El impacto de la pandemia en el PIB de Toledo será mayor que en el conjunto de España
El paro, seguido de los problemas derivados de la inestabilidad política y la falta los medios sanitarios suficientes son los problemas más relevantes que preocupan a los economistas de Toledo que además piden incentivar el transporte público
El impacto en el PIB provocado por la pandemia de la COVID -19, será mayor en Castilla La Mancha y en la provincia de Toledo, entre 2020 y 2021, al que sufrirá la media nacional.
El objetivo es recoger cómo perciben los economistas la recuperación económica de España tras la crisis sanitaria de la COVID-19, los problemas más relevantes encontrados y el impulso del teletrabajo entre estos profesionales.
"En el contexto actual de incertidumbre de la economía española como consecuencia de la pandemia originada por la COVID-19, la recuperación económica dependerá de la evolución epidemiológica y, por consiguiente, de las medidas sanitarias y de política económica que puedan adoptarse, así como de sus efectos", señalan.
En cuanto al Producto Interior Bruto Local, Regional y Nacional, la encuesta a los economistas toledanos detecta que prevén que el PIB provincial y el regional de Castilla La Mancha sufrirán este año 2020 similar caída del 13,5%, un 0,6% más que la media nacional del 13% pronosticada por la Fundación Cajas de Ahorros (FUNCAS). Para el 2021 estiman que la recuperación económica de Toledo y del resto de Castilla La Mancha también coincidirán en un promedio del 7,2%, un 0,7% menos que el promedio español vaticinado por FUNCAS.
Respecto a los problemas más relevantes para el crecimiento de la economía de Castilla-La Mancha ante la recuperación de la crisis causada por la pandemia de la COVID19, que altera el balance 2019, los resultados muestran que el paro preocupa al 60% de estos profesionales, seguido por la inestabilidad política del país (50%) y la falta de medios sanitarios disponibles (48%). El cuarto problema, por orden de importancia, sería la elevada fiscalidad (42%) seguido por el precio de la energía y los problemas derivados de las infraestructuras, ambas para un 32%. Siguen, en orden de importancia, la despoblación (un 29% de los encuestados) y la caída del turismo (para el 5%).
Solo un 30% de los economistas teletrabaja
La crisis del coronavirus ha impulsado el teletrabajo en España por lo que se ha considerado interesante valorar en esta encuesta la diferencia entre el porcentaje de trabajo que actualmente desempeñan en remoto y el porcentaje de teletrabajo que realmente podrían realizar.
El 68% de los economistas de Toledo consideran que pueden trabajar en remoto más del 50% de su trabajo, siendo tan solo un 30% quienes lo hace actualmente (un 14% entre el 50% y el 75% de sus tareas y otro 16% más del 75%). Actualmente el teletrabajo que estiman realizar se concentra en menos del 50% de las tareas: menos del 25% de las tareas son realizadas a distancia por el 59% de los encuestados y entre el 25% y 50% solo el 11%.
Se pide incentivar el transporte público
Tras considerar el cambio climático un problema fundamental que precisa la toma de medidas para reducir la contaminación en las ciudades, la movilidad es también ahora un asunto relevante, al igual que cuando en julio se presentó el monográfico “Hacia una nueva movilidad en la ciudades”. Por ello, ante la cuestión de cómo restringirla, los economistas de Toledo se decantan por incentivar el transporte público frente a las otras cuatro alternativas presentadas (limitación de entrada, sistema de pago o peaje, prohibiciones de acceso y sistemas de circulación reducida).
La encuesta fue realizada el pasado mes de septiembre en 9 provincias de 3 comunidades autónomas: Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Salamanca, Segovia, Soria y Toledo. La participación de los colegiados y residentes en la provincia de Toledo ha sido del 18% (mayor que la última encuesta realizada). Entre los encuestados, predominan los de edad comprendida de 46 a 65 años (62 %) y en relación con su situación laboral, destaca la de empresarios o autónomos (el 53%) y asalariados del sector privado (32%).
