El nuevo decreto de Castilla-La Mancha para regular las plantas de biogás y biometano permitirá, con carácter general, que los ayuntamientos tengan la última palabra sobre la instalación de estas infraestructuras, aunque establece una excepción que afecta especialmente a la provincia de Toledo. De las ocho plantas que hasta ahora han sido declaradas proyectos prioritarios por la Junta, cuatro se encuentran en municipios toledanos: Noez, Gálvez, Madridejos y Mascaraque.
No obstante, la excepción puede tener un alcance mucho mayor. Según el análisis realizado por la plataforma Stop Ganadería Industrial de Castilla-La Mancha a partir del borrador sometido a información pública, 50 de los 70 proyectos actualmente en tramitación -el 71%- podrían ser susceptibles de ser declarados prioritarios. En esos casos, el rechazo municipal no impediría necesariamente su autorización, ya que la decisión quedaría en manos del Gobierno regional.
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El borrador establece que podrán recibir esta consideración los proyectos situados en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos -que representan aproximadamente el 46% de la superficie regional- cuando vayan a utilizar residuos como purines, vinazas o alperujos. A ello se suman otras figuras administrativas, como las declaraciones de interés regional o los Planes de Singular Interés, que pueden afectar a las condiciones urbanísticas de este tipo de instalaciones.
La cuestión resulta especialmente relevante en Toledo, donde la Junta ya ha utilizado la declaración de proyecto prioritario para iniciativas como las de Noez, donde existe una planta en funcionamiento, y Gálvez, además de los proyectos de Madridejos y Mascaraque.
El Gobierno regional anunció esta regulación después de retirar el pasado mes de junio el Plan de Biometanización, que había recibido más de 15.000 alegaciones de organizaciones, particulares y ayuntamientos. El nuevo decreto pretende establecer unas condiciones homogéneas para una actividad que ha experimentado una fuerte expansión en Castilla-La Mancha y que ha generado una creciente oposición vecinal por sus posibles efectos sobre los olores, el tráfico de camiones, el agua y el territorio.
Dos kilómetros de distancia y controles específicos de olores
El borrador establece como regla general que las plantas deberán situarse al menos a dos kilómetros del límite del suelo urbano, urbanizable o apto para urbanizar de uso residencial. Cuando las instalaciones traten residuos procedentes de cadáveres de animales, la distancia aumenta hasta cuatro kilómetros.
En el caso de hoteles y establecimientos de restauración situados en suelo rústico, la distancia mínima se reduce a 500 metros. El decreto también contempla restricciones para evitar la implantación de estas industrias en lugares especialmente visibles desde miradores o puntos de atracción turística y establece medidas para proteger zonas de interés cultural y patrimonio natural.
Las distancias se calculan tomando como referencia el cerramiento exterior de la planta y, en el caso de las explotaciones ganaderas, el punto donde se encuentren los animales más próximo a la instalación.
Uno de los principales objetivos de la nueva regulación es reducir el impacto de los olores asociados tanto al tratamiento de los residuos como al digestato, el residuo resultante de la valorización de residuos agroganaderos, que suele comercializarse como fertilizante.
Las empresas deberán presentar un estudio de dispersión de olores basado en el modelo del sistema avanzado de simulación de calidad del aire en estado no estacionario (CALPUFF) y garantizar que no se supere un umbral de 1,5 unidades de olor por metro cúbico en el límite del suelo urbano o urbanizable residencial. Las naves de pretratamiento y compostaje tendrán que funcionar en presión negativa y disponer de sistemas de depuración del aire, mientras que los sustratos y el digestato deberán mantenerse en instalaciones cerradas o herméticas.
Además, cuando el digestato se utilice como fertilizante, deberá incorporarse al suelo mediante arado u otros sistemas equivalentes en un plazo máximo de 24 horas.
Los camiones no podrán atravesar los núcleos urbanos
El transporte es otro de los aspectos regulados por el borrador. Los vehículos que trasladen los residuos deberán ser cerrados y las empresas tendrán que presentar un estudio con las rutas previstas y la localización de los puntos de origen de los sustratos.
Como norma general, los camiones no podrán atravesar los núcleos urbanos de los municipios, salvo cuando transporten residuos generados dentro del propio término municipal.
El decreto establece además que el 80% de los residuos que entren en la planta deberán proceder de un radio máximo de 35 kilómetros, mientras que el 20% restante podrá proceder de cualquier punto. Ese radio supone un área de unos 3.848 kilómetros cuadrados, una superficie superior a la de la provincia de Álava.
Para Stop Ganadería Industrial, esta posibilidad supone una de las principales debilidades del texto, al considerar que una quinta parte de los residuos podría seguir recorriendo largas distancias.
Protección de acuíferos y recursos hídricos
La protección del agua constituye otro de los grandes apartados del borrador. Las plantas y la aplicación del digestato deberán respetar determinadas distancias respecto a captaciones de agua subterránea y embalses destinados al abastecimiento de población. El texto fija una separación de 250 metros en estos casos.
Las zonas de almacenamiento tendrán que estar impermeabilizadas y contar con sistemas de recogida de lixiviados. También será obligatorio instalar piezómetros para controlar la calidad de las aguas subterráneas: como mínimo, uno aguas arriba y dos aguas abajo de la instalación.
En las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos se aplicarán además las restricciones previstas en los programas autonómicos de actuación. No podrá aplicarse el digestato sobre terrenos inundados o saturados, durante periodos prolongados de lluvias o cuando exista riesgo de escorrentía directa hacia masas de agua.
El borrador también contempla el tratamiento de las fracciones acuosas generadas durante el proceso, con el objetivo de que puedan alcanzar las condiciones necesarias para su vertido, reutilización industrial o riego autorizado.
Dos años para adaptar los proyectos en tramitación
La nueva regulación no se limita a los proyectos futuros. Las plantas de biometano que ya dispongan de autorización ambiental integrada tendrán hasta el 21 de diciembre de 2029 para adaptar sus instalaciones a las nuevas exigencias.
Para los proyectos que se encuentren en tramitación se establece una suspensión de los procedimientos de autorización ambiental por un periodo máximo de 24 meses, durante el cual sus promotores deberán presentar la documentación adaptada a las nuevas condiciones. Si transcurre ese plazo sin hacerlo, el procedimiento se considerará desistido y se archivará.
El decreto se encuentra actualmente en fase de información pública y el plazo para presentar aportaciones permanece abierto hasta el 24 de agosto.
Stop Ganadería Industrial cuestiona el alcance de las garantías
Anta la publicación del decreto, la plataforma Stop Ganadería Industrial Castilla-La Mancha, integrada por 50 movimientos vecinales de las cinco provincias, considera positivo que el borrador reconozca el papel de los ayuntamientos, pero advierte de que la posibilidad de declarar proyectos prioritarios puede dejar sin efecto esa capacidad de decisión.
La organización sostiene que, si los 50 proyectos susceptibles de obtener esta consideración fueran declarados prioritarios, los municipios afectados no podrían detenerlos mediante un acuerdo contrario a su implantación.
El colectivo cuestiona también las numerosas excepciones que, a su juicio, contiene el texto, así como las distancias de seguridad, la gestión del digestato y el acceso ciudadano a la información sobre el origen y destino de los residuos. Critica además que las inspecciones puedan ser realizadas por entidades privadas de certificación ambiental y reclama una mayor trazabilidad del digestato.
Otro de sus argumentos es que el decreto apuesta fundamentalmente por el modelo de producción de biometano para su inyección en la red de gas, sin desarrollar otras alternativas como el autoconsumo, la cogeneración o las comunidades energéticas.
La plataforma considera, en definitiva, que el borrador supone un avance respecto al anterior Plan de biometanización, pero reclama modificaciones antes de su aprobación definitiva para garantizar que las nuevas reglas puedan aplicarse también a los proyectos que ya están siendo impulsados en la región.
