El Gobierno de Castilla-La Mancha ha rechazado el hecho de que la Fiscalía de Toledo haya pedido al Juzgado de Instrucción número 3 de la capital regional el sobreseimiento de la causa que investiga la posible prevaricación en la adjudicación del contrato de basuras de la capital toledana a la empresa Sufi, filial de Sacyr, para presuntamente financiar una campaña electoral de la ex presidenta regional y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.
La Junta considera que esta decisión es “más política que judicial” y lamenta que “en este país no haya separación de poderes”. Concretamente, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, ha argumentado, preguntado al respecto, que se trata de una “parte separada” del proceso judicial, lo que ha relacionado con el hecho de que “no hay separación de poderes en este país”. Así lo ha considerado porque “sin haber ciertas declaraciones importantes se llega a una conclusión sin escuchar lo que tiene que decir todo el mundo, incluso las partes más interesadas”.
Según el portavoz, “no se ha ahondado en esta materia lo suficiente”, pues queda mucho que investigar por delante como para que el Estado, de manera unilateral, “sin escuchar a todos los testigos y a todas las personas que están siendo investigadas”, tome esa decisión.
Dicho esto, ha agregado que si la decisión de archivar la causa la ha tomado la Fiscalía tiene un carácter “más político que judicial” porque no lo ha archivado un juez.
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