“Nos tenemos que anticipar a la situación que nos vamos a encontrar una vez superada la crisis sanitaria. En esos momentos el objetivo será no dejar a nadie atrás, tenemos que atender a los ciudadanos”. El vicepresidente de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro, ha señalado que pedirá al Ministerio de Fomento, en una reunión telemática, que se obligue a los “grandes tenedores de vivienda” a que se acojan a la moratoria de alquiler para que las familias “vean aliviada su situación económica”.
Así lo propondrá la región al equipo de José Luis Ábalos, ministro de Fomento. Además, en el caso de que el Gobierno de España no tomase esa decisión, desde el Ejecutivo castellanomanchego van a “analizar las posibilidades” de poder llevar a cabo esta moratoria con las 6.700 viviendas que son propiedad de la junta de Comunidades. Porque son, también, 6.700 familias.
Por otro lado, desde el Gobierno han anunciado que se están implantando medidas en coordinación con el resto de las instituciones, como las diputaciones “para la recuperación económica y atención social” de las personas que se hayan visto afectadas por la crisis sanitaria. Y, además, aseguró que el Ejecutivo es partidario de implementar una “renta de garantía” para el conjunto de familias que se hayan visto afectadas por la crisis, y que puede ser complementada con otro tipo de medidas por parte de las comunidades autónomas.
ERTEs que afectan a más de 15.000 personas
El vicepresidente de la Junta de Comunidades ha señalado que son ya más de 15.000 las personas de la región que se han visto afectadas por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo superan ya las 15.000. En concreto, 15.034 personas. En la provincia de Albacete son 3.282 las afectadas, en Ciudad Real 2.829, en Cuenca 1.551, en Guadalajara, 1.634 y en Toledo son más de 3.800. A ello se suman ERTE que afectan a personas de distintas provincias: un total de 866.
“Nos preocupan estas quince mil familias que van a verse afectadas económicamente y por eso tenemos que empezar coordinadamente las administraciones a sacar la máxima rentabilidad para atender a las familias que son trabajadoras y a los autónomos que ven paralizada su actividad. Hay que atenderlos para garantizar que nadie se quede en el camino”, concluyó.
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