Foto: AMFAR
La futura norma que regulará el Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha acaba de cerrar el proceso de alegaciones, abierto en otoño tras una consulta previa que arrancaba el pasado verano. “Ya tenemos un documento casi definitivo, listo para pasar a Gabinete Jurídico y posteriormente al Consejo Consultivo”, detalla el director general de Desarrollo Rural, José Manuel Martín Aparicio, quien sostiene que el Estatuto quedará aprobado en la vigente legislatura. “Es la intención y el reto”.
La iniciativa para poner en marcha esta normativa partió de Fademur, según reconoce el director general. “Recogimos el guante y quisimos ser ambiciosos otorgando al Estatuto rango de ley”. Será el primero de estas características en España, explica. “Hay un Estatuto de las Mujeres Agricultoras y Ganaderas en el País Vasco, la única que tiene algo parecido. El nuestro va más allá, habla en general de mujeres rurales, las que viven en municipios de menos de 30.000 habitantes”.
Todavía ha de redactarse un segundo borrador con las alegaciones presentadas que, detalla Martín Aparicio, “no cambian el fondo del Estatuto” pero sí suponen aportaciones interesantes que se incorporarán a la norma.
Una de las más destacadas es la sugerencia de CERMI, el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha, que han “enriquecido el texto” con alusiones expresas a las mujeres con discapacidad en el medio rural. Y también apunta la “importancia” del artículo 8, que recoge la representación de las mujeres en asociaciones y organizaciones profesionales en el ámbito agrario. “Deberán tener participación equilibrada”.
Novedades en la prioridad de ayudas para cooperativas
Por otro lado, se cambiará la redacción de aquella parte (el artículo 11) que tiene que ver con la fórmula que prioriza ayudas a mujeres en el medio rural en el caso de que la solicitud sea de una mujer, de una titularidad compartida o de una persona jurídica en la que el porcentaje o las participaciones sociales en manos de mujeres sean como mínimo el 50%.
Ahora, dice Martín Aparicio, “se incorporarán las aportaciones de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha”, de forma que en lo que tiene que ver con las cooperativas, se priorizarán las ayudas siempre que las mujeres sean un 50% de la base social cooperativa o de sus órganos de dirección y si tienen un plan de igualdad.
“Es lo mismo que ya estamos haciendo en otro tipo de ayudas, como las relacionadas con jóvenes, FOCAL…Desde 2015 llevamos apostando por esa discriminación positiva y ahora lo plasmamos en la ley para que sea obligatorio”.
También se incorporarán algunas aportaciones de AMFAR, la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, que se mostraba muy crítica el pasado verano y llegó a calificar de “maltrato” abrir consulta previa sobre el Estatuto en pleno mes de agosto.
“Decían en su denuncia que no habíamos contado con las mujeres y eso es erróneo porque al final esto partió de las mujeres rurales, de Fademur”, apunta Martín Aparicio. Tanto AMFAR como Fademur y el propio Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha propusieron incorporar estadísticas que sirvan de soporte a la concesión de ayudas.
La norma potenciará, además, la universalidad de la titularidad compartida en las explotaciones agrarias. “Dará visibilidad a las mujeres que ya trabajan en el sector agrario” aunque, reconoce, la Comunidad Autónoma poco puede hacer “por cuestión de competencias” en lo relacionado con la Seguridad Social o la fiscalidad de la titularidad compartida, cuya regulación corresponde al Gobierno central. “Pero es importante que esté en el debate público para que quienes tengan que tomar decisiones, las tomen, por ejemplo reduciendo fiscalidad o retenciones en el medio rural”.
ASAJA: “El trabajo de las agricultoras no debe servir para sacar rédito político”
Esta misma semana, la sectorial de mujeres rurales de ASAJA acordaba presentar a la Consejería de Agricultura una batería de propuestas “para mejorar su posición en el sector agrario y ganadero regional”. Una vez concluido el plazo de alegaciones al anteproyecto de Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha, ASAJA CLM quiere “conseguir un protagonismo real de la mujer en el campo, de acuerdo con las labores diarias que llevan desarrollando durante años en la sombra” y las agricultoras han hecho hincapié en que su trabajo “no debe servir para sacar rédito político”, por lo que han pedido a los partidos “responsabilidad” a la hora de poner en marcha cualquier normativa que les atañe.
En relación al acceso a la titularidad compartida, la sectorial pedirá a la Consejería que el mismo Estatuto lo promocione, pero, además, que realice las gestiones oportunas para conseguir mejorar la Ley, que desde que fuese aprobada en 2011, ha registrado alrededor de 120 altas en la región. En esta línea solicitarán mejorar la coordinación existente entre Consejería de Agricultura, Hacienda y Seguridad Social pues, en la actualidad, recuerdan, “los criterios burocráticos con estas entidades no están unificados”.
Ley de Desarrollo Rural Territorial Integrado
En los últimos días se hablado, especialmente en la provincia de Guadalajara, de la despoblación y de papel que debe jugar la mujer para frenar el cada vez más intenso proceso de abandono del medio rural. Un papel que no será el único, ya que es preciso un trabajo en “horizontal” para resolver un problema que, recuerda el director general, “no es un problema exclusivo de España, Europa lo tiene también en otros estados miembros”.
Castilla-La Mancha ha sido una de las regiones europeas que ha propuesto introducir el término “despoblación” en los reglamentos de la Política Agraria Común (PAC). “La Comisión Europea es proclive”.
Como complemento a la Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales, el actual Gobierno regional tiene previsto poner en marcha la llamada Ley de Desarrollo Rural Territorial Integrado. Todavía no hay borrador del texto normativo de una ley que no estará lista en la presente legislatura. “Estamos llevando a cabo un diagnóstico de debilidades, fortalezas y oportunidades en el medio rural para conseguir la igualdad respecto al medio urbano y tener un primer borrador en primavera”.
Entre otras cosas, esta norma pretende establecer, por primera vez en España, la relación jurídica entre la telecomunicación y el servicio básico esencial, “es decir, que sea universal y asequible para el 100% de la población”, decía el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, evitando así que se produzca una brecha de derechos en el ámbito digital.
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