Las familias que continúan en el ‘Edificio Dignidad’ de Talavera temen un inminente desahucio: “No vemos solución”

‘Edificio Dignidad’ de Talavera (2014) / Julio López Espeso

El ‘Edificio Dignidad’ de Talavera de la Reina, situado en el callejón de San Francisco, se convirtió hace ya más de cinco años en el hogar de 9 familias y 16 niños y niñas, a la vez que en un icono de lucha de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) frente a los desahucios. Sin embargo, algunas de las ocho familias que ocuparon estas viviendas y que continúan residiendo actualmente en ellas temen que en las próximas semanas puedan recibir una orden judicial para abandonarlas.

Así lo trasladan tres de las cuatro familias que, según explican a este medio, permanecerán por el momento en el edificio mientras otras cuatro han aceptado las ofertas que la gestora inmobiliaria -Mosacata- (dependiente de Liberbank) les habría hecho llegar con la intención de recuperar sus propiedades. La proposición de los propietarios, que también ha sido trasladada Miguel Ángel Pino -uno de los inquilinos de este inmueble y portavoz de la PAH de Talavera-, consistiría en una cantidad de dinero con la que podrían abordar el pago de “unas tres o cuatro mensualidades” en otra vivienda.

De no aceptar esta oferta, Pino teme que él y las otras tres familias que quedarían en este edificio reciban próximamente una orden de desalojo, a pesar de que un juzgado talaverano anulara ya una causa -penal- abierta contra estas familias que no podían hacer frente a sus alquileres o hipotecas en otras viviendas y que tomaron este inmueble ante la escasez de viviendas públicas en la ciudad y, también, “por reivindicación” ante las situaciones de tantas familias en España que estaban, y están, perdiendo sus hogares.

Cabe recordar que los vecinos de este inmueble fueron empadronados por el anterior alcalde, Jaime Ramos, para que pudieran disponer de electricidad en las viviendas, obtuvieran la tarjeta sanitaria o pudieran escolarizar a sus hijos.

Afirma el portavoz de la PAH, y así lo corroboran otras dos vecinas de este edificio, que los mediadores no les han ofrecido la posibilidad de negociar un alquiler social en estas viviendas que puedan afrontar con los limitados recursos económicos de los que disponen, en su caso un subsidio por desempleo. Una cantidad con la que apunta que casi no podría ni afrontar una renta de alquiler en Talavera. Lamentan también ambas madres de familia que sin un contrato de trabajo tampoco encuentran arrendadores dispuestos a alquilarles sus viviendas.

Ante esta situación, Pino insiste en poder alcanzar un acuerdo con la gestora inmobiliaria para seguir residiendo en el ‘Edificio Dignidad’ ya que, subraya, con la ayuda que le ofrecen por abandonar su vivienda le servirían para pagar unos meses “unos 400 euros, que es en lo que están ahora los pisos en Talavera, ¿y luego qué?”, cuestiona con la incertidumbre de encontrar trabajo en una ciudad que roza actualmente una tasa de paro del 29%.

“Están metiendo miedo y presionando”

Aunque todavía no han recibido ninguna orden de lanzamiento, el portavoz de la PAH indica que los propietarios del inmueble están “metiendo miedo y presionando”. “Han dicho que han puesto el asunto de nuevo en los juzgados -por la vía civil- y que llegará la citación”, asegura sobre las supuestas advertencias de la gestora inmobiliaria, de la que sus mediadores han declinado hacer declaraciones a este medio.

“No quiero esperar a la carta del juzgado, no quiero entrar en un juicio. Quiero buscar la solución antes de que llegue la carta de desahucio porque sé que la va a haber, pero quiero que el Ayuntamiento tome cartas en el asunto a ver qué pueden hacer ellos”, dice Pino, que agrega que por el momento no han obtenido respuesta para concretar una cita con la nueva alcaldesa, Agustina García Élez. No obstante, afirma que están a la espera de mantener una reunión con el director general de Planificación Territorial y Vivienda de la Consejería de Fomento y concejal en el Consistorio talaverano, José Antonio Carrillo, con la intención de abordar esta situación que sí han podido trasladar a la concejala de Protección Social y Reducción de la Desigualdad, Nuria Sánchez.

Fachada ‘Edificio Dignidad’  (2014) / Julio López Espeso

Por su parte, Lucía y Mónica -nombres ficticios-, que viven con sus cuatro hijos menores de edad -dos de cada una con edades entre los 8 y los 16 años-, y la última también con su actual pareja y padre de su último niño, no tienen trabajo y se ayudan entre ellas con el subsidio que cobra la primera y los ingresos que tiene la pareja de Mónica para subsistir. Ambas sí han podido reunirse con una de las trabajadores sociales municipales y la concejala de Protección Social.

“Nos atienden bien pero no nos dan solución”, cuenta Lucía, que dice que el Ayuntamiento les ha trasladado que esperen “a la orden de desalojo” para poder ayudarles en una situación a la que no quieren llegar. “No podemos esperar a que llegue y que los niños vean el desahucio. Ahora cobro un subsidio de unos 430 euros que se termina en octubre. Quieren que me alquilen un piso que pueda pagar”, asevera esta mujer, víctima de violencia de género y al frente ahora de una familia monomarental.

Sin vivienda social en Talavera

La solución, lamentan, no llegará por encontrar una vivienda de protección oficial con un alquiler asequible a sus actuales posibilidades económicas debido a la escasez de vivienda pública en Talavera de la Reina. En este sentido, tal y como informó la concejala de Protección Social al digital Ahoraclm, las pocas propiedades de las que dispone el Ayuntamiento están concedidas y los 24 pisos de los peones camineros en la calle Capitán Cortés, que se apuntó como una primera alternativa ante la precariedad de vivienda social municipal, siguen sin rehabilitarse.

‘Edificio Dignidad’ (2019) / PAH Talavera

En las declaraciones de la edil a este medio talaverano, también apuntaba a que la solución pueda llegar por parte de la Junta y la Oficina de Intermediación Hipotecaria con la si logran retomar la rehabilitación de las 27 viviendas del Polígono Los Turieles, en propiedad de la empresa pública Gicaman.

En este sentido, ambas mujeres indican que ante la consulta a la mencionada oficina les han dado a conocer que no pueden actuar en caso de propiedades sin título legal, pero sí realizar una labor de asesoramiento a las familias que están ocupando estas viviendas. Por ello, les han informado también desde este recurso gestionado por la Junta que para el acceso a una vivienda pública han de estar inscritas en el registro de demandantes de vivienda, el cual “avanza muy lentamente debido a que carecen de viviendas de nueva construcción y se van ofertando las que quedan vacías y se pueden acondicionar para su habitabilidad”.

“Vemos el asunto muy negro. No vemos solución para los que nos quedamos ahora”, recalca Lucía, que señala que las otras cuatro familias que sí van “a abandonar el edificio en los próximos días” cuentan con un salario o un mayor respaldo económico para encontrar y pagar una vivienda en Talavera ya fuera de un ‘Edificio Dignidad’ que supuso una tabla de salvación ante los desahucios.