El Gobierno toledano aprueba ejecutar la sentencia para subir la tarifa del agua: "Nos obliga un juez"

Carlos Velázquez, alcalde de Toledo / Foto: Ayuntamiento

La Junta de Gobierno Local ha aprobado en su reunión de este miércoles la ejecución forzosa de la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Toledo interpuesta en el año 2021 por la empresa Tagus, concesionaria del servicio de abastecimiento del agua en la ciudad. Con esta decisión, el Gobierno toledano subirá la tarifa del agua, tal y como ha confirmado el alcalde, Carlos Velázquez.

"No se va a subir ni un solo impuesto en la ciudad mientras yo sea alcalde y éste se tendrá que subir porque nos obliga un juez, como consecuencia de la irresponsabilidad de los anteriores gobernantes del Ayuntamiento de Toledo", ha manifestado Velázquez en declaraciones a los medios sobre el auto judicial que se dio a conocer ayer.

En él se expresa la negativa del Ayuntamiento gobernado por el PSOE de cumplir los acuerdos de 26 de junio de 2014 y de 2 de agosto de 2018 que le obligaban a la revisión quinquenal de tarifas en el año 2019 sobre la base de los datos cerrados en el 2018 para aplicar el quinquenio 2020-2024.

Tras el acuerdo para ejecutar esta sentencia, el actual Gobierno municipal actual cuenta con un plazo improrrogable de diez días para adoptar las medidas necesarias para lograr su efectividad.

El alcalde ha afirmado que el auto es "claro y sencillo": "Nos obliga a cumplir con una sentencia que tenía que haber cumplido el anterior gobierno del Partido Socialista, un ejemplo más de la inacción de un gobierno en el Ayuntamiento de Toledo que nos ha provocado muchos problemas", ha agregado.

El PSOE réplica que la subida será "responsabilidad exclusiva de Velázquez"

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha reiterado que la subida del agua anunciada por el Gobierno local es "responsabilidad exclusivamente de Carlos Velázquez y atribuible sólo a su mala gestión, y fruto de un contrato firmado por el PP en 2006 y que ha sido perjudicial desde su origen para los intereses de la ciudad".

De la Cruz ha recordado que fue el PP el que en 2006 sacó a licitación este contrato, por un periodo de 25 años y que incluía 36 millones de euros de indemnización a la anterior empresa adjudicataria y unas previsiones de crecimiento y de consumo "irreal y sobredimensionado", ha informado el PSOE en nota de prensa.

Un procedimiento realizado por un gobierno del PP "en el que estaba Juan José Alcalde, portavoz actual del Gobierno de PP y Vox, por lo que debería conocer todos los detalles", ha recalcado la portavoz.

Según ha dicho, una vez iniciada la concesión, "la mala planificación del PP sale a la luz y obliga a gestionar este contrato con estas condiciones tan perjudiciales para los intereses de los vecinos y vecinas de la ciudad", a lo que ha añadido que las sucesivas revisiones para hacer frente a esa mala planificación se realizaron "hasta ahora siempre defendiendo los intereses municipales y de la ciudad".

En este sentido, ha señalado que la revisión de los precios del agua se trata de "voluntad política" y que el auto judicial "en ningún caso habla de subida del precio, sino que el Gobierno local se manifieste y diga cuál va a ser su política con respecto al agua, si va a subir el recibo, si va a ser capaz de llegar a un acuerdo que sea lo menos gravoso para los vecinos y vecinas".