Un grupo de vecinos y vecinas de Méntrida preocupado por el posible impacto que puedan generar en el municipio un total de siete macroproyectos que prevén la instalación de plantas fotovoltaicas sobre una superficie de unas 2.000 hectáreas ha puesto en marcha la asociación Salvemos los Campos con el objetivo de evitar "un desastre ecológico y social sin precedentes para la localidad al convertirla en un mar de placas solares".
Ya el pasado mes de enero denunciaban a este medio las intenciones de tres multinacionales fotovoltaicas -las alemanas Viridi y ABO Wind, y la española Solaria- de emprender estos proyectos que, subraya la asociación, supondrían “un ataque al medio ambiente, a la agricultura, a la Denominación de Origen Méntrida y al paisaje” de la localidad. El conjunto de las instalaciones planteadas ocuparía un 23% de su superficie total según las 2.000 hectáreas previstas, un dato que confirmaba el alcalde del municipio, Alfonso Arriero, en el pleno municipal del pasado mes de febrero en el que se debatió sobre esta cuestión.
Ante esta situación, Salvemos los Campos manifiesta oponerse a las consultas de conformidad urbanística para este tipo de proyectos emitidas por el Ayuntamiento de la localidad y exige su modificación. Para ello, ha registrado una petición en el Consistorio en la que solicita que se revise la documentación emitida por el anterior arquitecto municipal José María Jiménez Robles, quien fue sustituido tras una sentencia que obligó al Consistorio a readmitir al anterior arquitecto.
Salvemos los Campos considera que estos informes contienen "numerosas imprecisiones e interpretaciones incorrectas siendo el más grave la consideración de estas plantas solares como infraestructuras de uso dotacional de equipamiento privado cuando se trata en realidad de industrias que generarán electricidad para su vertido a la red general, y en ningún caso para el autoabastecimiento de la localidad". "Esto supone un cambio relevante en la interpretación que debe hacerse de la normativa urbanística, y en especial de las normas subsidiarias con las que cuenta Méntrida -del año 1985- porque a nivel legal este tipo de macroinstalaciones no podrían tener cabida en el término municipal", manifiestan.
Transparencia municipal
Además de pedir la revisión de los informes, la asociación también exige transparencia al Ayuntamiento y pide que, en virtud del artículo 6.2 del Convenio de Aarhus, se publiquen todas las consultas de compatibilidad urbanística de plantas solares registradas hasta ahora, incluyendo la lista de parcelas afectadas, pues reprochan que a día de hoy esta información no se ha hecho pública y las vecinas y vecinos desconocen el alcance de dichos proyectos, ni siquiera si afectan o no a sus propiedades.
El Convenio de Aarhus, recuerda la asociación, es de obligado cumplimiento en España y obliga a todas las administraciones, en virtud de la Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia medioambiental.
Finalmente, y dada "la caótica situación creada por el desarrollo de estos proyectos sin los instrumentos adecuados", Salvemos los Campos reclama en su escrito que se acuerde la revisión de las normas subsidiarias mediante la aprobación de un plan de ordenación municipal, y que hasta entonces se suspenda cualquier trámite relacionado con las licencias municipales, al igual que se está haciendo en otros municipios españoles como en el caso de Sabiñánigo o Jaca (Aragón).
Y es que, "de llevarse a cabo estos proyectos según se han planteado al Ayuntamiento de Méntrida, implicarían un desastre ecológico y social sin precedentes para la localidad al convertirla en un mar de placas solares, pasando a formar parte de esa burbuja especulativa en la que parecen haberse transformado las energías renovables en tiempos de pandemia".
Según explica Juan Portillo, miembro de esta asociación, Salvemos los Campos nace "desligada a formaciones políticas" el pasado 5 de febrero, aunque llevan ya trabajando desde el pasado verano una vez que varios comerciales de las mencionadas empresas estén ofreciendo comprar terrenos rústicos a diversos propietarios para poder llevar a cabo la instalación de plantas solares.
"Por supuesto que estamos a favor de las energías renovables", resalta la asociación que, no obstante, considera que los megaproyectos que se plantean, entre los que por ejemplo la empresa Viridi abarcaría entre 700 y 1.000 hectáreas de terreno municipal, podrían generar "un grave impacto medioambiental". "No tiene sentido destruir el campo, también es destruir el planeta", lamentan, al tiempo que subrayan que la energía que producirían estas fotovoltaicas no darían energía el pueblo toledano, por lo que apuestan por "un desarrollo racional y respetuoso" con el medio ambiente.