Fin a la moratoria para macrogranjas porcinas para dar paso a un decreto de gestión de estiércoles en Castilla-La Mancha
Desde el año 2022 el Gobierno de Page ralentizó la apertura de nuevas explotaciones ganaderas intensivas, aunque plataformas ciudadanas y ecologistas advertían de que la norma funcionaba como un “coladero”
Prácticamente tres años después, la moratoria para la instalación de macrogranjas que aprobó el Gobierno de Castilla-La Mancha va a pasar a la historia tras la publicación de un decreto por el que se regula la gestión de estiércoles de explotaciones porcinas en la región.
La norma viene a poner fin a la moratoria para instalar o ampliar las existentes que el Ejecutivo de Emiliano García-Page habilitó en el año 2022 y que concluye el próximo 31 de diciembre. Ecologistas y plataformas ciudadanas de los pueblos afectados por este tipo de instalaciones agropecuarias siempre han mantenido que esta norma con rango de ley sirvió para poco y que fue un “coladero”.
La consejera de Desarrollo Sostenible Mercedes Gómez adelantó el pasado mes de marzo en una entrevista con elDiarioclm.es que se trabajaba en esta norma y que, una vez que se pusiera fin al frenazo a las explotaciones ganaderas intensivas, las condiciones para abrirlas serían más “restrictivas”.
El decreto publicado hoy reconoce que “la generación y aplicación de los purines de las explotaciones porcinas en Castilla-La Mancha, puede ocasionar problemas de olores y rechazo social”, de hecho lo ha ocasionado y por eso la Junta castellanomanchega considera “imprescindible” adoptar las “medidas necesarias” para que este tipo de explotaciones ganaderas desarrollen su actividad “de un modo sostenible” para evitar además la “inadecuada utilización de estos subproductos como fertilizantes agrarios”.
De entrada el texto normativo va a permitir una nueva 'moratoria' de diez años para que las instalaciones porcinas existentes se adapten a él. Es el mismo plazo que se da para adaptar las balsas de excrementos a la normativa.
Ese es otro de sus aspectos destacados, las balsas de purines no podrán estar a menos de dos kilómetros de suelo urbano o urbanizable residencial.
Consagra la plantas de biogás para dar “viabilidad” a la agricultura regional
En paralelo, el propio decreto destaca que “la valorización de purines” puede ser un “factor de la producción agropecuaria de gran importancia económica” y que tiene “beneficios agroambientales”, por ejemplo relacionados con la huella de carbono. El decreto los considera a los purines “productos de cercanía”.
De ahí que la moratoria que ahora termina ha venido permitiendo abrir nuevas macrogranjas siempre y cuando incorporasen “sistemas tecnológicos apropiados para el tratamiento”, es decir, plantas de biometano. Ahora ya proliferan en Castilla-La Mancha generando más rechazo social, que se añade al que existía a cuenta de las explotaciones industriales de porcino.
El Gobierno regional está impulsando un Plan Regional de Biometanización 2024-2030. Dice que es una forma de “buscar soluciones alternativas a los elevados precios de los productos fertilizantes y de su dependencia de importaciones”.También sugiere que la implantación de plantas de biogás permitirá regular la materia orgánica y los fertilizantes en las zonas vulnerables por nitratos, “al centralizar el control en el digerido para poder gestionar las dosis y calendarios de las distintas zonas con necesidad de fertilización”.
Según recoge el nuevo decreto, la aplicación de digerido (el resultante del tratamiento de los purines en las plantas de biometano) “mejora la calidad y la salud del suelo al incrementar su capacidad de retención de agua y su biodiversidad”. También sostiene que contribuirá “a una mayor productividad agrícola y asegura la viabilidad a largo plazo de la agricultura regional”.
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