El acceso a la vivienda ha sido el asunto que más chispas ha hecho saltar en el debate electoral entre los candidatos por Toledo de cara al 29N, organizado por SER Toledo y El País. Durante el cara a cara, Milagros Tolón (PSOE), Carlos Velázquez (PP), Manuel Mariscal (Vox) y Alejandro Ávila (Frente Amplio) han dejado claras sus diferencias en un intercambio marcado por los reproches sobre quién tiene la culpa del encarecimiento del alquiler, una supuesta irregularidad de Tolón con una Vivienda de Protección Oficial (VPO) y el debate sobre la okupación.
En este primer bloque, Milagros Tolón ha roto el hielo recordando que la vivienda es un problema que afecta a toda Europa y un derecho recogido en la Constitución. Para la candidata socialista, la clave está en que las competencias reales las tienen los ayuntamientos y las comunidades autónomas, desligando así al Gobierno de España de la responsabilidad directa. Una postura que no ha tardado en replicar Carlos Velázquez, a quien le ha llamado la atención que Tolón "quitara de en medio" de estas competencias al Gobierno central, recordándole que existen una Ley del Suelo y una Ley de Vivienda estatales que, a su juicio, "sujetan, constriñen e impiden" la colaboración público-privada.
El candidato 'popular' ha aportado cifras sobre la evolución del mercado desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, asegurando que el acceso a la vivienda ha pasado de ser el decimoctavo problema del país a ocupar el primer lugar. Velázquez reprocha que el precio del alquiler ha subido de 10,4 a 14,3 euros por metro cuadrado y el de compraventa de 1.725 a 2.658 euros, achacando la responsabilidad de esto al Gobierno de España.
En la misma línea crítica, Manuel Mariscal sostiene que, a su juicio, las políticas del Ejecutivo central son "fallidas" y han provocado que el precio de los alquileres "se dupliquen" en la provincia. Para ilustrarlo, el candidato de Vox ha mostrado dos recibos de una vecina de Talavera de la Reina que pagaba 400 euros de alquiler en 2020 y 700 euros en la actualidad por el mismo piso, además de criticar que el plan estatal Casa 47 apenas ofrezca 19 viviendas en esa localidad a precios de "800 euros mensuales".
Por su parte, Tolón defendido la gestión del Gobierno central y acusa a PP y Vox de "tirar balones fuera" y votar en contra en el Congreso hasta en doce ocasiones de medidas en favor de los inquilinos y contra los desahucios. La candidata del PSOE destaca una inversión estatal de 5.500 millones de euros a través del Plan de Recuperación -con los que se prevé construir 25.000 viviendas, de las cuales "15.000" ya están edificadas-, la movilización de 40.000 inmuebles y 2.400 suelos de la Sareb bajo el programa Casa 47, así como un Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 dotado con 7.000 millones. Asimismo, asegura que el Ejecutivo de Sánchez ha invertido 725 millones en Castilla-La Mancha, "catorce veces más" que el anterior Gobierno de Mariano Rajoy.
El enfrentamiento por la VPO de Tolón o la construcción de viviendas en Toledo
Uno de los momentos de mayor tensión del debate ha llegado cuando Velázquez ha aludido a una información publicada esa misma mañana sobre el supuesto alquiler de una vivienda de protección oficial vinculada a la ministra Milagros Tolón. El candidato del PP ha pedido explicaciones y ha advertido de que, si se confirmaran irregularidades, deberían tener consecuencias.
Tolón ha rechazado las acusaciones y ha asegurado que no ha existido ni ocultación ni negocio irregular. Ha explicado que se trata de una situación que se remonta a hace aproximadamente 30 años, que ha declarado en sus declaraciones de renta y bienes desde 1998 y que el alquiler se realizó previa comunicación a la Administración competente y con informes jurídicos favorables. Velázquez ha insistido en reclamar que se muestre la autorización correspondiente.
La discusión ha continuado con reproches sobre la gestión de la vivienda pública en Toledo. Tolón ha acusado al PP de no haber construido viviendas durante su etapa de gobierno municipal y ha recordado que, durante los últimos tres años, se han transformado 260 viviendas de uso residencial en pisos turísticos. Velázquez, por su parte, ha cuestionado el destino de las inversiones anunciadas por el Ejecutivo y ha planteado la necesidad de realizar una auditoría durante los primeros 100 días de un eventual Gobierno del PP.
Alejandro Ávila, representante de Frente Amplio, ha rechazado entrar en el "pim, pam, pum" entre partidos y ha atribuido la crisis habitacional al fracaso de la economía de mercado y a la actuación de los fondos buitre. Ávila apunta que desde 1980 se han privatizado 2,7 millones de viviendas públicas en España y reclama una intervención decidida del Estado para garantizar el artículo 47 de la Constitución.
Entre sus propuestas, Ávila plantea aumentar la construcción de vivienda pública, topar los alquileres para que ningún ciudadano destine más del 25% de su renta, establecer contratos indefinidos con garantías para los pequeños propietarios y declarar zonas tensionadas, responsabilizando tanto al Gobierno de Castilla-La Mancha como al Ayuntamiento de Toledo por negarse a aplicar esta medida.
Okupación, inmigración y propuestas de cierre
La seguridad jurídica y la okupación también han tenido un espacio central en esta parte del debate. Mariscal ha vinculado la escasez de oferta con la llegada de "cinco millones de inmigrantes" a España -"110.000 en la provincia de Toledo"- sin que se haya construido vivienda suficiente, así como con la retirada de pisos del mercado por miedo a la okupación. El candidato de Vox afirma que Toledo es la provincia con mayor número de viviendas okupadas -sin ofrecer los datos concretos- y propone eliminar el IVA en la compra de la primera vivienda, reducir los plazos burocráticos de construcción -que cifra en hasta 18 meses-, endurecer la persecución contra los okupas y promover procesos de "reemigración".
Por su parte, Tolón ha pedido "no manipular" con la okupación y ha defendido la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los desalojos ilegales en la provincia. En paralelo, Velázquez ha puesto en duda el destino de las inversiones anunciadas por el Gobierno alegando investigaciones por "posibles mordidas", por lo que prometen una auditoría en los primeros cien días de mandato, junto con la derogación de la actual Ley de Vivienda, rebajas fiscales para construir un millón de viviendas públicas y privadas y una ley antiokupación que permita desalojos en un máximo de 48 horas.
En el turno de cierre, Tolón ha cuestionado la viabilidad del plan de un millón de viviendas del PP alegando que sus gobiernos autonómicos no han ejecutado medidas similares y ha construpuesto dos modelos: el de la regulación de pisos turísticos y lucha contra la especulación frente al de la derecha. Ávila ha cerrado su intervención coincidiendo en la existencia de dos modelos, aunque critica la falta de autocrítica gubernamental y pone como referentes de gestión pública de vivienda a municipios como Rivas-Vaciamadrid y Marinaleda, instando a los sindicatos de inquilinas a mantener la movilización social.




















