El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado este jueves el documento para la consulta pública previa a la aprobación del proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura.
Un documento con el que se inicia el proceso para cambiar las normas de explotación del trasvase de agua desde la cabecera del Tajo, a caballo entre las provincias de Cuenca y Guadalajara. Deberá oficializarse en un real decreto ley una vez concluido el proceso. Ayer mismo el Gobierno de Castilla-La Mancha había pedido abrir el proceso “con carácter inmediato”.
La norma que se propone modificará parcialmente la actual normativa para adaptarla tras la aprobación de los planes hidrológicos de las demarcaciones intercomunitarias, para el tercer ciclo de planificación.
El cambio se justifica en “la necesidad de adaptar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura a la realidad hidrológica derivada de la implantación de un régimen de caudales ecológicos en el conjunto de las masas de agua presentes en la demarcación del Tajo”. Eso es lo que dispone la normativa vigente en materia de planificación hidrológica, por un lado, y además deben cumplirse diferentes sentencias -hasta cinco- el Tribunal Supremo.
La consulta pública, según explica el ministerio, servirá para recabar la opinión de quienes se ven afectados por la norma que deberán remitirse vía correo.
El plazo para presentar las alegaciones, desde este jueves, 18 de abril se prolongará hasta el 2 de mayo de 2024.
Castilla-La Mancha se congratula aunque advierte que será un camino “largo”
La consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, se ha felicitado por el hecho de que este mismo jueves haya cristalizado la salida a consulta pública previa a la aprobación del proyecto de Real Decreto por el que se modifica el decreto que regula el acueducto Tajo-Segura, un punto de partida reclamado por el Gobierno autonómico y ante el que ahora se espera que el Ministerio para la Transición Ecológica acelere los plazos para tener listas las nuevas normas después de verano.
En entrevista con Europa Press tras conocerse la publicación del Ministerio, ha dicho que la consulta previa, sin documentación, es en todo caso para congratularse, ya que se trata del inicio del procedimiento para cambiar las reglas de explotación, si bien es un camino “largo” para lo que la región necesita.
Tras la finalización de la consulta, tendrá que venir un documento de alcance que tardará varios meses. El texto deberá ser elevado a borrador de real decreto ley, que conllevará procesos y consulta al Consejo Nacional del Agua y al Consejo de Estado para ser finalmente aprobado por Consejo de Ministros.
Un periplo “demasiado largo” pero que ya tiene su “pistoletazo de salida” y ahora “depende de la prisa que quiera darse el Estado”, ya que podría estar un nuevo marco normativo después de verano.
Dice que si se cumplen los plazos no acortándolos con trámite de urgencia, “se podría tardar incluso un año en tener las nuevas reglas de explotación”, una situación “que no se puede sostener”.
“Vamos a presionar para que se acorten los plazos lo más que se pueda porque los daños son evidentes y la instrumentación de lo que hay que hacer, el Estado lo conoce de sobra”.
Sobre el informe solicitado al CEDEX sobre su punto de vista, confía en que lo tiene prácticamente listo y está convencida de que “ya están y reflejan la situación actual de cambio climático y que, con los caudales ecológicos de la planificación que han de incorporarse en 2027, no cuadran las reglas actuales, no cuadran las necesidades de la cuenca cedente y evidenciarán, lógicamente, que el trasvase no puede seguir en esta situación”.
Desalación frente a los argumentos de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía
Ante esta situación, el Levante “es consciente” de que las reglas van a cambiar. Sobre las palabras del presidente valenciano, Carlos Mazón, que esta semana retaba a Emiliano García-Page a debatir sobre el trasvase, la consejera con competencias de Agua ha considerado que necesita “elevar la presión” al Estado para que no se modifiquen las reglas de explotación, ya que “hay evidencias científicas de que esto no se sostiene”.
De ahí también la “presión lógica” de Castilla-La Mancha para evitar los daños ambientales a la cuenca del Tajo, más teniendo en cuenta que las comunidades autónomas de Andalucía, Región de Murcia y Comunidad Valenciana tienen “una alternativa, como es la desalación”.
Tal y como ha indicado, el presidente regional, Emiliano García-Page. “tiene claro lo que hace falta desde el punto de vista de la gestión diaria y de las necesidades de Castilla-La Mancha, pero el nerviosismo de Mazón y de otros líderes del PP no se refleja en la tensión que debería haber en el PP de la región para defender los intereses de los castellanomanchegos”, ha aseverado.