Los ayuntamientos de Castilla-La Mancha podrán decidir desde este viernes si dan luz verde a la tramitación de proyectos de plantas de biometano en sus municipios. La modificación de la Ley de Evaluación Ambiental de la región, publicada este jueves en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), entra en vigor este 24 de julio y otorga a los consistorios un papel determinante en este tipo de procedimientos.
La reforma fue aprobada la pasada semana por las Cortes de Castilla-La Mancha con los votos favorables del PSOE y el rechazo de PP y Vox. El objetivo, según el Gobierno regional, es reforzar la participación de los ayuntamientos para que puedan decidir sobre los proyectos que se planteen en sus términos municipales atendiendo a criterios sociales, económicos y medioambientales.
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La principal novedad es que, cuando el ayuntamiento sea el órgano sustantivo encargado de la tramitación, el pleno municipal deberá aprobar previamente un acuerdo en el que manifieste su conformidad con el proyecto antes de remitir la documentación al órgano ambiental.
En caso de que el pleno rechace la iniciativa, deberá motivar su decisión y el procedimiento no continuará. La única excepción será que el proyecto sea declarado inversión estratégica por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, supuesto en el que la tramitación seguirá adelante.
Además, cuando exista conformidad del pleno, el ayuntamiento deberá emitir un informe sobre la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico vigente y otro sobre su afección socioeconómica y los posibles efectos acumulativos o sinérgicos con otras instalaciones. Estos documentos, junto con el certificado del acuerdo plenario, deberán remitirse al órgano ambiental para continuar con el procedimiento.
La modificación también refuerza el papel de los municipios cuando no sean el órgano sustantivo. En esos casos, el ayuntamiento afectado deberá ser consultado de forma obligatoria y el pleno tendrá que pronunciarse sobre el proyecto, remitiendo igualmente un certificado con el acuerdo adoptado.
La reforma llega en un contexto de creciente oposición vecinal a proyectos de plantas de biometano en distintos municipios de Castilla-La Mancha, donde en los últimos meses se han sucedido movilizaciones y debates sobre el impacto ambiental, urbanístico y social de estas instalaciones. Con el cambio normativo, los consistorios dispondrán de una mayor capacidad para condicionar la implantación de este tipo de proyectos en sus localidades.
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