Amnistía Internacional Castilla-La Mancha pide a la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y a la Subdelegación del Gobierno en Toledo que revisen la actuación de la Policía Nacional este viernes en la plaza de Zocodover. Allí, poco antes de la intervención del presidente de Vox, Santiago Abascal, agentes cargaron contra un grupo de unas veinte personas que protestaban contra el acto con banderas palestinas y antifascistas, silbatos y gritos.
"El derecho de reunión pacífica ampara tanto a quienes asisten a un acto político como a quienes acuden a mostrar su rechazo. La obligación de la policía es facilitar y proteger ambos, no elegir entre ellos", señala Rafaela Alonso, coordinadora del grupo de Amnistía Internacional en Toledo. "Pitar, abuchear o corear consignas, incluso ofensivas, es expresión protegida por el derecho internacional de los derechos humanos. La fuerza solo puede usarse cuando es estrictamente necesaria y proporcionada, y como último recurso".
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La organización recuerda que, según las normas internacionales, hechos aislados de violencia no convierten una protesta en no pacífica. Si se producen, deben abordarse de forma específica y proporcionada, identificando a las personas concretas que los protagonizan y sin vulnerar el derecho de reunión del resto de manifestantes.
Según varios medios, uno de los manifestantes se dirigió hacia la zona donde esperaban los simpatizantes de Vox y tiró al suelo el móvil de un periodista que cubría el acto. "Amnistía Internacional condena esta agresión y cualquier ataque o intimidación contra periodistas. La libertad de prensa debe protegerse, también durante las protestas. Se trata de un hecho aislado que debía abordarse de forma específica y proporcionada, y que no justifica dispersar la protesta en su conjunto, y mucho menos a golpes de porra contra personas que se manifestaban pacíficamente", señalan desde Amnistía.
"Sin embargo, en las imágenes se ve a varias personas, mujeres entre ellas, recibir más de un golpe de porra mientras permanecían de pie de forma pacífica. Según organizaciones locales, al menos seis de ellas fueron agredidas por agentes de la policía, que terminaron desalojando a todas las personas que protestaban", añaden.
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Amnistía Internacional valora que el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha haya pedido explicaciones al subdelegado del Gobierno en Toledo y al comisario por lo ocurrido, y pide que esas explicaciones y los resultados de la investigación se hagan públicos.
Lo que pide Amnistía Internacional
Amnistía reclama tras estos hechos "una investigación rápida, exhaustiva e independiente de la carga en Zocodover, con un informe público sobre la necesidad y proporcionalidad de la fuerza empleada". Además, reclama que "la policía priorice la distensión y la comunicación con las personas manifestantes antes de recurrir a la fuerza, distinguiendo entre quienes actúan de forma violenta y quienes no".
También solicita que todos los agentes lleven su número de identificación de forma visible y que se respete el derecho a grabar y documentar la actuación policial, también por parte de periodistas. Reclama también que "no se usen pelotas de goma, porras o espray pimienta contra manifestantes pacíficos ni para dispersar concentraciones pacíficas".
Y, de la misma manera, pide que "se garantice el derecho a la protesta pacífica en el resto de la campaña electoral, hasta el 29 de noviembre, en todos los actos que se celebren en Castilla-La Mancha".
Un patrón que preocupa
Lo ocurrido en Toledo, añade, "no es un hecho aislado". "En Galicia, las protestas contra actos de Vox en Santiago de Compostela y A Coruña terminaron en octubre con cargas policiales y varias personas heridas. Ante nuevas concentraciones en A Coruña y Ferrol, Amnistía Internacional pidió a la Delegación del Gobierno en Galicia que la policía protegiera el derecho de reunión y no usara pelotas de goma, tras difundirse imágenes de disparos a poca distancia y golpes de porra en la cabeza de manifestantes. Durante la huelga general del 11 de noviembre, los equipos de observación de la organización documentaron uso excesivo de la fuerza en varias ciudades", expone el colectivo.
Estas actuaciones, apunta, coinciden con las recomendaciones del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas a España en 2025, que señaló que persiste "la falta de rendición de cuentas por el uso excesivo de la fuerza". Amnistía Internacional reclama desde hace años protocolos públicos sobre el uso de la fuerza y de las armas menos letales, y alerta de la tendencia en Europa a estigmatizar y criminalizar a quienes se manifiestan pacíficamente.
"Una campaña electoral es precisamente el momento en el que más debe protegerse el debate público, también el que incomoda. Defender el derecho a protestar es defender las reglas que nos protegen a todas las personas, piensen lo que piensen", afirma Alfonso Sánchez, responsable de campañas de Amnistía Internacional Castilla-La Mancha.
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