o Cuenca no van a encontrar ayuda urgente si son víctimas de agresiones sexuales, y aunque es responsabilidad de la sociedad reclamarlo, es también inexcusable para las instituciones cumplir con la legislación que las mandata y las obliga.
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