¿Lucro o bien común?: alternativas a los tratados comerciales

Cabecera de la marcha contra el TTIP y CETA en una imagen de archivo

En los últimos años han proliferado los tratados comerciales y de inversión entre distintos países del mundo para establecer un modelo de relaciones en los intercambios comerciales que llevan a cabo entre ellos. TTIP o CETA son las siglas que simplifican algunos de estos acuerdos que han protagonizado largas negociaciones entre diversos continentes -como América y Europa en el caso de estos dos- y, también, el surgimiento de protestas y movilizaciones por el impacto que pudieran generar en las sociedades que, sin quererlo o no, lo aplicaran.

Ante las autoridades que gestionan llevar a cabo este tipo de tratados comerciales han surgido otros movimientos y colectivos para estudiar las consecuencias de dichos acuerdos en el ámbito económico, cultural, humano, laboral o medioambiental, así como para proponer alternativas a estos modelos y exponer mecanismos de control a los mismos.

Precisamente, en Toledo, con la colaboración de la Concejalía de Cooperación del Ayuntamiento de Toledo y la organización por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha, surgió un proyecto para trabajar en este campo: 'Los municipios ante la nueva generación de tratados comerciales. Una mirada desde la perspectiva de los derechos humanos y el desarrollo sostenible al TTIP'.

En este equipo de trabajo han participado entidades como la Asociación Paz con Dignidad, el  Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), Ecologistas en Acción Toledo, SODePaz-CLM o ATTAC Castilla-La Mancha. Preocupadas por "los abusos del poder corporativo" en cuanto al cumplimiento de los derechos de la sociedad, participaron en un seminario -'Repensar el modelo económico: alternativas al poder de las transnacionales y los tratados comerciales'- que, junto el trabajo posterior que han realizado sus representantes, ha derivado en un documento que propone una serie de alternativas a los tratados comerciales desde las instituciones y la sociedad civil.

Antes de elaborar estas recomendaciones, este grupo de trabajo profundizó en la nueva ola de tratados comerciales en los que está envuelta la Unión Europa y en cómo afectan estos al conjunto de la sociedad, así como también en el impacto de las transnacionales en los ámbitos global y local, en diversas charlas en las que también abordaron los posibles impactos del proyecto del parque temático de Puy du Fou en la capital regional.

Entre las conclusiones que extrajeron enumera que las empresas transnacionales protegen sus derechos mediante un ordenamiento jurídico internacional basado en las reglas sobre comercio e inversiones, un nuevo Derecho Corporativo Global compuesto por miles de normas. Un derecho fuerte que contrasta con la fragilidad de los derechos humanos, laborales y la protección ambiental, explica Erika González, representante de OMAL, que subraya que estos tratados "apuntalan a las empresas y hacen crecer su poder, pero también representan amenazas a la democracia y ponen en riesgo incluso el propio sistema judicial a través de los nuevos tribunales de inversión".

Además, lamenta los impactos negativos que, a su juicio, proliferan en la ecología, el sistema alimentario, la salud o en la mercantilización de los servicios públicos. Estos proyectos, indican en las conclusiones que han elaborado, suponen el marco legal para que las grandes empresas desarrollen y hagan crecer sus finanzas a pesar de "la precariedad, la pobreza o la exclusión social" que, afirman, generan en los países afectados.

Alternativas y cumplimiento de derechos

"Cuando dicen que no hay alternativas a los tratados de comercio e inversión es mentira, hay muchas alternativas", asevera Erika González y corroboran también Fernando del Amo -representante de la Asociación Attac-Castilla-La Mancha-, José Miguel Aparicio -Ecologistas en Acción Toledo- o Ricardo Gayol -Asociación Paz con Dignidad-, que han entregado al concejal de Juventud y Cooperación, Diego Mejías, las recomendaciones que hacen al Ayuntamiento de Toledo para, en el marco de aplicación de estos acuerdos, poder cumplir con los derechos mencionados.

"Los ayuntamientos son el elemento institucional que, por su situación de proximidad directa con la población, mejor puede articular propuestas de la sociedad civil en defensa de sus derechos", resaltan en las conclusiones del documento que han elaborado, en el que, no obstante, también indican las "importantes limitaciones" de carácter jurídico, económico y político que existe, en un contexto "dominado por una regulación europea y estatal que blinda la ley mercatoria".

Así, como primera propuesta destacan como esencial que el Ayuntamiento abra un debate público sobre qué modelo de ciudad se busca en el actual proceso de planificación urbana y gestión de espacios naturales, residenciales e industriales. En el contexto del cumplimiento de derechos, atañen también a la importancia de establecer cláusulas sociales, medioambientales y de igualdad a las empresas y proyectos de creación nueva, así como revisar el cumplimiento de las existentes.

También consideran esencial retomar el compromiso de remunicipalización de los servicios públicos locales fundamentales externalizados en años anteriores, o proteger los espacios naturales y naturalizar más espacios del municipio, anteponiendo estas medidas a "cualquier propósito de inversión, de lucro o de especulación". Además, apuestan por poner en marcha políticas efectivas para frenar la crisis ecológica, especialmente reflejada en el cambio climático.

Otras de las medidas que exponen como camino contrario para ofrecer alternativas al mero lucro de las grandes empresas es desmercantilizar el ámbito d los cuidados, desde la defensa de lo común, y plantear estrategias integrales desde una mirada amplía. "Promover y apoyar de forma directa iniciativas de economía alternativa, social, cooperativa y solidaria en el municipio" es otro de sus planteamientos.

En definitiva, una seria de recomendaciones que permitan también fijar criterios éticos de contratación y compra pública de productos o servicios y recuperar espacios de ejercicio de la soberanía popular "apropiados por el poder corporativo".