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En Toledo, las aulas de nuestras hijas e hijos se han convertido en auténticos hornos. Mientras los termómetros superan los 35 grados dentro de los colegios, la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento llevan años enfrascados en un juego vergonzoso: pasarse la pelota sobre de quién es la competencia. La Junta señala al Ayuntamiento; el Ayuntamiento culpa a la Junta. Pero mientras los políticos se blindan en sus despachos con aire acondicionado, hay una realidad insoportable que nadie está queriendo ver. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que la burocracia pese más que la salud de los niños?
La ironía es evidente. En 2014, Emiliano García-Page, entonces alcalde de Toledo, exigía a María Dolores de Cospedal que la Junta asumiera el mantenimiento y la limpieza de los colegios porque, decía, era su competencia. Hoy, desde la Presidencia regional, se recuerda que los centros de Infantil y Primaria son de titularidad municipal. Parece que las competencias cambian según el despacho desde el que se miren.
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Las políticas de austeridad que instaron la reforma de la ley de bases del Régimen local de 2013 preveía que las comunidades autónomas asumieran determinadas funciones sobre estos centros, pero en Castilla-La Mancha ese traspaso nunca llegó a completarse. Un limbo perfecto para pasarse responsabilidades y pésimo para resolver problemas.
También necesitamos transparencia del Ayuntamiento. Ha solicitado ayudas para climatizar Alfonso VI y Gómez Manrique, y no cuestionamos que esos centros las necesiten. Pero las bases exigían que los centros fueran de titularidad local y permitían presentar más solicitudes. ¿Resulta qué si son de su competencia, o no? ¿Qué baremo utilizó el Ayuntamiento? ¿Cómo se valoró cada colegio? ¿Por qué solo dos?
Mientras tanto, las familias hacemos el trabajo que las administraciones no hacen. En el aula TEA del CEIP Rosa Parks llevan años reclamando climatización porque el calor puede agravar problemas de salud, incluidas crisis epilépticas. Ante el silencio institucional, la estrategia de las administraciones ha funcionado: el desgaste ha obligado a unos padres a comprar un ventilador de su propio bolsillo. Juegan a callar para que nos cansemos de reclamar y terminemos buscando nuestras propias soluciones. La situación es tan surrealista que el resto de las familias ya nos planteamos pasar la hucha para financiar la climatización del colegio. ¿De verdad esa es la solución? ¿Hemos asumido que la salud de nuestras hijas e hijos depende de que los padres paguemos lo que los políticos se niegan a gestionar?
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La Junta tampoco puede desentenderse. Inspección de Trabajo ha constatado infracciones por riesgo térmico. ¿Por qué el personal de un colegio debe soportar condiciones que no consideraríamos aceptables en una Consejería, un hospital o un centro de salud? ¿Son trabajadores de segunda? ¿No se les aplica la misma normativa de prevención de riesgos laborales?
Y no hablamos solo de climatización: goteras, cubiertas, patios sin sombra, falta de árboles o zonas techadas. Para algunas cosas aparecen presupuesto y voluntad política,
como los grandes festivales gastronómicos, las luces ornamentales o los eventos en la calle. Para los colegios públicos, aparecen las dudas competenciales.
Lo que tampoco podemos aceptar es que estudiar en condiciones dignas y seguras dependa del dinero de cada familia. No puede ser que quien pueda pagar un colegio privado tenga más garantías de que sus hijos estudien en instalaciones adecuadas, seguras y bien mantenidas, mientras la escuela pública queda a expensas de subvenciones que vienen de Europa, excusas y colectas de madres y padres.
Mientras ellos se pasan la pelota, las familias pasamos la hucha y nuestras hijas e hijos siguen pasando calor.
Roberto González Serrano, padre de un alumno de 5º de primaria del CEIP Rosa Parks y miembro del AMPA Polígono
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