La "desprotección" de los mayores migrantes en reagrupamiento y sin tarjeta sanitaria frente al coronavirus

Las personas por las que trabaja Médicos del Mundo en España viven en condiciones muy frágiles. En 2019, esta organización atendió a más de 3.000 personas sin hogar en las ciudades de Valencia, Vigo, Sevilla, Almería, Almendralejo, Palma de Mallorca y Albacete. La mayoría subsisten en alojamientos precarios como chabolas, campamentos, asentamientos temporales, viviendas ocupadas o en la misma calle. En su vida cotidiana, tienen dificultades para acceder al agua y a condiciones de higiene aceptables, a la comida y a la atención sanitaria.

En Castilla-La Mancha, esta organización también ha puesto el acento en las mujeres en situación de explotación sexual y las personas mayores migrantes actualmente en reagrupamiento familar, es decir, pendientes de obtener su permiso de residencia para reunirse con sus familiares directos. Muchos de ellos, son personas mayores. Tras la declaración del estado de alarma, la ONG ha hecho llegar sus primeras peticiones al Gobierno para que dé prioridad a estas personas especialmente vulnerables, que además están menos informadas sobre las medidas que deben adoptarse en situaciones como la actual.

Un dato muy significativo es la mayoría de las personas sin hogar no acceden habitualmente a los centros de salud, sino que son atendidas a través de los servicios de urgencias en una situación grave o extrema. Un 24,3% de las personas sin hogar de nacionalidad española y un 75,7% de otras nacionalidades no tenía tarjeta sanitaria, según el Instituto Nacional de Estadística.

Además, soportan una elevada estigmatización social. En un contexto de saturación de los recursos de salud para atender la epidemia, ese rechazo social "puede dificultar aún más la atención sanitaria que requieren, dando lugar a que no resulten atendidas personas contagiadas por el virus".

¿Y sin tarjeta sanitaria?

Existe otro importante colectivo de población excluida de la cobertura del sistema nacional de salud, como son las personas inmigrantes a quienes la actual legislación todavía les niega la tarjeta sanitaria. Tal como refiere Médicos del Mundo, no son casos aislados y llegan de todo el país. Desde la entrada en vigor del RDL 7/2018 (que derogaba la denominada “exclusión sanitaria”), Médicos del Mundo ha documentado al menos 1.890 casos donde se sigue dando esa exclusión, incluyendo los de 60 mujeres embarazadas, 122 menores de edad o 90 personas que requerían asistencia de urgencias, todas ellas "por no poder documentar que viven en España el mínimo de tres meses que se les exige".

Pero "particularmente preocupante" es la situación de las personas mayores que han llegado a España fruto de un proceso de reagrupación familiar a quienes, a pesar de estar en situación regularizada, se les niega el derecho al acceso al sistema público de salud. Idoia Ugarte, vicepresidenta de Médicos del Mundo en Castilla-La Mancha, explica que los seguros médicos privados que están obligadas a contratar estas personas no ofrecen la cobertura que requieren habitualmente, quedando "especialmente desprotegida frente al Covid-19 una población declarada de alto riesgo frente a este nuevo virus".

Por ello, en el contexto de la actual epidemia, "se hace especialmente necesario garantizar la atención sanitaria con cargo a fondos públicos a todas las personas que viven en España, independientemente de su situación administrativa". "Solo desde una atención sanitaria verdaderamente universal podremos proteger la salud de todas las personas, empezando por las más vulnerables", añade.

El papel de las comunidades autónomas

Confía en esta ONG en que los recursos económicos extraordinarios aprobados por el Gobierno sirvan para que las autonomías adopten medidas dirigidas específicamente a las poblaciones más vulnerables y excluidas del sistema de salud por diferentes tipos de barreras: falta de acceso en asentamientos irregulares, barreras culturales o lingüísticas o rechazo social entre otros. Ugarte menciona también de manera especial a las mujeres prostituidas o en situación de explotación sexual, y también a los asentamientos irregulares y/o de temporeros.

"Lo que podemos aprender de la pandemia mundial del coronavirus Covid-19 es que los sistemas de salud pública fuertes tienen la capacidad de resistencia necesaria para hacer frente a las amenazas masivas a la salud con las respuestas colectivas que requieren. De igual modo, demuestra la importancia de contar con un sistema efectivamente universal, que garantice el acceso a la atención sanitaria a todas las personas que se encuentran en nuestro país, independientemente de comunidades autónomas, o de su situación administrativa, como la estrategia más eficaz para afrontar este tipo de crisis sanitarias. Las epidemias no entienden de fronteras".

Esta ONG se ha puesto a disposición del Ministerio de Sanidad para el plan estatal de contingencia y protección a las personas más vulnerables. “De ahí han salido una serie de propuestas que estamos valorando, para ver si se les puede dar respuesta desde las comunidades autónomas".

"Todos nuestros grupos de acción están trabajando diariamente para ponerse en contacto telefónico con personas ya identificadas y que sabemos que pueden ser de alto riesgo, por si hay alguna situación concreta que tengamos que abordar. Y a ellos les estamos pidiendo que faciliten el contacto a otras personas que puedan ser receptoras de esta ayuda, generando así una red para que podamos intervenir”. La colaboración en materia de extranjería, cuyas gestiones se han paralizado, se están realizando a su vez en colaboración CCOO, MPDL, Hogar 2000 y Cáritas.