
Representantes de Ciudad Alternativa y de Asamblea de Cooperación por la Paz en Toledo / Foto: Juan Pedro Castillo
Pocos saben en España qué es Ciudad Alternativa, pero llevan muchos años mejorando la vida de miles de familias en Santo Domingo, en la República Dominicana, desde que comenzaron su actividad. En los últimos días, Patricia Gómez, coordinadora del área Producción Social del Hábitat, ha dado a conocer esta iniciativa que cumple seis lustros de actividad.
Esta organización con nombre de disco de rock de los 90 ha consolidado un modelo de participación único basado en la colaboración organizada entre vecinos para frenar grandes proyectos inmobiliarios pensados de espaldas a la ciudadanía en Santo Domingo.
También es muy de los 90 la idea de barrios vivos y activos, con un amplio y fuerte tejido social. Pero en España la base social de las asociaciones vecinales ha ido buscando refugio en asociaciones de mujeres, de jubilados, o de otras actividades… y de manera particular en España han ido perdiendo espacio de representación en la ciudad.
Sin embargo, el modelo que Ciudad Alternativa comparte se basa en que sea el movimiento vecinal el que apoye a asociaciones o colectivos más pequeños. Después de todo, asociarte a la asociación que más te interesa no resta tu condición de vecino ni tus derechos como ciudadano.
Patricia Gómez comenta que alrededor de 35 comunidades están bajo amenaza de desalojo en estos momentos en Santo Domingo, algunas de ellas con la circunstancia agravada de que son zonas humildes, pero históricas donde la presión turística acentúa el interés inmobiliario.
De una manera sencilla, toda la estructura se articula gracias a la participación ciudadana. Sus representantes no son electos, son seleccionados, para evitar la participación minoritaria.
Este modelo organizativo actúa de manera colegiada y coordina las comunidades barriales y a su vez tienen estructuras transversales que articulan la cohesión social del barrio, bajo la definición de brigadas comunitarias, como gestión de emergencias, protección ambiental y cuidado animal. Funcionan casi como un gobierno colegial ciudadano en los barrios eliminando la representación individual.
Le acompaña Katherine Almánzar, comunicadora social y encargada de Comunicación en Ciudad Alternativa, que explica que desde Ciudad Alternativa han desarrollado un programa de acompañamiento a las comunidades locales, y a su vez a nivel estatal están organizados en un conglomerado de entidades llamado Foro Ciudadano. “Todo surgió por los desalojos forzosos que se dieron en el municipio de Boca Chica”, donde la presión inmobiliaria está forzando desahucios de personas y familias vulnerables, comenta Almánzar.
Ciudad Alternativa nació como respuesta a una amenaza de desalojo forzoso en la comunidad de Domingo Sabio, en la Ciénaga, una extensión muy humilde en la que viven más de 45.000 familias al norte de Santo Domingo que desde hace treinta años no ha dejado de recibir presiones inmobiliarias para reurbanizar y construir. La primera vez fue frenado por el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, una organización de la Iglesia católica que sigue activa, pero los vecinos se han ido organizando para frenar desalojos de manera más efectiva.
La responsable de comunicación reconoce que los intereses inmobiliarios sobre las barriadas populares no son nada nuevo y que los vecinos de Santo Domingo han estado frenando desalojos desde la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo “y aún continúan”.
La presión urbanística es una constante en las grandes ciudades. También en España, de hecho, no deja de ser paradójica la participación de Ciudad Alternativa en Toledo. Una ciudad histórica que acumula su propia trayectoria particular en relación al urbanismo con una realidad compleja. Un barrio que ha crecido y se ha desarrollado al amparo de la antigua fábrica de la Standard, una orografía difícil de sortear, una dispersión urbanística poco habitual. Y ahora la realidad añadida de dificultad de acceso a la vivienda por los altos precios debido a la cercanía con Madrid.
Visitan esta semana distintos puntos de Castilla-La Mancha con un proyecto que lleva por nombre Cooperación transformadora: inspirando acciones hacia un mundo sostenible, creando alianzas Norte-Sur en Castilla-La Mancha. Y que no sólo están compartiendo foros de debate y espacios de encuentro con otras entidades, también lo están haciendo con instituciones.
Uno de los ejes de trabajo de este proyecto tiene que ver con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 'Ciudades y comunidades sostenibles'. Si bien en la región se está trabajando en este aspecto, es cierto que la presencia de Ciudad Alternativa aporta una visión desde la participación social y el derecho a la ciudad novedoso.
Ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros y sostenibles
En su visita a Toledo, Patricia Gómez y Katherine Almánzar destacan el valor de este proyecto para avanzar en el objetivo de que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. “Desde Ciudad Alternativa vemos la participación en este proyecto como una oportunidad clave para visibilizar, desde nuestras experiencias locales, el impacto de la cooperación internacional en la construcción de territorios más justos, resilientes y sostenibles” argumenta Almánzar.
Ahora que, explica, se ha hecho “muy importante para nosotros y puede ser muy importante para el resto de los países, lo que observamos es que el número de desalojos y de amenazas de desalojo ha crecido exponencialmente desde la pandemia de Covid-19”, y aunque reconoce que no ha sido una sorpresa, sí ha sido “chocante” porque se trata de barrios, en algunos casos sin agua en el domicilio, pero con servicios públicos como transporte o escuela.
Es muy importante para nosotros y puede ser muy importante para el resto de los países, lo que observamos es que el número de desalojos y de amenazas de desalojo ha crecido exponencialmente desde la pandemia de Covid-19", Katherine Almánzar — Ciudad Alternativa
Gracias a la actividad de estas agrupaciones ciudadanas, han conseguido llevar un proyecto de ley para que se proteja a las comunidades reconocidas por el Estado de alguna manera —con escuelas, electricidad, agua comunitaria— o familias en asentamientos con más de diez años, una ley que está en trámite parlamentario y que puede cambiar las reglas del tablero urbanístico de Santo Domingo.
De vuelta a España, los movimientos sociales vinculados al derecho a la ciudad fueron muy importantes entre finales de los sesenta y principios de los ochenta. Vinculados sobre todo a las migraciones internas entre entorno rural y urbano. De hecho, casi todas las ciudades de España tienen un barrio de “ensanche” o nombre similar.
Ahora como sociedad miramos al pasado cercano a través de otros enfoques, como es el caso del premio a mejor película en los Goya de este año que ha galardonado la cinta El 47, cuyo resumen es: “Un hombre. Un autobús. El destino de un barrio”. Una historia que pone sobre la mesa viejos problemas que generación tras generación parece que vuelven para llamar a la puerta de la juventud, si tienen la suerte de tener timbre.