"No estamos ante una falta de esfuerzo. Estamos ante un modelo laboral y social que ha dejado de cumplir su promesa básica: que quien trabaja pueda vivir"
En España, más de medio millón de hogares con niños, niñas o adolescentes a cargo viven en situación de pobreza laboral. Es decir, tienen empleo, pero no ingresos suficientes para garantizar una vida digna. El dato no es nuevo, pero sigue siendo escandaloso: uno de cada seis hogares donde se trabaja está atrapado en la pobreza. La realidad, descrita con precisión en el último informe de Save the Children, es tan dura como inaceptable: el trabajo ha dejado de ser una vía de integración y se ha convertido en un factor más de exclusión.
La pobreza laboral no es una anomalía del sistema. Es una de sus expresiones más brutales. Y cuando afecta a hogares con menores, como ocurre en cientos de miles de casos, se convierte en una violencia institucional contra la infancia. No es una cifra. Es una condena que se hereda.
Las familias monoparentales, encabezadas en su mayoría por mujeres, sufren esta situación con especial dureza: el 32% vive en pobreza laboral. Las familias numerosas alcanzan un 36%. Las personas migrantes, jóvenes y trabajadoras autónomas también están sobrerrepresentadas. En muchas comunidades, como Andalucía o Castilla-La Mancha, más de uno de cada cuatro hogares con hijos está empobrecido pese a tener ingresos laborales.
No estamos ante una falta de esfuerzo. Estamos ante un modelo laboral y social que ha dejado de cumplir su promesa básica: que quien trabaja pueda vivir. El sistema penaliza a quienes cuidan, a quienes crían, a quienes sostienen la vida. La conciliación es un privilegio. El empleo a jornada completa no basta. Los salarios no cubren el coste real de la crianza. Y el Estado, lejos de corregir la desigualdad, la perpetúa con políticas ineficaces, ayudas mal diseñadas y burocracia asfixiante.
El Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI), que debería ser la gran herramienta para combatir esta injusticia, solo llega al 12% de las familias que lo necesitan. No porque no haya recursos, sino porque no hay voluntad política para universalizar el acceso, simplificar la gestión y asegurar que el Estado esté a la altura de su responsabilidad.
El problema no es técnico. Es profundamente político. España ha ratificado la Carta Social Europea, que obliga a garantizar a toda persona una remuneración suficiente para vivir con dignidad y proteger a la infancia de la pobreza. El Comité Europeo de Derechos Sociales ha señalado que nuestro país incumple esos compromisos. Lo hace cada vez que permite que el trabajo se pague con miseria. Lo hace cada vez que invisibiliza la pobreza infantil que nace del empleo mal pagado, parcial, discontinuo o incompatible con la vida familiar.
Esta situación no puede seguir normalizándose. No hay democracia real si criar implica empobrecerse. No hay Estado del bienestar si millones de trabajadores viven en la pobreza. Y no hay igualdad si la infancia de miles de niñas y niños queda marcada desde su origen por las condiciones laborales de sus padres y madres.
El coste medio anual de criar un hijo en España supera los 9.000 euros. Pero no existe una prestación por crianza universal. No hay red pública suficiente de cuidados. No hay garantías efectivas para conciliar. La maternidad, en este país, se paga con precariedad. Y el empleo, para muchas familias, se convierte en una trampa sin salida.
La pobreza laboral no se combate con titulares ni con discursos. Se combate con medidas estructurales. Con reformas valientes. Con inversión pública. Con redistribución.
Lo que se necesita con urgencia es:
Una prestación universal por hijo o hija, sin condiciones excluyentes ni trámites innecesarios.
Un sistema nacional de cuidados, que permita a las familias trabajar y criar sin castigos económicos.
Una reforma laboral que acabe con la parcialidad forzada, los empleos discontinuos y los contratos trampa.
Una fiscalidad justa, donde quienes más tienen contribuyan proporcionalmente a sostener el bienestar común.
Una política pública de conciliación y empleo con perspectiva de infancia, no pensada para maquillar cifras, sino para garantizar derechos.
El empleo no puede seguir siendo un generador de pobreza. Trabajar no puede significar sobrevivir. Y criar no puede ser una causa estructural de exclusión.
Si la infancia sigue creciendo en hogares que no llegan, si las madres siguen criando entre la culpa y la deuda, si los salarios siguen sin alcanzar, el problema no es la pobreza. El problema es el país que la permite.
Porque cuando el empleo empobrece, el Estado está fallando. Y lo está haciendo de forma deliberada.
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