"Todos los accidentes son evitables, se pueden evitar y que una persona vaya a trabajar para vivir y no vuelva del trabajo, me parece que no es de recibo ni es presentable en ningún foro", asevera Manuel Prior, presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales de Toledo (Avalto).
Estas palabras las trasladó el pasado viernes en la tribuna del Pleno municipal de Toledo, con motivo del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo -que se conmemora cada 28 de abril- y donde reivindicó una mayor implicación institucional y empresarial contra la siniestralidad laboral en Castilla-La Mancha y el conjunto de España.
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Durante su comparecencia, subrayó que la prevención de riesgos no es una opción, sino "una obligación legal cuyo incumplimiento tiene un coste humano inaceptable", y recordó que el pasado año "300 trabajadores en España no volvieron" a sus hogares, así como varios miles más sufrieron "secuelas permanentes que marcarán el resto de sus vidas".
A nivel europeo, la tragedia alcanza los 12 fallecimientos diarios de media -2 en España-, indicó Prior, que apunta que especialmente preocupante es la situación de Castilla-La Mancha, que se mantiene de forma persistente en los primeros puestos del ranking nacional de incidencia de accidentes laborales.
Uno de los puntos más críticos de su intervención fue la denuncia de la lentitud de la justicia. Según datos de la Fiscalía de Castilla-La Mancha citados por el portavoz, los juicios por accidentes laborales tienen una duración media de cinco años y medio, un plazo que en la práctica suele extenderse "dos o tres más", hasta los siete u ocho años.
En este sentido, valoró el convenio de colaboración sellado el pasado mes de marzo entre el Gobierno castellanomanchego y la Fiscalía para para agilizar el trámite de los accidentes laborales, un asunto que Avalto lleva reclamando "desde tiempos inmemoriales".
"Ningún trabajador va al puesto de trabajo a matarse"
No obstante, Prior fue tajante al señalar la responsabilidad empresarial y administrativa. "Nosotros no criminalizamos a los empresarios, no hace falta, se criminalizan ellos solos. La ley de prevención de riegos laborales, como cualquier ley, aparte de que es una buena ley, es de obligado cumplimiento. Si el empresario no la cumple, no sé a quién le vamos a echar la culpa", trasladó.
"La sangre de los trabajadores no cotiza en el Ibex 35", aseveró el presidente de Avalto en su intervención, replicando esta frase que pronunció un periodista vasco. Así, añadió también que "ningún trabajador va al puesto de trabajo a matarse" sino que "van a ganarse el sueldo para mantener a su familia y tener una vida".
"Pero también merecen unas condiciones de trabajo respetables, cosa que no se hace", afirmó Prior, que hizo un llamamiento a fomentar una verdadera cultura preventiva y a valorar iniciativas como la declaración de 2026 como el año de la seguridad y salud en el trabajo, siempre que estas se traduzcan en acciones reales.
IU reprocha "la falta de compromiso" del Gobierno local en seguridad laboral en Toledo
Minutos antes de la intervención de Prior, el Grupo Municipal de IU-Podemos presentó una moción con la que exigía al Ayuntamiento de Toledo que establezca los mecanismos necesarios para comprobar, vigilar y hacer efectivo el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como en las plantillas de las empresas privadas que gestionan servicios municipales.
Asimismo, en su propuesta, que contó con el apoyo de PSOE y el rechazo de PP y Vox, pedía incluir en los pliegos de condiciones para la adjudicación de la prestación de servicios públicos la reversión del contrato en caso de accidente de trabajo.
El portavoz de IU, Txema Fernández, manifestó que las administraciones tienen una responsabilidad en esta materia y señaló que entre otras alternativas se podrían intervenir cuidando que en los pliegos de condiciones para contratar la prestación de servicios públicos por empresas privadas se “cierre la puerta a quienes quieran prestarlos si tienen condena por siniestralidad". "Si no tienen planes de contingencia o planes contra la siniestralidad, no deberían prestar servicios pagados con financiación pública”, ha exigido.
Además, apelaba en su moción a la responsabilidad de las administraciones para visibilizar la lucha cotidiana contra la siniestralidad laboral y reclamaba al equipo de Gobierno dar continuidad a la iluminación del edificio municipal este 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, como se ha venido haciendo con determinados elementos e infraestructuras de la ciudad.
Por su parte, en el debate de la moción, la concejala del PSOE Ana Abellán respaldó la propuesta, enfatizando el impacto humano y psicológico de estos incidentes, destacando que el 26% de los trastornos mentales en la población ocupada están asociados a condiciones laborales adversas y reclamó el refuerzo del servicio municipal de prevención con más personal técnico.
De su lado, el concejal del PP Iñaki Jiménez defendió la gestión municipal señalando que el índice de siniestralidad del Ayuntamiento descendió del 31,62% al 23,95% en el último trimestre. Además, valoró las "mejoras en las infraestructuras" para empleados públicos, como la climatización de centros y la adquisición de nueva maquinaria, y rechazó que se "demonice" a los empleadores.
En cuanto al Grupo Municipal de Vox, el concejal Daniel Morcillo argumentó que la vigilancia estructural corresponde a la Inspección de Trabajo y que una reversión automática de contratos generaría inseguridad jurídica y riesgo para la continuidad de los servicios esenciales.
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