El pasado lunes volvió a reunirse la Comisión Técnica de seguimiento de las tareas de retirada del amianto del barrio toledano del Polígono. A la misma se remitió el informe técnico definitivo sobre las labores a realizar en las diferentes parcelas donde se encuentra este material, pero todavía no ha sido remitido a las partes ni se le ha dado publicidad. A esta cuestión, entre otras muchas, se ha referido el viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo, durante su comparecencia en comisión parlamentaria par dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Castilla-La Mancha en este controvertido proceso.
Acompañado de Javier Ariza, coordinador de Medio Ambiente de la Viceconsejería, Portillo ha realizado un recorrido histórico desde que la empresa Ibertubo se declaró en suspensión de pagos en 1999 y la Junta de Distrito del barrio pidiera la retirada de los restos de amianto que había dejado la empresa. En todo momento ha insistido en que ninguna de las mediciones del aire realizadas en estos años en las parcelas con fibrocemento ha superado las 0,1 fibras por centímetro cúbico que marca la legislación como límite, y ha insistido en la paralización del proceso durante la legislatura anterior del PP.
Según ha destacado, fue con el Gobierno socialista cuando se dio respuesta a la Fiscalía de Medio Ambiente sobre los requerimientos realizados en torno a esta materia y cuando se ha constituido una comisión técnica con las administraciones implicadas (Ayuntamiento de Toledo, Junta y Confederación Hidrográfica del Tajo) para abordar el problema. Desde entonces, ha detallado, tanto la Confederación, en el arroyo de Ramabujas, como la Consejería de Fomento (a través de GICAMAN) en las parcelas de su propiedad, han retirado los restos.
En cuanto a los siete particulares propietarios de parcelas que aún mantienen los restos, el viceconsejero se ha limitado a recordar que ya han recibido las notificaciones por las que se les insta a proceder a las tareas de limpieza, contra las que cinco de ellos han presentado recurso de alzada. En consecuencia, ha concluido que los resultados de las muestras de suelo y el alcance de presencia de fibras de amianto se circunscriben a núcleos específicos recogidos en el informe técnico que EMGRISA realizó en octubre y que las administraciones competentes mencionadas “ya han actuado al respecto”.
Esta intervención ha sido duramente criticada por el diputado de Podemos David Llorente, quien ha querido recordar que fueron las plataformas vecinales y ecologistas las que consiguieron que la Fiscalía determinara la peligrosidad de los residuos por fibras de amianto en el aire, “por lo que no es aceptable en modo alguno que no se tomen medidas urgentes al respecto”.
Podemos: la administraciones y el “discurso de la negación”
Según ha remarcado, la Fiscalía “desmiente y desmonta todo el discurso de la negación del problema que se ha mantenido de forma falaz e irresponsable hasta ahora”. Ha reprochado a la Junta que esgrima que los valores no superan los límites permitidos cuando la legislación vigente marca los mismos en ambientes de trabajo cerrados y con jornadas de ocho horas. “En este caso, hablamos de residuos que llevan años a cielo abierto y a escasos metros de un vecindario sin condiciones de protección”.
Por eso, ha preguntado al viceconsejero si la Junta asume o no lo contemplado por la Fiscalía sobre la peligrosidad de los vertidos y le ha instado a que, si no hay una legislación al respecto, “baste el principio de precaución para actuar de manera inmediata”. “Las administraciones públicas siguen enzarzadas en una pelea por las medallas, olvidando que está en juego la salud de la gente. Todas ellas, junto con PSOE y PP, son responsables de haber permitido esto durante muchos años”.
Llorente también se ha referido al contenido del informe definitivo pedido por la comisión técnica, avanzando que pide “que la solución al amianto se contrate por vía urgente” y que se mantenga un plan permanente de vigilancia del aire. Por eso también ha preguntado a la Junta si se va a acatar esta decisión, al margen de la petición a los particulares, una vía que “no está funcionando” y que puede retrasar la retirada de amianto si acaba en los tribunales. Finalmente, ha brindado el apoyo de Podemos para solucionar el problema pero ha avisado de que si no actúan, no descartan solicitar una comisión de investigación en las Cortes regionales.
Por su parte, la diputada del PP y también concejal en el Ayuntamiento de Toledo, Claudia Alonso, ha culpado Emiliano García-Page de todo el problema, primero en su faceta como alcalde de la ciudad y ahora como presidente de Castilla-La Mancha. Además, ha considerado que el Gobierno anterior del PP hizo “todo lo que se estaba pidiendo desde la Fiscalía” pero que fue García-Page como alcalde quien se refirió a este asunto como: “una cosa particular de los vecinos del barrio del Polígono, que ya sabes tú como son”.
Alonso ha acusado a la Junta de no haber hecho nada, cuando lo necesario, en su opinión es eliminar con urgencia los restos y el peligro para los ciudadanos. “Hay que mirar qué hacer en cada sitio, con un presupuesto y con un informe de ejecución que han aportado los técnicos. En cuatro meses esta cuestión podría estar solventada”, ha remarcado. Lo más significativo es que ha preguntado hasta en tres ocasiones al viceconsejero si habrá una partida en los presupuestos regionales para esta cuestión, cuando el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Jesús Labrador, ha propuesto esta semana que sea el Consistorio quien se endeude en 13 millones de euros para solucionar la retirada del amianto.
El viceconsejero argumenta que no se puede ir más allá “de lo legislado”
El viceconsejero, en su turno de réplica ha destacado que la Junta no puede hacer otra cosa que referirse “a aquello que está legislado, porque si no hay legislación, no podemos entrar en suposiciones”, en referencia a las parcelas de los particulares. “Eso hace que los procedimientos sean lentos y complicados aunque no hemos obviado la potencialidad del riesgo de las fibras del amianto, diferente al de una situación de emergencia”.
Ha insistido en que las mediciones han sido varias desde julio 2015 y todas ellas han estado “alejadas de lo que nos dice la norma, que son los valores mínimos admisibles”, aunque “eso no significa que este gobierno no esté dando pasos firmes para solucionar el problema”.
“La Fiscalía no nos está acuciando más allá de lo que estamos haciendo”, ha subrayado Agapito Portillo, insistiendo en que entre 2011 y 2014 no se realizó ninguna actuación. Este motivo le ha llevado a pedir apoyo e interlocución como se está dando en la comisión técnica del Ayuntamiento y partiendo del hecho de que “las soluciones no pueden ser tan rápidas como uno quisiera”.
Finalmente, ha adelantado que hasta enero, los dueños de las parcelas tienen plazo para poder presentar un documento, dentro un procedimiento administrativo “normal”, en el que hay que resolver sus recursos de alzada, “donde no todos van a dar la misma solución”. “Ahí es donde estamos, tratando de resolver un problema después de años sin soluciones. Hay que esperar a que tengamos el informe y con arreglo a eso el Gobierno regional actuará con los procedimientos administrativos que correspondan”.
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