La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde al inicio del expediente de contratación del suministro del sistema integral de movilidad urbana sostenible y eficiente de Toledo para Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Se trata de un proyecto financiado con fondos europeos Next Generation y que cuenta con un presupuesto de 3.761.428,66 euros.
De esta manera, el Gobierno de PP y Vox licitará por segunda vez el contrato, que tiene que estar adjudicado antes del 31 de diciembre de este año, tal y como ha indicado en rueda de prensa el portavoz municipal, Juan José Alcalde.
La desestimación del mismo se produjo en la Junta del Gobierno Local del pasado 15 de junio, cuando todavía gobernaba el PSOE, después de que el comité antifraude del Consistorio recomendara no adjudicar el contrato al haberse presentado una sola oferta.
Dos meses después, ya con PP y Vox en el Gobierno, se desestimó también el recurso que interpuso contra esta decisión la única empresa que se había presentado a la licitación -SICE-, lo que confirmaba el criterio aplicado en la tramitación por el PSOE.
En septiembre, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, tachó de "irresponsabilidad" la actuación del anterior Gobierno municipal socialista por desistir del proyecto. Sin embargo, con el rechazo al recurso presentado por la empresa se reconocía implícitamente que se había actuado bien.
"Es un proyecto fundamental", ha manifestado por su parte Alcalde, que presume de que "el equipo de Gobierno -de PP y Vox- ha venido a solventar problemas para sacarlo adelante". "El PSOE desistió de él en junio y no nos han explicado por qué", ha agregado pese a las advertencias del comité antifraude.
En este sentido, el concejal del Grupo Socialista Francisco Rueda ha afirmado que la aprobación por parte de la Junta de Gobierno del trámite para instalar la Zona de Bajas Emisiones es "la prueba palmaria de que el anterior equipo de Gobierno nunca renunció a este proyecto, no se perdieron los fondos y confirma que Carlos Velázquez miente cuando dice que el anterior Gobierno perdió fondos europeos".
Las ZBE, obligatorias desde el pasado 1 de enero
Rueda ha señalado que este proyecto es para la instalación de herramientas para avanzar en una movilidad sostenible; y que "otra cuestión es la regulación normativa de la zona de bajas emisiones, a lo que obliga la Ley del Cambio Climático para las ciudades de más de 50.000 habitantes".
Entre estas herramientas se encuentra la instalación de "controles de acceso para peatones, cámaras de videovigilancia, puntos de medición del tráfico, paneles de ocupación de aparcamientos o la ampliación del centro del control de tráfico", ha señalado por su parte el portavoz del Gobierno local, que ha señalado que una vez adjudiquen el proyecto se presentará para dar cuenta de los detalles del mismo.
Así, cabe destacar que las ZBE debían estar activas "antes de 2023" en las ciudades con más de 50.000 habitantes, pero solo está vigente el 9% por "la falta de conocimiento, el miedo electoral y los cambios políticos" en los ayuntamientos que han lastrado la implementación, tal y como se explica en este artículo de elDiario.es.